Giro de guion. Pedro Sánchez lo ha vuelto a hacer. Apenas 48 horas después de que el Boletín Oficial del Estado publicase la ley de Amnistía, el presidente abre un nuevo frente político y judicial. Con los fiscales del Tribunal Supremo en pie de guerra por las dimensiones de la medida de gracia a los líderes independentistas, el presidente lanzó ayer un ultimátum al PP para renovar el Consejo del Poder Judicial (CGPJ) en quince días.
Si Alberto Núñez Feijóo no se aviene a pactar, el PSOE y Sumar llevarán al Congreso una reforma para arrebatar al máximo órgano de gobierno de los jueces la potestad de nombrar a los magistrados del Supremo y los Tribunales Superiores de Justicia. El anunció cayó como un jarro de agua fría entre la Judicatura. Miembros del CGPJ denuncian un interés por parte del Gobierno de “intervenir el Supremo por la puerta de atrás”. En el Alto Tribunal se comparte la sensación de afrenta: “Es el principio del fin. Se tambalearía el sistema democrático”, alertan.
A expensas de que Moncloa concrete cómo sería la reforma, sobre la mesa está la propuesta que el presidente interino del CGPJ, Vicente Guilarte, envió al Congreso y Senado para acabar con la situación de bloqueo. En esta se plantea que los magistrados del Supremo sean “nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados del Tribunal Supremo, presidida por un vocal del CGPJ magistrado del Supremo si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del Supremo”.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su intervención en la sesión de control al Ejecutivo este miércoles en el Congreso
Desde el propio CGPJ califican esta iniciativa como “disparatada” y alertan de que supondría de facto dar al Ejecutivo el poder sobre los nombramientos. “¿Quién elegiría a los miembros de esa comisión?”, “¿por qué no se aborda directamente una reforma que dé la potestad a los jueces como plantea la UE?”, alertan.
Altos cargos de la Judicatura coinciden en que Sánchez busca con esta maniobra dar un “golpe de mando” en el Supremo. Lo justifican en la “inminente” imputación del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, por la presunta revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso y las “trabas” que desde el citado tribunal se están poniendo a la aplicación de la amnistía.
Oferta de Moncloa
El ultimátum descolocó al PP que, según ha podido saber Artículo14, había recibido de “forma discreta” el mes pasado mensajes desde Moncloa para cerrar un “acuerdo global” y renovar el CGPJ, la CNMC, nombrar al nuevo gobernador del Banco de España y el Consejo de RTVE. Por su parte, Génova desliga el acuerdo de renovación del máximo órgano de los jueces de cualquier otra institución: “Nosotros no negociamos pack”.
El PP está dispuesto a “escuchar” la propuesta del ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una reunión a “tres” con la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourová, a quién ayer mismo Esteban González Pons solicitó un nuevo encuentro en el que ejerza de “mediadora”.
A la espera de que desde Bruselas se cierre una cita, desde la dirección nacional del PP no descartan que se pueda llegar a un acuerdo con Sánchez: “Vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos”. La exigencia es que la renovación se haga “con un sistema que dé mayores garantías que el actual”. La fórmula también está por concretar. Los populares insisten en que el Gobierno tendrá que aceptar sus propuestas entre las que figura que se acuerde el cambio en el sistema de elección del CGPJ para que sean los jueces quienes elijan a los jueces.
Génova está dispuesta a aguantar el órdago de Sánchez desde la nueva posición de fuerza que les da en Bruselas el resultado de las elecciones europeas celebradas el pasado domingo. El PP español tiene mucho que decir, apuntan, en la configuración de las futuras instituciones comunitarias, dado que es el segundo que más diputados aporta al grupo popular europeo.
El equipo de Feijóo se muestra convencido de que la Unión Europea tomará medidas si Sánchez y sus socios en el Congreso llevan a cabo una reforma de la ley que socave la independencia judicial. Con el resultado del 9-J sus votos son imprescindibles para la reelección de Ursula Von der Leyen al frente de la Comisión.
En clave interna entre los populares existe el debate de si es “oportuno políticamente” cerrar un acuerdo con Sánchez en estos momentos. Isabel Díaz Ayuso fue la primera en marcar postura públicamente y tachó de “matonismo democrático” el ultimátum del presidente. De ahí que para Génova sea “imprescindible” que desde Moncloa rebajen el tono contra Feijóo antes de sentarse. El gallego escuchará y hará un control de daños antes. De momento hay que aguantar el envite.