El terremoto del caso Santos Cerdán, además de sacudir al Gobierno de Pedro Sánchez, está dejando importantes réplicas en Comunidad Foral de Navarra. La adjudicación de contratos de obra pública a la empresa señalada por la UCO, Servinabar, ha puesto a la presidenta María Chivite en una situación muy complicada. Ramón Alzórriz, mano derecha de Chivite, ha dimitido de los puestos orgánicos en el PSN tras confesar, una semana después, que su pareja trabajó hasta el año pasado en la empresa señalada como la tapadera de las mordidas. Una compañía, que según la documentación incautada por la Guardia Civil en el domicilio de su propietario Antxon Alonso, pertenecía en un 45% a Santos Cerdán desde 2016.
Una pérdida de confianza de la presidenta que ha forzado la salida como vicesecretario de Organización y portavoz del PSN en el Parlamento de Foral de Alzórriz, pero que conserva su asiento de parlamentario justo detrás de escaño María Chivite. Hoy se decidirá en la Ejecutiva socialista de Navarra quién será su sucesor al frente de la portavocía y establecerán los pasos a seguir para personarse en el caso Koldo.
En la previa a la sesión plenaria, la presidenta ha manifestado que en lo que a ella respecta no ve motivos para dimitir, porque no hay indicios de ilegalidad que afecten a su Gobierno; “ni Cerdán, ni Alzorriz eran miembros del Ejecutivo” ha señalado. El objetivo inmediato de Chivite es centrarse en sacar el trabajo pendiente adelante, presupuestos y acuerdos de gobierno para pasar cuanto antes página de la sacudida por la corrupción.
Algo insuficiente para la oposición que pide su cabeza. Unión del Pueblo Navarro y el Partido Popular de Navarra no se creen las explicaciones de Chivite. Consideran inverosímil que no conociera los tejemanejes de su padre político, Cerdán, y su número dos, Alzorriz, por su estrecha relación con Servinabar. De cualquier manera, la situación es delicada para la presidenta, ya que aunque no conociera las actividades irregulares de su compañero o la relación laboral de la pareja de Alzórriz, la cuestión es si se derivan responsabilidades políticas bien por lo primero, por lo segundo o por ambas.
Los socios de Gobierno tampoco están cómodos con esta situación. Desde Contigo-Zurekin han exhortado al adelanto de la comisión de investigación por la adjudicación de contratos incluso abriéndose a la posibilidad de habilitar los meses de julio y agosto para llevarla a cabo. El jeltzale Unai Uhalde, presidente de la Cámara Foral por Geroa Bai, aboga por la no precipitación y hacer una exhaustiva revisión de los contratos adjudicados a Servinabar. Una postura similar es la que defiende EH Bildu, que sustenta el Gobierno de Chivite desde fuera.
Eso de puertas para afuera, puesto que las distintas coaliciones que componen el tripartito mantienen en sus respectivos foros internos acaloradas discusiones sobre la pertinencia de seguir manteniendo un Gobierno tocado y una presidenta acorralada por las dimisiones de sus más estrechos colaboradores.