Había mucho en juego, muchas amenazas sobre la mesa, pero el Gobierno ha logrado salvar los muebles en la última sesión plenaria en el Congreso de los Diputados este 2024. Pedro Sánchez ha acusado el golpe de Junts, PNV y el PP a su paquete fiscal, en el que han logrado introducir una enmienda que hace saltar por los aires la prórroga del impuesto a las energéticas. Tampoco tenía mucho recorrido, como reconocen en el Ejecutivo, toda vez que no cuentan con los votos necesarios para su convalidación.
Lo han hecho en un pleno agónico, en el que incluso fallaron varias veces los nuevos dispositivos de votación. Finalmente se saldó con la aprobación definitiva de la ley de Eficiencia del sistema público de Justicia. El Congreso levantó el veto del Senado a la norma, y lo hizo con los cuatro votos de Podemos, que llevaba días amagando con tumbarla.
El Gobierno ha tenido que ceder a su exigencia de prorrogar un año más la suspensión de los desahucios a personas y hogares en situación de vulnerabilidad, así como a mantener durante seis meses las rebajas del transporte público tal y como funcionaban hasta la fecha. El propio ministro de Transportes, Óscar Puente, rechazó este escenario en octubre. Han tenido que virar tras una negociación que ha permanecido abierta “hasta el último minuto”, en palabras de la secretaria general morada, Ione Belarra.
Fuentes de su formación aseguran que el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, no quería aparentar “debilidad” en el último pleno del año. La ley de Eficiencia es una compleja norma elaborada desde Justicia, y el Ejecutivo no quería contemplar siquiera que los morados la dejaran en el limbo hasta dentro de dos meses, cuando se habría levantado automáticamente el veto de la Cámara Alta a esta ley.
Además, la principal representante de Podemos en la última etapa de las conversaciones ha sido la eurodiputada Irene Montero, que ha recobrado cierto protagonismo en la política nacional con este episodio. Según fuentes moradas, la exministra de Igualdad y número dos del partido ha sido la encargada de interlocutar con el ministro Puente, en el marco de las negociaciones lideradas por Bolaños.
La presentación de su libro sirvió a Montero para volver a estar presente en los medios, y desde entonces ha lanzado varios guiños sobre su previsible retorno. En la gala de entrega de premios de la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), el miércoles, la propia Belarra afirmó que la europarlamentaria volverá “muy pronto”. Lo hizo al recoger el galardón que reconoce a Montero como “eurodiputada del año”. Y añadió que hoy está en el “exilio”.
Estrictamente, los morados sólo reconocen que Belarra y Montero van a “empezar a repartir un poco las negociaciones”, toda vez que han pasado de administrar un grupo con 35 escaños (contando con IU y Los Comunes), a contar con sólo cuatro diputados y un volumen de recursos proporcional a esta pérdida de fuerza parlamentaria. De fondo, sin embargo, está la posibilidad, sugerida por la propia Montero en una entrevista con El País, de que ella misma sea su candidata a las próximas elecciones generales.
El PSOE está seriamente preocupado por la situación de Sumar y de su principal referente, Yolanda Díaz, y toda la izquierda es consciente de que si Sumar y Podemos se presentan por separado, mantenerse en La Moncloa es un objetivo inalcanzable.
Desde su exclusión en las listas de Sumar para el 23 de junio de 2023, y su paso adelante como cabeza de lista a las elecciones europeas de junio de este año, Montero ha medido con cuidado sus pasos, pero ha dejado pistas del rumbo que aspira a seguir. El pulso entre Sumar y Podemos por liderar su espacio político será cada vez más obvio conforme se aproximen los tambores electorales, si bien Izquierda Unida lleva meses trabajando para aproximar a las dos partes. En el ala socialista del Ejecutivo aprecian “enemistades irreconciliables” entre Montero y Díaz.
Aitor Esteban acusa a Belarra de generar “inestabilidad” por su duelo con Sumar
En el último pleno del año, los socios se sirvieron de los pasillos de la Cámara y de sus perfiles en Twitter para evidenciar sus enfrentamientos. Políticamente, las formaciones de izquierda y derecha volvieron a mostrar su división sobre el gravamen a las energéticas, que el Gobierno quiere prorrogar vía real decreto ley, anulando la norma introducida por PP y Junts al paquete fiscal. Saben que no contarán con los votos necesarios para convalidarlo, pero están decididos a hacerlo.
Sin embargo, la alianza del PNV, Junts y el PP, con los votos de Vox, ha generado un profundo malestar entre los socios de izquierdas. “Consideramos grave que estas dos formaciones se presten a apuntalar y reforzar las estrategias e intereses de la derecha española”, reza un comunicado conjunto de ERC, Bildu y el BNG.
El enfrentamiento iba incluso a lo personal, con Belarra y otros dirigentes morados refiriéndose a Aitor Esteban (PNV) como “diputado de Repsol”. Poco antes, Esteban había acusado a Podemos de mentir sobre los desahucios exprés ante casos de ocupación, una medida incluida en la ley de Eficiencia a instancias del PNV. Esta fue la razón esgrimida por Podemos para negar su apoyo a la norma, y aspiran a corregirla con el nuevo decreto de escudo social (subvenciones al transporte y desahucios). Esta norma no puede derogarla, pero sí “suspender” su aplicación, aseguran.
Frente a las críticas de Podemos, Esteban consideró su posición “imprudente”, una “amenaza a la estabilidad” del Ejecutivo. Incluso deslizó que los morados aspiran a un adelanto electoral por su “duelo particular” con Sumar. “Por mucho que chille la señora Belarra e insulte a los demás, un día sí y otro también, desde la tribuna y fuera de la tribuna las cosas no van a cambiar”.
El malestar entre los socios por las forma de operar del Ejecutivo va a más. El PNV ya advierte de que no prestarán sus votos a ninguna iniciativa que tenga que ver con el gravamen a las energéticas que hoy han tumbado. Podemos asegura que no avalarán el decreto que sirva de cauce a la actualización de las pensiones, si incluyen medidas como los incentivos a la jubilación tardía.
El Consejo de Ministros previsto para el 23 de diciembre deberá promulgar las normas necesarias, previsiblemente varios reales decretos, para que el escudo social siga en vigor, pero también para reactivar y prorrogar el impuesto a las energéticas.
Díaz arremete contra Cuerpo
Por su parte, la vicepresidenta segunda arremetió este mismo jueves contra el ministro del ala socialista Carlos Cuerpo, titular de Economía. El pulso sobre el calendario para instaurar la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas sin reducción de salario lleva meses gestándose, pero hoy Díaz visibiliza el choque: “No quiere cumplir el acuerdo de gobierno”; “Pensé que, una vez que se había ido Nadia Calviño, las cosas iban a cambiar en el Gobierno. Y ya ven, tenemos personas diferentes en el Ministerio de Economía, pero los comportamientos son los mismos”, acusó en una entrevista en Al Rojo Vivo (La Sexta).
Un repaso a la lista de iniciativas aprobadas en pleno este jueves basta para corroborar que el Gobierno ha logrado cumplir objetivos, pese a los golpes de sus aliados. Los escenarios que contemplaban eran mucho peores. Otra cosa son los frentes judiciales abiertos, los pulsos con sus socios o la batalla a la interna por la reducción de la jornada laboral.