La decisión del secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, de poner a disposición de la notaría los whatsapp que recibió por parte de Pilar Sánchez Acera, directora del Gabinete de Presidencia del Gobierno, vuelven a señalar judicialmente, una vez más, al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
En dichos mensajes, el secretario general socialista de Madrid asegura que recibió información secreta sobre Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, para que los aportara en la Asamblea de Madrid. Cuando Lobato le pregunta de dónde viene la información, la respuesta es que de los medios de comunicación.
Sin embargo, en 57 páginas redactado por la UCO -Unidad Central Operativa- se reconstruye con gran detalle los mensajes que el fiscal General del Estado, Ávaro García Ortiz, intercambió con la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, para preparar la filtración a los medios de la documentación sobre González Amador, en la que el novio de Ayuso reconoce haber cometido delito fiscal, así como la elaboración de la nota informativa que publicó la Fiscalía Provincial de Madrid a continuación.
En caso de que Moncloa filtrara a los medios de comunicación la información sobre González Amador en consonancia con la Fiscalía, ¿Moncloa habría incurrido en un delito?
Sergio Cámara, profesor de Derecho Penal de la UNED, asegura que de haber una participación del Gobierno “podríamos estar ante una participación de miembros que pertenecen al Ejecutivo en un posible delito específico de revelación y descubrimiento de secretos, puesto que la información se habría conocido por razón u ocasión del cargo que ostentan”, explica.
Afirma Cámara que el delito que debería aplicarse en este caso correspondería al artículo 417 del Código Penal “como delito específico de revelación de secretos conocidos por razón del cargo que tienen carácter reservado”. Lo que explicaría que si Moncloa ayudó a la filtración, el Gobierno de Sánchez podría estar “ante un caso de participación delictiva de este delito, por cooperación necesaria o complicidad”, asegura.
“Estará por ver, sin embargo, si verdaderamente en aquel momento todavía estábamos ante un secreto o si ya se trataba, como afirma Lobato, de un hecho publicado o conocido por los medios de comunicación”.
Para el jurista, si es una información publicada o conocida por un medio de comunicación pierde su consideración de “secreto” y, en consecuencia, “ya no sería una información idónea para vulnerar la intimidad ni se consideraría información oficial restringida”.
No es la única lanza de la Justicia que apunta al Gobierno de Pedro Sánchez. Al caso del novio de Ayuso se suma el de Begoña Gómez. Según informaron expertos juristas a este medio, a los ministros de Presidencia, Félix Bolaños y de la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, se les podrían abrir procesos judiciales por abrir incurrido en un delito de malversación de fondos públicos en caso de que la asistente de la mujer de Sánchez, María Cristina Álvarez, hubiera desempeñado actividades privativas para el máster de la Universidad Complutense, a la vez que era empleada pública como asesora de Presidencia.