La Abogacía del Estado, en representación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afeado a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que en su último informe atribuyera a la fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y al teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe, la filtración de la denuncia contra Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
“Esta afirmación carece de fundamento y omite hechos relevantes sobre el posible acceso por terceros a dicha denuncia, así como al informe de la Agencia Tributaria”, apuntan los Servicios Jurídicos del Estado en un escrito. El documento que recoge dichas alegaciones ha sido remitido al juez del Tribunal Supremo que investiga a García Ortiz y a Rodríguez por la presunta filtración a la prensa de los correos electrónicos intercambiados entre el abogado de González Amador y el fiscal que le investiga por presuntos delitos fiscales, Julián Salto, para llegar a un acuerdo.
La Abogacía del Estado asegura que el informe de la UCO contiene “hasta 37 errores, irregularidades, omisiones e indebidas inferencias”. Se trata del informe en el que los agentes de la Guardia Civil también concluyen que el fiscal general tuvo una “participación preeminente” en “los hechos que finalmente derivaron en la filtración investigada” a raíz de la querella que presentó el novio de Díaz Ayuso.
“El informe de la UCO (…) sugiere que la denuncia contra González Amador, al haber sido comentada el 8 de marzo entre la Sra. Pilar Rodríguez y el Sr. Diego Villafañe, podría haber sido filtrada a la prensa por este entorno”, señala la Abogacía para luego insistir en que dicha afirmación “carece de fundamento”.
“Indebidas inferencias”
Los Servicios Jurídicos defienden que la denuncia contra González Amador y el informe de la Agencia Tributaria relativo a su caso “ya estaban a disposición de terceros, distintos a las personas investigadas en esta causa, desde el 5 de marzo de 2024, a través del Decanato de los Juzgados de Instrucción de Madrid”.
Apuntan, además, que “la denuncia y la documentación anexa” estaban en una “carpeta común” a la que “tenían acceso más de 499 personas“, lo que “demuestra” que dicha documentación no estaba restringida exclusivamente al entorno de Rodríguez y Villafañe.
Con todo, la Abogacía también critica que el informe de la UCO parezca “insinuar de manera errónea” que Villafañe “no tenía entre sus funciones recibir la comunicación mencionada en relación con la denuncia contra Alberto González Amador”.
Asimismo, subraya que varias de las conversaciones que se incluyen en el informe de la Guardia Civil se enmarcan en la “dación de cuentas” a la que obliga el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (EOMF).
También reprocha las inferencias que considera que realiza la UCO a partir de las conversaciones intervenidas que, a su juicio, no tienen carácter probatorio alguno y recalca que el informe “omite realizar cualquier inferencia favorable en favor de los investigados”, en referencia a García Ortiz y Rodríguez.
Este jueves, el juez del Supremo a cargo de la investigación ha dictado una providencia en la que defiende la actuación de los agentes y asegura que “no cabe formular reproche alguno al trabajo realizado por una unidad tan especializada y reconocida como es la UCO, sin perjuicio del derecho de la parte a su cuestionamiento”.