El Gobierno español está en el punto de mira de Bruselas debido a la investigación por corrupción en la que se ha visto envuelta Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez. La Fiscalía Europea ha iniciado una investigación para determinar si las recomendaciones hechas por Gómez al empresario Juan Carlos Barrabés resultaron en adjudicaciones públicas indebidas. Se sospecha la posible comisión de delitos de malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y prevaricación. Según señalaron fuentes cercanas a la investigación, “la Fiscalía Europea ha tomado cartas en el asunto tras encontrar indicios de delitos que afectan a los intereses financieros de la Unión Europea”.
Begoña Gómez se encuentra en una posición delicada, ya que en el procedimiento de la Fiscalía Europea tiene la condición de “denunciada”. Esta investigación es paralela a otra llevada a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid, donde Gómez ya ha sido imputada y se espera que declare el próximo 5 de julio por cargos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado. La doble investigación refuerza la seriedad de las acusaciones y la magnitud del caso. “Gómez deberá responder por su implicación en las adjudicaciones ante la justicia tanto española como europea”, afirmaron fuentes judiciales a El Mundo.
La investigación en curso
Las investigaciones se centran en dos expedientes específicos, 014 y 016, relacionados con contratos firmados por el consultor Barrabés. Estos contratos fueron adjudicados tras recomendaciones de Gómez y se financiaron con fondos del Fondo Social Europeo. El expediente 014/20, adjudicado en julio de 2021, implicaba un contrato para la formación de empleo juvenil en la economía digital por 4,82 millones de euros. El expediente 016/20, adjudicado en agosto del mismo año, ascendía a 3,63 millones de euros. “Estos contratos fueron obtenidos a pesar de la existencia de ofertas económicas más atractivas”, señalaron las mismas fuentes.
La Fiscalía Europea, con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil como policía judicial, se ha encargado de investigar estos expedientes. Los fiscales Laura Pellón, Luis Miguel Jiménez y Antonio Zárate lideran las pesquisas. Y es que antes de asumir la competencia, la Fiscalía Europea verificó indicios suficientes de delitos que justificaban la apertura del procedimiento, especialmente por el posible impacto en los intereses financieros de la Unión Europea. Esta verificación incluyó la revisión de correos electrónicos y documentación de la empresa pública Red.es, y contratos otorgados a Barrabés.
Gómez, aunque no ha sido formalmente imputada por la Fiscalía Europea, está siendo investigada por su papel en las adjudicaciones. Recientemente, agentes de la UCO se personaron en la sede de Red.es para buscar correos electrónicos relacionados con los contratos otorgados a Barrabés. Este último ayudó a Gómez a crear un máster en la Universidad Complutense de Madrid, y ella a su vez recomendó al consultor para las licitaciones. La colaboración entre Red.es y la UCO facilitó la obtención de los documentos necesarios sin necesidad de realizar un registro forzoso.
Posible malversación
La intervención de la Fiscalía Europea en esta investigación se formalizó el 26 de abril, cuando solicitó al juez de Madrid la documentación sobre las adjudicaciones en cuestión. La denuncia inicial había sido presentada por la asociación Hazte Oír, lo que llevó a la Fiscalía Europea a determinar si se habían utilizado fondos de la UE, estableciendo así su competencia para investigar. El juez Peinado ha colaborado proporcionando la documentación solicitada y coordinando las investigaciones con la Fiscalía Europea.
La documentación requerida al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid estaba relacionada con la consultora Barrabés Innova Next, que había recibido apoyo de Gómez en los procesos de adjudicación. Esta empresa, junto con The Valley, recibió varios contratos para programas de formación en la economía digital y empleo juvenil, sumando más de 10 millones de euros. “Estos contratos se adjudicaron a pesar de la existencia de ofertas más económicas, lo que ha levantado sospechas de favoritismo y tráfico de influencias”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.
Por su parte, la Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado las investigaciones del juez Peinado, permitiéndole continuar con las diligencias necesarias sobre los contratos investigados. Este apoyo judicial refuerza la legitimidad de las pesquisas y sugiere que los indicios de delito son sólidos. Además, se ha señalado que la intervención de Gómez pudo haber influido significativamente en la obtención de estos contratos, aprovechando su posición y conexiones.