Desde el pasado jueves aguardan en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas aguardan más de 90 personas de varias nacionalidades, principalmente mujeres de países como Mauritania o Sudán, que aprovecharon escalas en la capital de España procedentes de Marruecos para solicitar asilo en nuestro país. El objetivo de las mafias que las reclutan no es otro que, aprovechando que España no exige visado de tránsito a los nacionales mauritanos, acercarlos a las fronteras estadounidenses a través de vuelos entre el citado país norteafricano y El Salvador operados por la aerolínea de bandera marroquí Royal Air Maroc. Los sindicatos denuncian el hacinamiento y las condiciones de insalubridad que desde el jueves se registran en las salas de asilo de las dependencias aeroportuarias, pero el Ministerio del Interior asegura que la situación sigue siendo de “normalidad”.
“Se trata sobre todo de mujeres mauritanas, también sudanesas, con menores en situación de amenaza y violación de los derechos humanos”, asegura a Artículo 14 la coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR Elena Muñoz. Matrimonios forzosos, violencia sexual, mutilación genital o violencia de género son algunas de las situaciones que viven en origen estas mujeres, según la responsable de la entidad, que se emplea en las últimas horas en la asistencia a las decenas de personas llegadas a suelo español desde el principal aeródromo marroquí, el de Casablanca, en los dos últimos días, aunque también procedentes de India, Ecuador, Colombia, Venezuela o Egipto.
“La solución del Gobierno central siempre ha sido la de imponer visados de tránsito”, explica la portavoz de la ONG, “pero esta no puede ser la vía, porque es poner un obstáculo a una vía segura a personas necesitadas de protección internacional y ello va a abocarlas, sobre todo mauritanas y sudanesas, a la vía mortal”. En consecuencia, a juicio de Muñoz, “las soluciones tienen que ser estructurales y planificadas y no puntuales, como se hizo en enero”, estima Muñoz como “permitir el acceso rápido y sin retrasos a los procedimientos de solicitud de asilo” ante nuevos repuntes de llegada.
Ello implica, según la coordinadora estatal del servicio jurídico de CEAR, “reforzar el personal, incluidos los intérpretes, y los medios materiales y tecnológicos y mayor coordinación entre todos los actores”. En resumen, “prepararse para la aplicación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y su plan de contingencia”, zanja Muñoz a este medio.
Por su parte, el sindicato principal de la Policía Nacional, JUPOL, denunció el jueves que una de las salas de inadmitidos del aeropuerto madrileño está “completamente saturada por la llegada masiva de personas desde Mauritania con la compañía Royal Air Maroc” y advirtió del riesgo de que, en el arranque de la temporada vacacional, la situación se asemeje a la vivida en enero de continuar produciéndose llegadas -no compensadas con salidas— durante el resto del fin de semana.
En declaraciones a Artículo 14, un portavoz del citado sindicato denunciaba la inexistencia de un protocolo por parte del Gobierno para una situación como la que se ha vuelto a registrar en el aeródromo madrileño. “En las próximas horas vamos a volver a la situación de enero, con condiciones de insalubridad y conflicto entre estas personas por falta de espacio, y la posibilidad de que algunas de ellas escapen del aeropuerto”, avisaba el jueves el citado portavoz del sindicato policial.
Ayer, desde JUPOL se lamentaba el “hermetismo brutal” del Ministerio del Interior, que, según el citado portavoz, les impide el acceso a las salas de asilo porque no quiere que “se repita el bochorno de las imágenes de enero”.
Entretanto, la Confederación Española de Policía (CEP), otro de los sindicatos representativos de la Policía Nacional, pidió ayer viernes al Ministerio del Interior y al de Inclusión que “pongan fin a la intolerable actitud de Cruz Roja”, ya que denuncian que se ha “desentendido” de los solicitantes de asilo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. En concreto, la CEP critica que los agentes tengan que asistir más allá de sus funciones policiales a los “poco más de 70 solicitantes de asilo” procedentes mayoritariamente de Mauritania y Marruecos que están en Barajas en la actualidad, si bien a principios de año llegó a haber más de 420 en plena crisis migratoria.
Críticas a la Cruz Roja
En un comunicado, la CEP recuerda que la Cruz Roja se retiró el 23 de enero del aeropuerto en plena crisis migratoria debido al colapso que se generó en las salas de asilo por la llegada de personas procedentes de países africanos y que, al hacer escala en Madrid, pedían protección internacional. Según CEP, desde entonces la Cruz Roja se ha “desentendido de toda labor asistencial o humanitaria, obligando con ello a que los policías nacionales destinados allí deban asumir cometidos como la entrega de alimentos, medicinas o productos de higiene”.
El sindicato de la Policía Nacional califica de “trabajo humanitario a la carta” la labor de Cruz Roja, ya que entiende que “prima la comodidad y no la ayuda al más necesitado”, una situación que “no puede ser tolerada ni un minuto más por el Gobierno”. En este sentido, apuntan que esta ONG recibió del Ministerio de Interior 1,23 millones de euros en 2023 y 22,93 millones de euros del de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social. Al cierre de esta edición, desde Cruz Roja no había respondido a las acusaciones de uno de los sindicatos policiales.
Mientras tanto, fuentes del Ministerio del Interior insistieron ayer jueves en que las salas de asilo del aeropuerto de Barajas están funcionando con normalidad. El número de personas que se encontraban ayer allí ronda las 70, procedentes de más de una decena de nacionalidades, según información obtenida por Europa Press.
En enero, hasta 400 personas llegaron a verse hacinadas en las salas de asilo de Barajas. Procedentes de Marruecos y a bordo de la Royal Air Maroc, ciudadanos de varios países africanos como Senegal, Kenia o el propio Marruecos, aprovechaban la escala en Madrid en vuelos a países terceros, sobre todo centroamericanos, para pedir asilo en España.
Entonces, los sindicatos policiales solicitaron que el Gobierno reclamara visados de tránsito en los países africanos –como se hizo con países como Senegal y Kenia– para evitar lo que consideran un “fraude en escala” de estos “aviones-patera. La medida logró poner fin a la crisis de las llegadas desde Casablanca, aunque medio año después el país magrebí vuelve a ser origen de nuevos ‘aviones-patera’ con escala en España.
Ya en enero se detectó que Mauritania -que es el principal punto de partida de la emigración que trata de alcanzar suelo canario a través de aguas atlánticas, una ruta en repunte continuado desde hace varios meses— era uno de los países de origen de estos migrantes. España no les exige visado de tránsito aeroportuario, lo que les permite a los nacionales de este país desembarcar en suelo español.
