Carles Puigdemont mantiene en pie su promesa de regresar a Cataluña para asistir al pleno de investidura en el Parlament, previsto para finales de junio. Sostiene el extitular de la Generalitat tanto su intención de volver de Bélgica como la de buscar apoyos para volver a ser president, pero, en realidad, su camino no está precisamente despejado por mucho que Junts se anotara en el Congreso la aprobación de la amnistía como una prueba inequívoca de su fuerza política.
“Nos dijeron que no habría amnistía y hoy (por ayer) tenemos amnistía porque les hemos forzado. Nos dicen que no habrá independencia y hoy tenemos más claro que nunca que de ustedes es de quien menos depende. Depende del pueblo de Cataluña”, se jactó la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Pero la amnistía, que debe publicarse en el BOE en breve para que entre en vigor, no va a ser —al menos de entrada— una autopista sin obstáculos. Puigdemont tiene una orden de detención vigente por un delito de malversación por el 1-O y esta es su primera preocupación. Al tratarse de una medida cautelar, el juez Pablo Llarena debería dejarla sin efecto porque la ley aprobada este jueves en el Congreso prevé el alzamiento de cautelares.
Levantar la medida cautelar requiere, sin embargo, de un procedimiento que no puede sortearse. El juez tiene que pedir la opinión a las partes (a la Fiscalía, entre otras) y a partir de ahí debe decidir. Este trámite puede alargarse algunas semanas y, por tanto, añade una considerable incertidumbre al presunto viaje de vuelta a Barcelona de Puigdemont a finales de junio.
La justicia europea
Pero no es, ni mucho menos, la única dificultad para Puigdemont (y para el resto de dirigentes con cuentas pendientes con la Justicia). Está más que anunciada la interposición de cuestiones prejudiciales ante instancias europeas con el propósito de dejar en suspenso la aplicación de la amnistía. El redactado de la ley aprobada prevé que la norma no quede en el aire mientras la justicia europea resuelve el procedimiento, pero aquí las previsiones jurídicas están repletas de confusión. Los hay que dan por hecho que la amnistía quedará paralizada y los hay que opinan al contrario.
Una vez que se publique la ley en el BOE, los jueces tienen un plazo máximo de dos meses para aplicarla y, según el redactado, las decisiones deben tomarse de forma “preferente y urgente”.
En paralelo a todo esto hay otro asunto que no es menor y es el criterio del Tribunal Supremo en relación al delito de malversación que pesa sobre varios de los dirigentes del procés. Los fiscales del Supremo que participaron en el juicio del procés ya han trasladado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, su opinión sobre la ley de amnistía aprobada este jueves en el Congreso: no están a favor de su aplicación en el caso de los delitos de malversación, pero entienden que sí se puede aplicar a los de desobediencia y desórdenes públicos.
El Supremo deberá posicionarse, además, en la causa de Tsunami Democrático por terrorismo, que afecta a Puigdemont, lo que condicionará el criterio de la Audiencia Nacional, que también investiga los hechos.