La teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez-Conde, ha emitido este lunes un informe donde se opone a que el alto tribunal investigue a su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un informe de 45 páginas, al que ha tenido acceso este periódico, la número dos del Ministerio Público solicita “declarar que los hechos no son constitutivos de delito y archivar las actuaciones”.
Sánchez-Conde se ha pronunciado después de que el pasado julio el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevara al alto tribunal la causa por la querella que el novio de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, presentó contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos, informa Europa Press.
La pareja de Díaz Ayuso llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto por el supuesto fraude fiscal por el que se le investiga. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
El TSJM consideró que la difusión de la nota “no se corresponde con la alegada finalidad que apunta el Ministerio Fiscal” (desmentir un bulo), porque “aparte de exceder en su contenido a lo que aparece divulgado en la prensa, supone la divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros”.
La decisión, del Supremo
Una vez que se ha pronunciado la Fiscalía, corresponde al Tribunal Supremo decidir sobre la posible imputación del fiscal general. La ponente del asunto es la magistrada Susana Polo, a quienes acompañan en esta sala los magistrados Manuel Marchena, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela.
El juez del TSJM, Francisco José Goyena, entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en la nota de prensa publicada desde la Fiscalía, a petición del propio García Ortiz, en la que se desvelaban detalles de la situación procesal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusado de dos delitos de fraude fiscal.
“Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”, expuso el TSJM en el escrito en el que elevaba el caso al Supremo por la condición de aforado de García Ortiz.
Ahora será la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo la que, tras valorar las alegaciones de la Fiscalía, asuma la petición del TSJM, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal a Artículo14. Desde este momento, Álvaro García Ortiz, pasaría a ser el primer fiscal general de la democracia imputado.
La Sala encargada de tomar esta decisión está compuesta por los magistrados Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio García del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela quienes nombrarán instructor. Será éste quién cite a declarar al fiscal general como imputado para garantizarle el derecho a la defensa.