Junts per Catalunya vuelve a engañar al Gobierno de Pedro Sánchez y se convierte en su peor pesadilla política. El partido de Carles Puigdemont ha asestado una nueva derrota al Ejecutivo, y en particular al socio minoritario, Sumar, al cambiar su voto ante una ley para la que su abstención era absolutamente imprescindible. La toma en consideración de la proposición de ley para regular los alquileres de temporada, así como el alquiler de habitaciones, fracasaba por seis votos de diferencia.
Durante toda la jornada, distintos portavoces de Junts habían afirmado que se abstendrían, facilitando así que la proposición de ley diera el primer paso de su tramitación. Lo dijeron en público, lo reiteraron en privado, en conversaciones informales con los medios de comunicación. Y modificaron su posición.
Lo ajustado de los números, 172 a favor frente a 171 en contra, ya servía para mantener en vilo al socio minoritario, así como a los partidos de la izquierda parlamentaria. Hasta el punto de que el presidente y los ministros con escaño debieron asistir al hemiciclo para votar.
El revés de Junts, para el que no hubo aviso ni justificación previa en público, dejó el marcador en 172 síes, frente a los 178 noes, dinamitando la norma. Es una autoenmienda a sus propias posiciones, explicadas apenas unas horas antes de votar, al final de la jornada. Dada la dificultad de acceso a la vivienda que constatan el grueso de los partidos con representación parlamentaria, y que los españoles ya identifican esta problemática como su segunda preocupación según el CIS, la norma estaba cargada de simbolismo.
La llamada de Junts
Fuentes de Sumar explican que pocos minutos antes de votar, justo después de que el jefe del Ejecutivo hiciera su entrada en la Cámara Baja, desde Junts comunicaron su decisión con una llamada. No especificaron sus motivos para imprimir un giro de guion de 180 grados, más allá de advertir de que no pensaban “facilitar” la aprobación de la norma.
El secretario general de la formación, Jordi Turull, afirmó al filo de las 21.30 horas que no han “cambiado de opinión”. En un mensaje publicado en X, antes Twitter, explicó que esta abstención inicialmente habría impedido la admisión a trámite de la norma. Si bien, al constatar que otros partidos -PNV y Coalición Canaria- cambiaban de postura, decidieron retractarse para tumbarla, con el argumento de que la norma invadiría “competencias” catalanas. Sin embargo, durante la tarde, fuera de cámara, desde su partido habían vuelto a confirmar que se abstendrían. Las posiciones de PNV y CC eran conocidas, además, horas antes de esta confirmación.
Durante la mañana, la portavoz parlamentaria, Miriam Nogueras, justificaba su supuesta abstención argumentando que el Ejecutivo no había negociado con ellos. “Nos han dado lentejas”, lamentó. Fuentes de la dirección del partido de Puigdemont, preguntadas por el “plan de regeneración” del Gobierno, con medidas que afectan a los medios de comunicación, argumentaron que no les habían llamado, pero expresaron la voluntad de hacer valer sus votos.
El plan les pareció “maquillaje”, pero aseguraron que “siempre” están “dispuestos a negociar”. Incluso criticaron que, a 13 días de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2025, el Ejecutivo aún no les ha contactado para sondear el terreno. La intención de Sánchez es poder presentarlos en tiempo y forma, y la Constitución establece como límite el 30 de septiembre.
Debilidad parlamentaria
Es la segunda derrota que inflige al Ejecutivo en menos de una semana. El pasado miércoles, los de Puigdemont ya avisaron de que no apoyarán la senda de déficit, la primera piedra para los Presupuestos. Sánchez había acaparado titulares críticos durante toda la jornada, a raíz de la presentación de ese plan para el que no hay concreción ni fechas aproximadas de aplicación. Podrían haber dejado que masticara este trago bajo los focos, pero optaron por golpear.
Hace dos meses ya tumbaron la misma senda de déficit. Al inicio del año hicieron saltar por los aires su propia ley de amnistía en el marco de la Comisión de Justicia, para forzar una nueva negociación. Y amenaza con tumbar la reforma que dará el control de los impuestos que se recaudan en su territorio a la Generalitat de Salvador Illa, el llamado “cupo” catalán, por el que sólo ERC puede atribuirse méritos en el espacio independentista.
Hasta la fecha, el Gobierno ha insistido en que cuenta con una capacidad de diálogo que le permite sacar adelante el grueso de las votaciones, incluso mezclando aquellas decisivas con las menos importantes. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Pilar Alegría, presumió de que en esta legislatura han ganado 502 votaciones de las 541 que se han producido en el Hemiciclo. Hoy se apuntan un nuevo revolcón parlamentario. Un grupo decisivo para la investidura se ha convertido en su mayor quebradero de cabeza.