Vuelve la calma al órgano de Gobierno de los jueces pero con tareas pendientes, como la renovación de los nombramientos del Tribunal Supremo, lo que sigue despertando tensiones. Tres meses lleva Isabel Perelló al frente del Alto Tribunal y del Consejo General del Poder Judicial y todos los vocales consultados por Artículo14 coinciden en la buena sintonía que se respira ahora. “Yo creo que una característica de este consejo es la búsqueda de estabilidad institucional y tranquilidad dentro de una dinámica de trabajo con las características propias de hacer jurisdicción”, relatan.
Según las fuentes consultadas, la nueva presidenta quiere alejarse del ruido y de la polarización, es decir, de la gresca política y del debate inducido por la política sobre el denominado lawfare. “Centrarse en abordar los temas troncales” dentro de la Justicia “defendiendo su independencia”, dicen desde el CGPJ. Eso sí, las citadas fuentes aseguran que es exigente y “pide responsabilidad de los jueces”.
Toque de atención de la política
Recientemente, el desafío de mantener la independencia judicial se ha intensificado en un contexto político cargado de tensiones y siempre mirando a los tribunales. Sin ir más lejos, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en corrillo con periodistas, acusó al Partido Popular de jugar con “cartas marcadas” por su connivencia con algunos jueces.
En este contexto, Perelló intentó que el CGPJ reaccionara con una declaración del pleno, pero el sector progresista se opuso. Finalmente, firmó ella un alegato sin hacer mención explícita a las declaraciones de Sánchez, pero dejando clara su postura sobre la independencia judicial. Reconoció en el comunicado que la crítica a las instituciones públicas es “inherente a la democracia” y contribuye a la mejora de su funcionamiento.
No obstante, advirtió que esta crítica no debe derivar en un cuestionamiento generalizado de la labor de los jueces: “Lo que no cabe es cuestionarla de forma generalizada y permanente, atribuyendo a los integrantes del Poder Judicial sesgos políticos, pues tal forma de proceder menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional”, sentenció.
De esta forma, logró manifestar públicamente desde el Poder Judicial su defensa a la independencia judicial sin perturbar ese “buen rollo” del que hablan sus compañeros. Un ambiente de consenso que tendrán que trasladar a su propuesta para el nuevo sistema de elección del órgano.
Nuevo sistema de elección
Los vocales preguntados por este medio aseguran que estará listo para enviar a las Cortes, tal y como ordena, la nueva ley acordada entre PP y PSOE el próximo enero. Además, subrayan la capacidad de Perelló para coordinarse con otras administraciones públicas como el ministerio de Justicia. Cabe recordar que Perelló mantiene amistad con la actual ministra de defensa, Margarita Robles.
El órgano de gobierno de los jueces tiene pendiente cubrir las más de 100 vacantes en la cúpula judicial que dejó el anterior bloqueo a la renovación del CGPJ, porque sus vocales no podían hacer nombramientos discrecionales mientras estaban en funciones.
El reto para Perelló consiste en lograr un consenso entre conservadores y progresistas, extremo que se antoja bastante complicado, según las fuentes consultadas. Aunque en ello está, precisan. En la lista figuran cuatro plazas clave: las presidencias de las salas de lo Civil, lo Penal, lo Contencioso-Administrativo y lo Social del Supremo, todas menos la de la Sala de lo Militar.
De momento, parece que la única plaza libre de debate es la de la presidencia de la Sala de lo Civil, que ejercía interinamente Francisco Marín Castán -que se jubiló en noviembre-, y a la que solamente concurre el magistrado Ignacio Sancho, de perfil conservador.
Para las demás salas, el CGPJ tiene tándem de candidatos. A la de lo Penal se postulan Ana Ferrer, de sensibilidad progresista, y Andrés Martínez Arrieta, de corte conservador; a la de lo Contencioso-Administrativo optan Pilar Teso y Pablo Lucas, ambos considerados progresistas aunque él más moderado; y a la de lo Social concurren Concepción Ureste, también progresista, y Juan Molins, enmarcado en la corriente conservadora.
Igualdad de género
Sin duda, lo que destacan de la presidenta del Supremo quienes comparten sillón con ella es su lucha incansable por la igualdad de género dentro de la justicia: “Hay preocupación por el tema de la igualdad, por el respeto a la paridad a intentar ajustarse a la ley en una dinámica mas propia de la jurisdicción y del marco jurídico”, aseveran.
Ya en su única aparición pública en la Apertura del Año judicial, dejó clara esta intención: “Nací en una España en la que las mujeres no podían acceder a la carrera judicial. Ahora somos mayoría, el 80% de los aspirantes que superan las pruebas de acceso son mujeres. Aun así, queda mucho camino por recorrer: las mujeres siguen siendo minoría en los altos cargos judiciales”. La ley de paridad exige al CGPJ nombrar al menos a 22 mujeres en los cargos judiciales de segundo nivel.
Modernización
Otro de los retos de Perelló es la modernización de la justicia y en eso trabaja el nuevo consejo que ya se plantea incluir la Inteligencia Artificial: “Es muy importante. No es algo que vaya a venir es algo que ya esta aquí y tiene que velar por su correcta aplicación en el ámbito jurisdiccional”, aseveran las fuentes consultadas.
Una magistrada progresista, feminista y miembro de la minoritaria asociación Juezas y Jueces para la Democracia, pero propuesta por el sector conservador. De perfil bajo en estos primeros meses de mandato, llegó tras cuatro reuniones en las que ninguna de las candidatas había recibido los 12 apoyos necesarios. Perelló se hizo con el cargo con un quórum netamente superior, 16 votos y convirtiéndose en la primera presidenta mujer del Tribunal Supremo de la historia:
Prueba de esa “independencia” que caracteriza, según apuntan sus propios compañeros, a Perelló es que pese a ser considerada progresista, fue votada por el sector conservador del Consejo. De hecho, gracias a su perfil se pudo desencallar la negociación entre los vocales progresistas y conservadores que estuvieron todo el verano con posturas totalmente enfrentadas para designar a su presidenta.