Las víctimas del terrorismo dicen basta. No entienden cómo “nadie” ha podido darse cuenta de que la reforma de la ley orgánica 7/2014, de 12 de noviembre, podría reducir el tiempo de prisión a más de 40 etarras. “Tremendo” e “indignante” es como describe este hecho a Artículo14 la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), Maite Araluce. La incredulidad es mayor si se tiene en cuenta que el Gobierno aseguró a este colectivo que esto nunca ocurriría.
Según ha podido saber este periódico, en febrero de 2022 el Ministerio del Interior, dirigido por Fernando Grande-Marlaska, señaló en un comunicado que “no existe ninguna iniciativa para modificar la regulación que se refiere a los efectos jurídicos de las resoluciones condenatorias dictadas en otros Estados de la Unión Europea”.
Entonces, el departamento que lidera Marlaska era consciente de que había medios de comunicación que estaban publicando que la reducción de cárcel para los etarras podía ser algo factible. Por ello hizo referencia al anteproyecto de ley en el que estaba trabajando el Ministerio de Justicia -entonces dirigido por Pilar Llop y ahora asumido por Félix Bolaños-, el cual se convirtió en la base de la polémica ley actual. En dicho mensaje se aseguraba a la víctimas del terrorismo que la legislación se centraba exclusivamente en cuestiones que afectan al intercambio de información sobre antecedentes penales entre el Registro Central de Penados y las autoridades responsables de los registros nacionales de los Estados miembros.
Obviamente no hacía ninguna referencia a la enmienda introducida por Sumar -presentada en junio de este año-, que es la que ha causado esta vorágine política. Asimismo, cabe mencionar que la actualización legal propuesta por la formación de Yolanda Díaz fue más allá de la legislación europea. En la trasposición de la normativa comunitaria, recogida en el mencionado anteproyecto de ley y en el posterior proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros, no estaba estipulada. Algo que choca, en parte, con la versión emitida este lunes por el actual ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, quien dijo: “Es una modificación de una ley, que lo que hace es garantizar que se aplique la normativa europea también en España“.
Unos párrafos más adelante, el citado comunicado confirmó que el Ministerio de Justicia trasladó al del Interior que la propuesta responde al “cumplimiento de la obligación de transponer al ordenamiento jurídico español la Directiva (UE) 2019/884, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019”. A su vez, el departamento liderado por Marlaska reiteró que con dicha transposición se avanzaba en la “construcción de un espacio común de libertad, seguridad y justicia en el seno de la UE”.
Fuentes de las propias asociaciones de víctimas certifican a Artículo14 que el Ejecutivo les aseguró que este desenlace legislativo “no iba a pasar”. En este sentido, aseguran que se reunieron con el Ministerio del Interior y con la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo para tratar este asunto, pero, “como otras tantas veces, nos han mentido”.
Estas voces autorizadas se muestran especialmente indignadas puesto que desde hace dos años venían advirtiendo de que “esto iba en la hoja de ruta de Bildu” y en “cualquier momento lo iban a meter”. Agregan que pasaron información a todos los partidos sobre estas advertencias, aunque no hubo reuniones concretas para tratar el asunto.
El PP y Vox hablan de “error”
Por su parte, el popular Alberto Núñez Feijóo habló con Araluce este lunes para disculparse personalmente por lo ocurrido -su voto favorable a esta reforma legal en la Cámara Baja- y “compartir el rechazo a cualquier triquiñuela parlamentaria” que implique “abaratar” las condenas a terroristas.
En paralelo, el PP intenta poner remedio al “error por unanimidad” en el que ha incurrido “todo el Congreso”, según expresó el portavoz nacional Borja Sémper. Es más, la delegación popular en el Senado ha retirado del orden del día del Pleno de este martes en el Senado la votación del proyecto de ley que beneficiará a los etarras.
Aunque con este movimiento, el PP lo único que hace es ganar tiempo. Pues como asegura la presidenta de la AVT, la situación es ya irreversible. Y es que si la Cámara Alta no aprueba un veto ni introduce ninguna enmienda al texto remitido por el Congreso de los Diputados -como ha sucedido en el presente caso-, este se remite al presidente del Gobierno para la correspondiente sanción real.
Asimismo, el principal partido de la oposición se quita cualquier responsabilidad sobre lo sucedido, sitúa la pelota en el tejado del Gobierno y le pide que utilice su potestad para retirar la mencionada reforma legal. De esta forma, declararon fuentes de la formación, “queda en sus manos la responsabilidad de dejar sin efecto esta decisión”.
Y como ya adelantó Sémper en una rueda de prensa este lunes, si el Ejecutivo no retira dicho texto, el PP buscará cualquier alternativa, “jurídica o parlamentaria”, que pueda “blindar a este país de la indecencia que supondría rebajar condenas a terroristas de ETA a través de artimañas parlamentarias”.
En la misma línea se situó Vox. El partido liderado por Santiago Abascal asumió el “error” de haber votado sí a la reforma y aseguró que había pedido disculpas por ello. En este sentido, y en línea con el PP, declaró que la única solución a este asunto está en manos del Gobierno “extremista”.