Pilar Teso sería la primera presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de la historia. Pero para que ese techo de cristal se rompa, primero ha de haber consenso en el nuevo Poder Judicial. Un Consejo que apenas lleva tres semanas de andadura llenas de discrepancias y bloqueo. De hecho, ni si quiera ha arrancado del todo el mandato del nuevo gobierno de los jueces porque, tras tres reuniones, no han conseguido elegir a su presidente, que lo será también del Tribunal Supremo.
En un principio, propusieron siete nombres. Siete candidatos entre los que tendrían que elegir en el primer pleno del Consejo. Todos son magistrados del Tribunal Supremo: Esperanza Córdoba, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Ángeles Huet, Carmen Lamela, Pablo Lucas y Pilar Teso.
El objetivo era que se fueran votando estos perfiles hasta que solo quedara uno elegido por una mayoría de tres quintos, es decir, por 12 de los 20 vocales. El bloqueo llegó en la segunda reunión con los finalistas: Pablo Lucas (candidato de los conservadores) y Pilar Teso (favorita para los progresistas).
Tras cuatro horas de reunión, no hubo acuerdo para decantarse definitivamente por uno de los dos perfiles. A la salida, algunos vocales se lamentaban de lo enfrentados que estaban ambos bandos: “Este CGPJ está peor que el saliente”, aseguró entonces a Artículo14 uno de los componentes.
La vía propuesta por los conservadores
En la reunión de este lunes se volvieron a poner los siete perfiles encima de la mesa. A la tercera no fue la vencida. Ninguno de ellos consiguió esos 12 votos favorables necesarios. Así que, viendo el bloqueo, el ala conservadora propuso una alternativa: “Plantear una consulta entre los jueces para que sea presidente/a quienes ellos digan”.
“La operativa está testada, es segura y funciona. Se trata del sistema informático que se aplica para la elección de los miembros del comité de ética judicial”, razonaron, según pudo saber este periódico.
De esta forma, serían los jueces quienes elegirían al presidente del órgano en una votación digital. Pero esto fue rechazado de plano por el bando progresista: “No sé qué pretenden proponiendo eso. Es un problema de concepción. El órgano es un poder del Estado no una cosa de jueces. ¿Estamos hablando del poder judicial o del poder de las asociaciones de jueces?”, denuncian fuentes del ala progresista del Consejo.
A su juicio, la idea es “disparatada” y equiparable a pensar que “los militares fueran los que votaran a su ministro de Defensa”.
Teso, preferida por los progresistas
Por ello, desde dicha parte de la mesa de Consejo insisten en que en la última reunión “se demostró que Pilar Teso es sin duda la mejor candidata en cuestión de currículo para presidir el Poder Judicial”.
El ala denominada progresista se mantuvo en la idea de que sea por primera vez en la historia sea una mujer la que presida el órgano y en que, si añaden un hombre al Consejo, incumplirían con la ley de paridad recién aprobada.
Sin embargo, los vocales progresistas no solo se circunscriben “al tema de que sea mujer” y tampoco son “sectarios”, según su versión. “Tengo mis dudas de que Teso sea progresista”, dice uno de ellos.
Para sus defensores, la clave de Teso es su carrera, más allá de que sea mujer o su inclinación política. Además, dicen que Teso fue el perfil pactado entre PP y PSOE para dirigir el órgano en 2022, en una de sus negociaciones fallidas para renovar el Poder Judicial.
La opción de Lucas
Por su parte, los conservadores piensan que Pablo Lucas es el mejor candidato: “No entiendo a qué viene ponerle reparos ahora cuando era uno de sus candidatos al Tribunal Constitucional”, dicen las fuentes consultadas, que añaden que para desencallar la situación han puesto también a dos mujeres encima de la mesa como favoritas: Carmen Lamela y Esperanza Córdoba. Pero estos nombres no gustan a los progresistas.
En este juego están los dos bloques que aseguran que “no pararán de tener contacto” para desencallar la situación antes de volver a verse las caras el 19 de agosto. Pese a todo, el objetivo sigue siendo tener presidente para la apertura del año judicial el 5 de septiembre. Hasta entonces, la Justicia española seguirá igual de bloqueada que estaba cuando la falta de acuerdo entre PP y PSOE no permitían renovar el órgano. La diferencia es que ahora es el propio órgano el que se autobloquea.