La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado al juez Peinado que excluya de la causa contra Begoña Gómez la investigación sobre Air Europa (“no aparecen hechos verdaderamente nuevos de contenido incriminatorio”) y continúe haciendo pesquisas sobre las adjudicaciones al empresario Juan Carlos Barrabés y sus labores en la cátedra Universidad Complutense.
De esta manera, la Audiencia ha atendido la petición de la Fiscalía, que había pedido en un recurso que se delimitara el objeto del procedimiento instruido por el juez Peinado al entender que estaba dirigiendo una “causa general”.
Cabe recordar que estaba previsto que la Audiencia de Madrid decidiera al respecto de delimitar, de dar luz verde o de archivar esta causa el pasado 30 de septiembre, pero finalmente la decisión se aplazó al comprobar los magistrados que no obraba en su poder el recurso de Begoña Gómez (imprescindible para poder pronunciarse). Ante esa circunstancia —atribuida como un error del juzgado de instrucción de Peinado—, optaron por suspender la deliberación.
Fuentes jurídicas situaron la deliberación en el plazo de “3 o 4 semanas”, pero finalmente optaron por proceder hoy a la decisión, a la vista de que la Audiencia ya contaba con el “testimonio completo” del caso, es decir, con toda la documentación.
Sin recurso posible de Begoña Gómez
Contra la resolución tomada este lunes por la Audiencia Provincial de Madrid no cabe recurso, por lo que la defensa de Gómez tendrá que asumir el fallo del tribunal.
Tal y como avanzó Artículo14, la Audiencia ha optado por no archivar el caso, sino por acotar la investigación por la cual la mujer del presidente del Gobierno está imputada por tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Peinado deja fuera un bloque muy pequeño de todo el caso que, finalmente, incluirá las adjudicaciones públicas a Juan Carlos Barrabés, su cátedra en la Complutense o su contratación en el IE Africa Center.
De esta manera, la Audiencia defiende al juez y asegura que “la instrucción no deja de ser un procedimiento vivo, que no puede quedar anclado a los hechos inicialmente denunciados como cometidos”. Y rechazar estar ante una investigación prospectiva como denunciaba la Fiscalía y el abogado de Gómez con este argumento: “Prospectiva es la investigación que se inicia de forma indeterminada en búsqueda de posibles conductas delictivas sin una mínima concreción y sospechas fundadas, pero no aquella que partiendo de una conducta racionalmente sospechosa, inicia una amplia indagación que permita conocer con detalles todas aquellas circunstancias que pueda influir y determinar en su calificación”, reza el escrito .
Así las cosas, el juez Juan Carlos Peinado podrá seguir investigando un posible tráfico de influencias en la concesión de una cátedra por parte de la Universidad Complutense sobre Transformación digital. Por este asunto también está imputado el rector de la Universidad, Joaquín Goyache, que en su declaración cuando aún era testigo afirmó que se reunió con Gómez en el Palacio de la Moncloa para cerrar la concesión de esa cátedra, pero negó cualquier tipo de tráfico de favor.
En el marco de la concesión, también se indaga sobre cómo consiguió financiación para la cátedra de Reale Seguros y Fundación La Caixa. Las pesquisas tratan de dilucidar si estas corporaciones pusieron dinero porque la cátedra estaba codirigida por la misma mujer del presidente del Gobierno.
El software
Por otro lado, está por ver si el juez Peinado añade a la investigación el caso del software. Recientemente, la Audiencia de Madrid dejó libertad al magistrado para investigar a Gómez por un tercer delito: el de apropiación indebida. Telefónica, Indra y Deloitte desarrollaron un software de manera gratuita para la cátedra. La herramienta está valorada en 150.000 euros que ni Gómez ni la Universidad abonaron a dichas empresas. Sin embargo, la mujer del presidente registró en la Oficina Española de Patentes la aplicación informática a su nombre y pasó a controlar el 100% de una empresa que ofrece este software y de la que la Universidad Complutense de Madrid dijo no tener conocimiento.
Gómez se defendió de esta denuncia interpuesta por Hazte Oír. Redactó misivas en julio a los medios negando que se hubiera lucrado por este programa informático: “No pretendo hacer negocio con la plataforma a través de una empresa propia. Este software está en desarrollo, es gratuito y no tiene ni opciones de venta, ni de comercialización, ni aloja ninguna posibilidad de transacción comercial”, rezaba la carta.
Pero la Universidad Complutense ya solicitó en julio a Peinado que investigara a Gómez por apropiación indebida tras realizar indagaciones internas: “Las actividades desarrolladas se han encaminado a procurar determinar si hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software); y más en concreto, el producto objeto de licitación de los siguientes contratos y gastos celebrados en el marco de la mencionada Cátedra”, rezaba el escrito enviado al juzgado.
Adjudicaciones públicas a Barrabés
La segunda pata de la investigación que podrá seguir investigando guarda relación con el empresario Carlos Barrabés y las concesiones públicas que recibió, presuntamente, gracias a unas cartas de recomendación firmadas por la mujer del presidente. La empresa de Barrabés, Innova Next, consiguió once contratos públicos valorados en 20 millones de euros, en teoría, gracias a la intermediación de la mujer del presidente del Gobierno.
El IE Africa Center y el rescate de Air Europa
Otro bloque de las pesquisas que seguirán adelantes es dilucidar si hubo tráfico de influencias en la contratación de Begoña Gómez por parte del Instituto de empresa para ponerle al frente del África Center, una plataforma que buscaba promover el emprendimiento en el continente. Por este contrato, Juan Carlos Peinado llamó a declarar a la jefa de Recursos Humanos del IE para mediados de octubre, demostrando que tiene esperanzas de que este lunes la Audiencia de Madrid no archive el caso.
A colación de estas relaciones empresariales se conectó a la mujer del presidente con directivos de Globalia, el entramado empresarial del que depende la compañía Air Europa. El Gobierno de Pedro Sánchez inyectó 615 millones de euros de dinero público para que la aerolínea no cayera en bancarrota con el parón de la pandemia. Peinado investigaba si la mujer del presidente medió en ese rescate. Pero esto ahora mismo queda fuera de la instrucción de Peinado tras la decisión de la Audiencia.