El debate entre juristas respecto al caso de Begoña Gómez se centra en dos cuestiones en este momento. La primera cuestión pasa por interpretar si, con lo que sabemos hasta ahora, estamos ante un delito de tráfico de influencias o ante una falta de ética en la forma de Gómez de gestionar sus negocios.
La segunda pregunta trata de definir la instrucción del juez Juan Carlos Peinado como “prospectiva”, tal y como sugiere Antonio Camacho, abogado de la mujer del presidente, u “ordinaria”, tal y como apuntan algunas fuentes judiciales consultadas por este periódico. Es decir, si los hechos denunciados por el sindicato ultraderechista Manos Limpias y la plataforma Hazte Oír se están investigando de manera totalmente normal sin atender a ninguna inquina personal del juez.
La declaración del empresario Juan Carlos Barrabés de ayer, lunes, era clave para dilucidar si Begoña Gómez incurrió en un delito de tráfico de influencias con las cartas de recomendación que firmó en favor de su compañero de máster, para que este obtuviera unas adjudicaciones públicas.
Tocada, pero no hundida
Según lo que trascendió de la declaración por parte de las acusaciones, Barrabés se habría reunido en el Palacio de la Moncloa con Begoña Gómez y hasta en dos ocasiones con su marido, Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas habituales en este tipo de juicios apuntan que la mujer del presidente queda muy tocada para su declaración del próximo viernes después de lo que ha dicho Barrabés: “No está muerta, pero sí herida”, afirman.
Sin embargo, fuentes autorizadas del PSOE consultadas por este periódico refutan que lo que ha trascendido de las declaraciones de Barrabés es “un engaño de las acusaciones particulares a la salida del juzgado”, denuncian. Es decir, un engaño de Vox presentado como acusación particular entre otros. Este lunes el partido de Santiago Abascal pidió que Barrabés pasara de testigo a investigado porque aseguraban que su colaboración con Gómez era “necesaria para el desarrollo” de la actividad de la mujer del presidente. Las fuentes socialistas consultadas se remiten a dos encuentros entre Sánchez y Barrabés. Uno de ellos se produjo “con más empresarios en el marco de una ronda” y el otro en una reunión entre Begoña Gómez y Barrabés en la que “el presidente se pasó a saludar y la llamaron enseguida”, explican las fuentes.
Reuniones no delictivas
Para Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma, estas reuniones “no son delictivas”, pero apunta a que “no todo lo que no es delito tiene por qué estar bien”. Señala Cancio que para esclarecer si hay tráfico de influencias, lo que hay que determinar es si Begoña Gómez, en uso de la posición que le brinda ser mujer del presidente, trató de presionar a funcionarios públicos para que dieran esas adjudicaciones a Barrabés.
De ahí, subraya el catedrático, la importancia de llamar a declarar a los directivos de Red.es. El problema es que la Fiscalía Europea pasó a investigar estas adjudicaciones porque se sufragaron con fondos europeos y, por tanto, el juez Peinado suspendió la declaración de estos funcionarios de Red.es. Algo que, por otra parte, ya le ha reprochado el abogado de Gómez al juez, puesto que no entiende por qué sigue investigando cuando esa pata del caso está cedida a la justicia comunitaria.
La segunda clave
Esto lleva al debate jurídico a plantear la segunda cuestión: si Peinado está cometiendo una investigación “prospectiva” o no. Es decir, si el juez Peinado trata de perseguir judicialmente a Begoña Gómez sin razón aparente. Antonio Camacho, el abogado de Gómez, viene denunciado desde hace tiempo este aspecto ilegal de la investigación. Cierto es que a los juzgados de Plaza Castilla llegaron ya dos informes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil asegurando que no veía indicios de delito en las adjudicaciones públicas: “Se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, reza su último escrito.
Por eso, este lunes Peinado elevaba la apuesta y pedía a la UCO que recabara informes de la Intervención General del Estado (IGAE) sobre estas contrataciones. “Parece que no se sabe muy bien lo que busca”, asegura Cancio, que apunta a que si un juez de instrucción tiene dos informes de la UCO que descartan hechos delictivos “lo normal” es que cierre el caso.
Pero como venimos contando, el debate jurídico está abierto y esa “normalidad” para Peinado pasa por seguir investigando a la mujer del presidente, que, este viernes, vuelve a sentarse en el banquillo en calidad de investigada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
