Las consecuencias del paso de Jéssica RG, la exnovia de José Luis Ábalos, por el Tribunal Supremo esta semana son todavía difíciles de precisar, sobre todo en términos de condena judicial. Pero Ábalos tiene motivos de sobra para estar preocupado. Y el actual ministro de Transportes, Óscar Puente, también los tiene, puesto que, entre otras cosas, la exnovia de Ábalos confesó ante el juez que recibió durante dos años un salario procedente de una empresa pública (dependiente de Transportes) sin acudir al trabajo (“nunca me llamaron para ir a trabajar”).
El exasesor de Ábalos —el todopoderoso Koldo García y su hermano Joseba— participaron en la consecución de este trabajo para Jéssica. En realidad, no fue uno, sino dos trabajos consecutivos, ya que empalmó uno en la empresa INECO (adscrita a Transportes) con otro en Tragsatec (dependiente de la SEPI). Entre un empleo y otro, Koldo recibió un whatsapp de Ábalos advirtiéndole de que a Jéssica se le acababa el contrato. El aviso surgió efecto y Jéssica consiguió alargar su nómina pública desde marzo de 2019 a febrero de 2021.
La versión (desmontada) de Puente
Los investigadores del caso Koldo hace tiempo que hallaron el rastro de estos contratos de la exnovia de Ábalos en estas empresas públicas y, de hecho, la oposición ya se interesó por ellos en una serie de preguntas dirigidas al ministro de Transportes, en noviembre de 2024, durante su comparecencia en la comisión que investiga en el Senado el caso Koldo. Y aquí es donde el castillo de naipes construido por Puente se desmorona tras la declaración de Jéssica en el Supremo:
“He preguntado sobre esos contratos y han seguido los procedimientos de contratación habituales, no hay nada en esos expedientes de contratación que me haya hecho pensar la existencia de ninguna ilegalidad”.
“Le aseguro que si se hubiera detectado alguna irregularidad, lo habría denunciado”.
Puente, de hecho, aseguró que se preocupó de preguntar a las empresas públicas afectadas el proceso de contratación de Jéssica, que firmó como administrativa para atender “circunstancias de producción, en concreto, un servicio de asistencia técnica para Adif”.
¿Cómo fue contratada, acaso por sugerencia de Ábalos? “Se recurrió a la bolsa de empleo de la empresa y el currículum [de Jéssica] era adecuado. Se hizo una entrevista personal y el resultado fue favorable“.
Todas estas explicaciones del ministro de Transportes colisionan por completo con la confesión realizada por la exnovia ante el juez respecto a que nunca acudió al trabajo y también contradicen los hallazgos de los investigadores del caso Koldo, que descubrieron el mencionado whatsapp de Ábalos para lograr un nuevo contrato a su exnovia.
Montero abre una investigación
La vicepresidenta de Hacienda, María Jesús Montero, anunció este viernes que su departamento ha abierto una investigación para saber si hubo irregularidades en la contratación de Jéssica Rodríguez, y depurar las correspondientes responsabilidades si las hubiera.
En una entrevista en TVE, Montero aseguró que siente “dolor” y “desasosiego” tras conocer las declaraciones de la amiga de Ábalos ante el juez: “Si esta persona ha cometido alguna irregularidad, se ha ausentado de su puesto de trabajo injustificadamente o ha habido algún tipo de desarreglo (…) pediremos responsabilidades”, dijo la vicepresidenta del Gobierno.
Un piso por 2.700 euros al mes
Durante la declaración de Jéssica, el magistrado también quiso saber cómo pudo disfrutar de un piso entre 2019 y 2022 en el centro de Madrid que costaba 2.700 euros mensuales mientras estudiaba la carrera. La expareja de Ábalos explicó que compartiendo piso el entonces ministro no podía ir a verla y que le invitó a elegir un apartamento. “Ya no tenía edad para vivir con compañeros”, sostuvo ante el magistrado.
“Elegí ese porque estaba cerca de Ferraz y de mi universidad”, declaró Rodríguez, que admitió que Koldo García era clave en el día a día de Ábalos. “Le hacía todo a Ábalos, hasta ir a por tabaco”.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil indicó en uno de sus informes que el presunto conseguidor de la trama del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, a través de presuntos testaferros, se habría hecho cargo del pago del alquiler llegando a abonar 82.298 euros.