No es necesario un profundo ejercicio hermenéutico del ‘Plan de Acción por la Democracia’ presentado ayer por el Gobierno para comprender que su objetivo real se sitúa en las antípodas de la protección del derecho a la información y del fortalecimiento del pluralismo de los medios de comunicación, principios que rigen y fundamentan el Reglamento Europeo de Libertad de Medios que el Ejecutivo español pretende instrumentalizar a modo de coartada para tratar de engrilletar, vía asfixia financiera, al periodismo crítico y mantener cautiva a la opinión pública bajo los mantras de la policía del pensamiento y del catecismo oficial.
De hecho, los inquietantes precedentes de este Gobierno encaminados a neutralizar y desactivar los contrapoderes institucionales del Estado de Derecho -desde las Cortes Generales a la Judicatura, desde la Fiscalía General del Estado al Banco de España- invitan a pensar que, lejos de ser un proyecto presuntamente regeneracionista, nos encontramos ante un nuevo capítulo de la involución democrática que vive nuestro sistema constitucional bajo el mandato caudillista de un presidente del Gobierno que en sus cinco días de retiro doliente perdió los últimos escrúpulos de contención institucional que le quedaban.
Sánchez se adentró ayer más allá de la Línea Maginot que protege a toda democracia de la pulsión cesarista. La libertad de expresión representa la clave de bóveda de los derechos y libertades fundamentales en una democracia congruente con el imperio de la ley. Bienvenida sea toda nueva medida encaminada a dotar de mayor transparencia al mercado de medios de comunicación, tal y como ya contempla el reglamento europeo de directa aplicación. Cualquier legislación adicional -desde el control gubernamental de órganos administrativos fiscalizadores de las empresas informativas hasta la reglamentación restrictiva de sus fuentes de ingresos, incluyendo sospechosas reformas ad hoc de la legislación de protección del derecho al honor- ha representado históricamente y en todo lugar un instrumento de restricción de la libertad de información y de sojuzgamiento a los medios de comunicación.
Como detallamos hoy en Artículo14, el plan del Gobierno incluye una confusa miscelánea de medidas, algunas de las cuales se antojan como simples maniobras de diversión para enmascarar la filosofía intimidatoria del proyecto. Desde una cultura política hostil a los checks and balances y una concepción patrimonial del Estado, los partidos que conforman el Ejecutivo muestran ahora una concepción sectaria de la verdad que no admite disidencia. Su debilidad parlamentaria evoluciona en relación inversa a su ansia desaforada por controlar el debate público, particularmente el que gira en torno a los escándalos que asedian y salpican al presidente del Gobierno. Quis custodiet ipsos custodes? ¿Quién vigila a los vigilantes? Sánchez ha encontrado la respuesta: él.
Por muy manoseada que esté, no está de más recordar en esta hora aquella reflexión de Thomas Jefferson según la cual el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Junto con la administración de un derecho ajeno como es el derecho a la información, esa es precisamente la obligación del periodismo: la eterna vigilancia de los abusos del poder, la denuncia de las arbitrariedades y los desafueros contra el Estado de Derecho, y la defensa de los ámbitos de libertad de la sociedad civil frente al intervencionismo, la ingeniería social y los intentos de dominio de las conciencias por parte de los poderes públicos.