El relato que el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sostenido respecto a la gestión pública de la catastrófica dana del pasado 29 de octubre se vio reforzado este lunes con la declaración de casi siete horas en el juzgado de Catarroja (Valencia) de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, quien aseguró ante la jueza que la conversación en el CECOPI (Centro de Coordinación Operativo Integrado) durante la fatídica jornada se centró en el riesgo de que reventara la presa de Forata —por fortuna, no ocurrió— y no en las crecidas —finalmente letales— en el barranco del Poyo.
Las explicaciones de Bernabé dan aire a Mazón en el sentido de que la versión del presidente de la Generalitat Valenciana sobre la tragedia siempre se ha fundamentado en este tiempo en denunciar la falta de información por parte de instituciones estatales como la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) respecto al desbordamiento en el Poyo.
La propia delegada del Gobierno explicó a la jueza que tuvo conocimiento de la descomunal crecida en este barranco a través de una llamada de la alcaldesa de Paiporta a las 19:05 horas, momento en que el paso del agua ya era devastador. Es decir, que no fue la CHJ quien le informó de ello.
Las comunicaciones de la CHJ
La secuencia de correos enviados por la CHJ, publicada por Artículo14, reflejó que técnicos de la Confederación comunicaron a las 16:13h del 29 de octubre que el caudal en el barranco del Poyo era de 28,7 m³/s con tendencia descendente. Su siguiente comunicación se produjo dos horas y media después, a las 18:43, para advertir de que el caudal había pasado a 1.687 m³/s. “Para su conocimiento la crecida está siendo muy rápida”, dijeron en el comunicado.
Cabe recordar que representantes de la CHJ estaban presentes en la reunión del CECOPI 29 de octubre desde las 17.00 horas y no advirtieron de ningún riesgo sobre el Poyo, aunque el caudal ya se había multiplicado a un nivel preocupante a esa hora, cuando ya ascendía a 325 m³/s. La crecida siguió disparándose hasta convertirse en devastadora y alcanzar la fuerza mencionada de 1.687 m³/s.
Según la explicación ofrecida por la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana a la jueza, fue después de la llamada que recibió de la alcaldesa de Paiporta cuando pidió a la entonces consellera de Justicia, Salomé Pradas, que mandara la alerta a la población (ES-Alert) y la hiciera extensible a toda la provincia. La consellera le respondió que los desbordamientos ya se estaban produciendo en otros lugares.
La defensa de Salomé Pradas
A la vista de las declaraciones efectuadas por Pilar Bernabé ante la jueza, la defensa de la exconsellera Pradas —que está investigada judicialmente por la gestión de la dana— quiso emitir un comunicado subrayando que lo explicada por la delegada ratifica la versión de su clienta: “la CHJ nunca emitió aviso previo sobre la crecida y desbordamiento del barranco del Poyo”; “las llamadas realizadas al 112 no llegaron al Cecopi”; y en este órgano “no se discutió sobre el barranco del Poyo ni las lluvias en Chiva o Buñol, centrándose únicamente en Utiel/Requena y Forata”.
¿Investigada?
En este tiempo, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, señalado por la Generalitat Valenciana por la deficiencia de los avisos que emitió respecto a la devastadora crecida en el Poyo, se ha limitado a afirmar en una ocasión que no se siente responsable de la tragedia.
Polo (CHJ), sobre las acusaciones por la dana: “Tenemos claro que no somos responsables” https://t.co/OPlWFgmTrv pic.twitter.com/rLsY88rNMJ
— Europa Press TV (@europapress_tv) January 29, 2025
Uno de las incógnitas de la investigación judicial en marcha es saber si la delegada del Gobierno podría pasar a adquirir la condición de investigada, asunto en el que están trabajando las acusaciones. Pilar Bernabé también explicó a la jueza que ofreció la UME a la Generalitat Valenciana ocho horas antes del envío de la alerta a los móviles (20:11 horas).