Sofía Acedo es portavoz de Migraciones y portavoz adjunta de Igualdad del Partido Popular
Son 24.898 inmigrantes los que han llegado a España, por vías irregulares, en los seis primeros meses del año 2024. El doble de las que se produjeron en el mismo período del año anterior, que ya fue un año récord de llegadas, con más de 56.000.
La ruta del atlántico, la conocida como la ruta Canaria, se ha convertido en la vía más utilizada de acceso irregular a Europa, a través de España, por las mafias que trafican con personas y se nutren de la necesidad humana. Es la más peligrosa y, como consecuencia, la más letal, 4.808 personas han fallecido en el intento, según el colectivo “Caminando Fronteras”, pero no es la única pues la ruta mediterránea ha truncado muchas vidas también. Calculan que son 33 personas al día las que pierden la vida intentando llegar a España.
La frialdad de estos números hacen que deshumanicemos lo dramático de la situación que atraviesa nuestro país y, por tanto, no reparemos lo suficiente en la irresponsabilidad que supone la política de manos caídas que, a este respecto, está haciendo el gobierno de Sánchez.
El gobierno ha desprovisto a España de una estrategia contra la inmigración irregular, renunciando a un control y una protección real y efectiva de nuestras fronteras, no disponiendo de los recursos adecuados y suficientes a nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la Guardia Civil y la Policía Nacional, competentes en la materia y, posiblemente, los mejor preparados, en cuanto a experiencia se refiere, de toda la Unión Europea. Tampoco cuenta con la credibilidad suficiente y el respeto en el exterior que le permita impulsar nuevos acuerdos con terceros países de origen y tránsito, así como un seguimiento y control exhaustivo de los actualmente en vigor para su cumplimiento, lo que ha conllevado a que España tan sólo ejecute el 5% de las expulsiones de los inmigrantes que se encuentran en situación administrativa irregular.
Llevamos meses observado como el gobierno de España nos informa a todos los españoles sobre la previsión de llegadas de inmigrantes a España por vías irregulares, pretendiendo normalizar el absurdo que supone que quien tiene la competencia exclusiva para evitarlo, prevenirlo, disuadirlo y controlarlo no lo haga, homologando, por tanto, estas prácticas que están generando una presión, sin precedentes, en determinados territorios de nuestro país y tensionando las costuras de un sistema de protección absolutamente sobredimensionado.
España no es racista, España no es xenófoba, los españoles no rechazamos al extranjero por el hecho de serlo, sí la impasibilidad de un gobierno débil, en manos de populistas, que contraponen permanentemente la obligada protección de nuestras fronteras con el respeto a los derechos humanos, como si ambas cuestiones fuesen incompatibles.
España no merece un gobierno que elude sus responsabilidades y que, en un ejercicio de deslealtad institucional, para esconder su incapacidad de hacer frente a sus obligaciones legales, señala a las administraciones autonómicas y locales, acusándolas de insolidarias, cuando son las que, con un gran sentido de estado, de la responsabilidad y con una ausencia total de recursos, están actuando con solidaridad y humanidad en la atención de los inmigrantes. Lo contrario a lo que hace el gobierno de Sánchez.
Este, y sus socios parlamentarios, se aprovechan políticamente de la inmigración para arremeter contra la oposición, siendo absolutamente conscientes de que no hay nada tan inhumano como jugar con la vida de los más vulnerables, para acabar hacinándolos en instalaciones que no garantizan ni las mínimas condiciones de vida. Es indigno. No todo vale por una foto.
Posiblemente, nuestro posicionamiento, el del Partido Popular, sea el más complicado de explicar políticamente pero, sin duda alguna, merece la pena seguir defendiendo la dignidad de las personas.
El gobierno de Sánchez no puede convertir a España en la vía de entrada irregular a Europa, por lo que hay que controlar y proteger nuestras fronteras, hacer efectivas las expulsiones de aquellos inmigrantes cuyos expedientes así lo determinen, promoviendo también la de aquellos que han sido condenados por delitos graves o menos graves pero son reincidentes, descongestionar el colapso de las oficinas de extranjería para otorgar permisos de trabajo a aquellos que, cumpliendo los requisitos, pueden y quieren trabajar, eliminar burocracia de los procedimientos para una migración circular, vinculada al mercado laboral, aprovechando el talento extranjero, reteniendo el nacional y promoviendo el retorno, con atractivas oportunidades de futuro, a los españoles que decidieron emigrar. Utilizar todos los mecanismos e instrumentos que nos ofrece la Unión Europea para hacer frente a un fenómeno global que, aunque en gran medida tiene su entrada por la frontera sur, exige la participación y el compromiso de todos los Estados Miembro. Se aborda así, desde todas sus vertientes y dimensiones, desde la multilateralidad, o no será.
Una política integral para las migraciones en un proyecto de país, para lo que se necesita un gobierno serio y riguroso, que abandone la improvisación y el populismo, que se ocupe y preocupe de los asuntos de los ciudadanos. Que tenga credibilidad dentro y fuera de nuestras fronteras y, que pese al ruido de los que sólo quieren destruir, se ocupe de construir una España próspera y de oportunidades.
