La Audiencia Provincial de Madrid avala que se investigue a Alberto González Amador por más delito y rechaza así el recurso de apelación que interpuso la defensa de la pareja de Isabel Díaz Ayuso porque considera que “no es irrazonable la decisión del Juzgado Instructor de considerar que su compra en realidad encubría el pago de una comisión ilícita y que por ello conforma un conjunto de indicios bastantes de la existencia de un delito de corrupción en los negocios“. Esto es, la Audiencia Provincial ve razonable sospechar que la pareja de Ayuso cobraba comisiones de la empresa Quiron a través de empresas pantalla.
González Amador se acogió a su derecho a no declarar el pasado lunes porque aún no se había resuelto este recurso. Ahora los magistrados estiman que en el presente “momento procesal resulta procedente la sustanciación del proceso en orden a esclarecer si los hechos objeto de la pieza separada abierta pueden ser constitutivos de infracción penal”.
La petición de la ampliación de delitos vino por Más Madrid y PSOE. Los dos partidos están personados como acusación popular en la causa y en junio, cuando tuvieron acceso a toda la documentación, vieron que González Amador podría haber cometido más delitos en todo este entramado. La jueza admitió su petición y abrió una pieza separada debido a las sospechas de “un supuesto uso de una sociedad instrumental para ocultar unos ingresos” del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
En concreto, los focos están puestos en un contrato que cerró Masterman S. L., una de sus empresas pantallas, con Quirón Prevención. En teoría se trasladó parte del contrato valorado en 500.000 euros con Maxwell Cremona a esta sociedad para realizar funciones de consultoría y auditoría cuando esta empresa “no cuenta con los medios personales y materiales adecuados para tal fin”, según acreditó la jueza, que concluyó: “Se aprecia una clara intencionalidad de trasladar parte de los ingresos de Maxwell Cremona S.L. procedente de Quirón Prevención a Alberto González Amador, utilizando para ello como sociedad intermediaria a Masterman S. L. Es decir, que el 15 de diciembre de 2021 Maxwell Cremona cede parte del contrato de prestación de servicios a Masterman S. L. para, al día siguiente transmitir la totalidad de las participaciones de Masterman S. L. a Alberto González Amador, consiguiendo de este modo que parte de los fondos procedentes de Quirón Prevención SLU acaben en manos de González Amador”.
Además, los citados partidos sospechan que este movimiento tan complejo podría ser la forma que encontró la pareja de Ayuso para cobrarse una comisión de los contratos de material sanitario cerrados durante la pandemia. Por todo ello, la jueza ahora también lo investiga por administración desleal y corrupción en los negocios.
En paralelo sigue el curso de la investigación de las declaraciones del impuesto de sociedades, derivados de la actividad empresarial de González Amador en los años 2020 y 2021. A través de su empresa Maxwell Cremona, habría puesto en contacto a compañías extranjeras con otras empresas españolas para la compra de material sanitario que acabaron vendiendo a administraciones públicas (entre ellas la Comunidad de Madrid, presidida por su pareja) en lo peor de la pandemia.
Su papel fue de mero intermediador y por ello se llevó una comisión de dos millones de euros. El quid de la cuestión es que intentó evadir impuestos con estas transacciones millonarias a través de un entramado de ingeniería fiscal muy complejo con el que logró defraudar 350.000 euros al erario público, según un informe de la Agencia Tributaria que llevó a la Fiscalía a presentar una denuncia contra la pareja de Ayuso.
El último movimiento en este bloque de la investigación fue que la jueza Inmaculada Iglesias llamó a declarar a los peritos de Hacienda que elaboraron el informe el próximo 21 de marzo.