Tras cuatro aplazamientos, una causa penal abierta al fiscal general y el planteamiento de una querella al presidente del Gobierno por difamación, Alberto González Amador declara este lunes en los juzgados de Plaza Castilla por presuntos delitos de fraude fiscal, falsedad documental, administración desleal y corrupción en los negocios. La pareja de Isabel Díaz Ayuso ha conseguido en los últimos meses desviar el foco mediático de su caso lanzando una batalla judicial contra la fiscalía general y contra miembros del Gobierno, pero este lunes vuelve a ser protagonista.
Estas son las claves del caso detrás del terremoto político:
¿Qué hechos se investigan?
Bajo la lupa de la jueza están las declaraciones del impuesto de sociedades, derivados de la actividad empresarial de González Amador en los años 2020 y 2021. A través de su empresa Maxwell Cremona, habría puesto en contacto a compañías extranjeras con otras empresas españolas para la compra de material sanitario que acabaron vendiendo a administraciones públicas (entre ellas la Comunidad de Madrid, presidida por su pareja) en lo peor de la pandemia.
Su papel fue de mero intermediador y por ello se llevó una comisión de dos millones de euros. El quid de la cuestión es que intentó evadir impuestos con estas transacciones millonarias a través de un entramado de ingeniería fiscal muy complejo con el que logró defraudar 350.000 euros al erario público, según un informe de la Agencia Tributaria que llevó a la Fiscalía a presentar una denuncia contra la pareja de Ayuso.
¿Cómo conseguía evadir impuestos?
Según el informe de Hacienda, Maxwell Cremona y otras empresas pantalla -esto es sin actividad aparente más allá de utilizarlas para la evasión de impuestos- de González Amador emitieron hasta quince facturas falsas a otras compañías, propiedad de sus socios, en las que se cobraban gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros para desgravar gastos que nunca se realizaron.
Esto es, las sociedades de la pareja de Ayuso simulaban la compra de servicios a otras empresas para poder emitir facturas, pero en realidad no contrataban ningún servicio, no había transacción alguna, simplemente conseguían tener una factura que luego presentaban a Hacienda para justificar gastos de la empresa y así pagar menos impuestos.
¿Por qué PSOE y Más Madrid pidieron la ampliación de la causa?
Los dos partidos están personados como acusación popular en la causa y en junio, cuando tuvieron acceso a toda la documentación, vieron que González Amador podría haber cometido más delitos en todo este entramado. La jueza admitió su petición y abrió una pieza separada debido a las sospechas de “un supuesto uso de una sociedad instrumental para ocultar unos ingresos” del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
En concreto, los focos están puestos en un contrato que cerró Masterman S. L., una de sus empresas pantallas, con Quirón Prevención. En teoría se trasladó parte del contrato valorado en 500.000 euros con Maxwell Cremona a esta sociedad para realizar funciones de consultoría y auditoría cuando esta empresa “no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin”, según acreditó la jueza, que concluyó: “Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona S.L. procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman S. L. Es decir, que el 15 de diciembre de 2021 Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman S. L. para, al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de Masterman S. L. a Alberto González Amador, consiguiendo de este modo que parte de los fondos procedentes de Quirón Prevención SLU acaben en manos de González Amador”.
Además, los citados partidos sospechan que este movimiento tan complejo podría ser la forma que encontró la pareja de Ayuso para cobrarse una comisión de los contratos de material sanitario cerrados durante la pandemia. Por todo ello, la jueza ahora también lo investiga por administración desleal y corrupción en los negocios. Una decisión que su abogado, Carlos Neira, recurrió ante la Audiencia Provincial y cuya resolución aún se desconoce.
¿Por qué se ha pospuesto cuatro veces la declaración?
Pese a llevar casi un año de proceso judicial, la declaración de González Amador aún no se ha producido. Se ha aplazado cuatro veces. La primera fecha señalada fue el 20 de mayo. El investigado acudió a los juzgados con el aspecto visiblemente cambiado para rehuir de la prensa. La jueza suspendió la comparecencia porque no consiguió notificar las citaciones de los cuatro colaboradores del empresario en el fraude. En la segunda citación del 24 de junio el motivo del aplazamiento fue que las acusaciones populares de PSOE y Más Madrid querían estudiar si la causa se podía ampliar a más delitos, como acabó sucediendo. Quedó fijada la cita para el 29 de noviembre, pero se pospuso una vez más porque la pareja de Ayuso no conocía la resolución del recurso que interpuso ante la Audiencia Provincial por esta ampliación de delitos. La jueza entonces pospuso la cita al 7 de febrero y la pareja de Ayuso esta vez alegó que tenía un viaje de trabajo fuera del país. Finalmente, la fecha ha quedado fijada para este lunes 25 de febrero, aunque puede que opte por no declarar porque se sigue sin conocer la resolución de la Audiencia Provincial.
¿Qué tiene que ver el caso del fiscal general?
Esta causa penal es la detonante de que, por primera vez en la historia, un Fiscal General del Estado esté imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Cuando la Agencia Tributaria redactó el informe donde veía irregularidades, lo presentó a la Fiscalía de Asuntos Económicos. Antes de presentar la denuncia, hubo un intercambio de correos electrónicos entre Carlos Neira, abogado de González Amador, y Julián Salto, fiscal encargado del caso. En uno de esos correos, Neira ofrecía un pacto de conformidad a la Fiscalía: reconocía delitos a cambio de una rebaja de la multa.
El problema es que el 12 de marzo se filtró a la prensa el expediente tributario de la pareja de Ayuso. Al día siguiente, Miguel Ángel Rodríguez, el jefe de gabinete de Ayuso, trató de mitigar el impacto mediático de la noticia diciendo que la Fiscalía había ofrecido ese pacto de conformidad a González Amador, filtrando la cadena de correos incompleta (sin el correo del 2 de febrero). En seguida, otros medios se hicieron con ese correo y desmintieron la información. Entretanto, la Fiscalía inició una operación para aclarar los hechos. El asunto llegó al fiscal general, que motivó la publicación de una nota de prensa con el contenido de los correos.
A Alberto González Amador no le gustó la nota de prensa y denunció a la Fiscalía por un presunto delito de revelación de secretos, por haber publicado datos de un ciudadano anónimo confidenciales. El caso comenzó en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y acabó en el Supremo al sospechar que pudo ser Álvaro García Ortiz, Fiscal General del Estado, quien motivó esa filtración de datos personales al impulsar la nota de prensa o, incluso antes, porque también está bajo la lupa del juez quién envió el correo del dos de febrero a algunos medios.
¿A quién acusa González Amador?
A raíz del polémico correo del 2 de febrero en el que Neira reconocía delitos fiscales, González Amador emprendió una ofensiva judicial por difamación contra todos aquellos que apuntaban a sus presuntos actos delictivos. En este paquete estaban los partidos políticos PSOE y Más Madrid; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Ciencia, Diana Morant; la concejal madrileña Rita Maestre; el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; e incluso el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
A su juicio, estas personas han llevado a cabo contra él una campaña difamatoria basada en “especulaciones o conjeturas completamente infundadas con las que se pretende instrumentalizar políticamente su figura”. Todo ello, argumentaba González Amador, para “manipular a la opinión pública y desplazar el foco mediático de los presuntos casos de corrupción que afectan al actual Gobierno de coalición e incluso a familiares cercanos al presidente”.
Como paso previo a la interposición de las demandas, la defensa de González Amador presentó solicitudes de conciliación en las que requirió a los denunciados que se retractaran de sus palabras e indemnizaciones entre los 10.000 y los 30.000 euros por los daños morales ocasionados.
María Jesús Montero fue llamada a este acto de conciliación a principios de octubre y dio plantón al novio de Ayuso. Le pedía 40.000 euros porque dijo que había cometido “dos graves faltas contra la Hacienda Pública”. En consecuencia, su abogado interpuso una querella contra la vicepresidenta primera que se resolverá en el Tribunal Supremo.
Por su parte, a Pedro Sánchez le pidió 100.000 euros por llamarle “delincuente confeso”. El presidente del Gobierno tampoco acudió al acto de conciliación y ahora sus abogados estudian interponer otra querella en el Supremo contra Sánchez.