La Fiscalía Europea ha reclamado oficialmente al juez de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, las diligencias para asumir la investigación del caso que implica a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
Este caso se centra en los contratos públicos adjudicados al empresario Juan Carlos Barrabés, los cuales fueron recomendados por la cátedra que Gómez dirigía en la Universidad Complutense – lo cual podría resultar en delito de malversación. Según informaron fuentes jurídicas, la fiscalía ya había emitido un decreto el 26 de abril solicitando información al juez, quien respondió separando una pieza secreta del caso.
El decreto dictado por la Fiscalía Europea implica que la citación de Gómez para el próximo 5 de julio, programada por el juez Peinado, se suspende por el momento. Esto se debe a que, según el artículo 27 del Estatuto regulador de la Fiscalía Europea, es esta institución quien tiene prioridad en la investigación. Si Peinado no acepta ceder el caso, el Tribunal Supremo decidirá quién debe llevar a cabo la investigación.
Al involucrarse Europa, la situación toma un cariz mucho más serio y supone un mayor riesgo para España. Y es que la Fiscalía Europea ha considerado que la causa es de su competencia debido a que los fondos adjudicados proceden de la Unión Europea. Si se confirma la malversación de los fondos, Bruselas podría obligar a España a devolver la cantidad malversada y podría incluso llegar a reducir o bloquear la asignación del resto de nuestros fondos. En 2023, recibimos un total de 37.000 millones de euros.
El inicio de la investigación
El juez Peinado había iniciado diligencias por tráfico de influencias y corrupción en los negocios el 16 de abril, en respuesta a una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias, basada en recortes de prensa y un bulo. A pesar de un informe de la Guardia Civil que descarta indicios de delito, Peinado programó la declaración de Gómez y abrió una pieza separada para investigar el origen de los fondos europeos.
La semana pasada, la Fiscalía Europea envió a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil a la sede de red.es para recabar información sobre los contratos adjudicados a la empresa vinculada a un compañero de cátedra de Gómez. Según ABC, el involucramiento de la Fiscalía se restringe a tres contratos adjudicados a la empresa Innova Next del Grupo Barrabés, relacionados con fondos europeos y no incluye otras alegaciones de la denuncia inicial de Manos Limpias.
Por su parte, la investigación de la Fiscalía Europea sobre estos contratos se inició tras recibir una denuncia de la asociación HazteOír en abril. El 26 de abril, la Fiscalía solicitó al juez Peinado información sobre los delitos y hechos investigados, y la documentación disponible. Consideraron que había indicios suficientes para abrir una causa la semana del 20 de mayo, enfocándose en delitos de malversación, prevaricación y tráfico de influencias.
La intervención de la Fiscalía Europea deja en suspenso la citación de Begoña Gómez y la ronda de testigos programada para el 16 de julio. Según su reglamento, una vez que la Fiscalía ejerce su derecho de avocación, el juez instructor pierde control sobre la causa y no puede continuar con las diligencias salvo en casos urgentes.
Ahora, al juez Peinado le toca ceder el control sobre los contratos investigados, ya que no hay recurso posible contra la absorción de la causa por parte de la Fiscalía Europea. Además, hasta ahora, no se han realizado diligencias sobre otras partes de la denuncia de Manos Limpias que involucran a Gómez y Globalia, calificadas como sospechosas por la Audiencia Provincial de Madrid.