Junts ha vaticinado este miércoles nuevas “derrotas parlamentarias” del Gobierno después de que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, haya insistido en que el control de las fronteras no es transferible a Cataluña, algo que viene reclamando la formación de Carles Puigdemont.
Así lo ha dicho en el Pleno del Congreso el diputado de Junts Josep María Cruset, al preguntar al ministro por la cesión de esta competencia y defender que pactaron su traspaso con el Gobierno a comienzos de año para permitir la convalidación de dos reales decretos. “Así de claro, así de fácil”, ha remarcado.
Marlaska ha respondido que el control de fronteras y de flujos migratorios irregulares “son competencia exclusiva del Estado y del Gobierno central, por lo que no son susceptibles de ser transferidos o delegados”. Sin embargo, ha afirmado que hay otros aspectos relacionados con la migración que sí pueden ser competencia autonómica.
Advertencia de Junts
El ministro ha asegurado que cualquier cesión de competencias sobre migración a la Generalitat “será fruto del acuerdo entre formaciones políticas, pero siempre respetando el diálogo en el ámbito parlamentario”. Además, ha expresado la disposición del Gobierno a trabajar por una mayor coordinación en políticas migratorias con todas las administraciones.
Cruset ha advertido al Gobierno: “Si ustedes no cumplen con Junts, ustedes no tienen lo que necesitan, nuestros siete votos”. El diputado recordó que en el primer año de legislatura el Ejecutivo ha aprobado “pocas cosas” por la dificultad de llegar a acuerdos.
“O cumplen los acuerdos o derrotas parlamentarias”, ha sentenciado el representante de Junts, quien ha acusado al Ejecutivo de creer que pueden “conseguir lo que quieren a cambio de nada”. Cruset ha insistido en que sin los votos de su formación, el Ejecutivo se enfrentará a más derrotas en el Parlamento.
Marlaska, por su parte, ha reiterado que la política migratoria se enmarca “dentro de la Constitución española, en sus normas de desarrollo en la legislación europea y en el cumplimiento de nuestros compromisos internacionales”. El ministro ha subrayado que esta política se basa también “en el respeto a los derechos humanos”.
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