El Partido Popular es en estos momentos una olla a presión después de que las víctimas del terrorismo hayan denunciado la reforma legal por la que más de cuarenta etarras podrán salir antes de prisión, y que fue votada en el Congreso de los Diputados con su voto afirmativo. Alberto Núñez Feijóo se ha apresurado a pedir “perdón” e intenta acercarse al Gobierno, entre fuertes críticas, para subsanarlo. “Es un error gravísimo de la oposición”, ha zanjado Isabel Díaz Ayuso, poniendo voz al cabreo en las filas populares.
Barones territoriales y altos cargos consultados por Artículo14 se llevan “las manos a la cabeza” ante el “monumental error”, y piden asumir responsabilidades. “Esto nos afecta mucho más a nosotros que al PSOE, a nuestro propio ADN. Si fuéramos una empresa, ya habría dimisiones”, resume un presidente territorial. “Bochornoso”, destaca otro representante autonómico.
Muchos en el PP se preguntan quienes eran los encargados de supervisar la reforma legal y por qué nadie en el grupo parlamentario o en Génova dio la voz de alarma. Para Javier de Andrés, el líder de la delegación vasca, urge “analizar lo ocurrido” para esclarecer “qué fallos” se han cometido. En privado, recuerdan que ahora la última palabra la tienen los vicesecretarios generales y apuntan a Esteban González Pons. De la comisión de Justicia resaltan otros cargos populares relevantes como Cayetana Álvarez de Toledo.
En Génova conocieron ya el viernes que la reforma legal podría beneficiar a etarras pero minimizaron su alcance, según las fuentes consultadas. Este lunes, ya con la polémica como noticia principal en tertulias de radio y televisión, Feijóo se apresuró a llamar a la presidenta de la Asociación Víctimas del Terrorismo, Maite Araluce, para pedirle disculpas y asegurarle que hará todo lo posible para revertir la situación. “Las disculpas están muy bien pero esto ya no tiene vuelta atrás”, se ha lamentado la propia Araluce este martes.
El PP lo está intentando. Para empezar, ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para retirar del orden del día del Pleno la modificación legal, y lo abordará en un pleno extraordinario el próximo lunes 14 de octubre, que es la fecha límite para tramitarlo en la Cámara Alta. En paralelo, Cuca Gamarra se ha puesto en contacto con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, aunque el Gobierno no están por la labor de moverse lo más mínimo.
Sobre ello, fuentes de este ministerio han asegurado que el ministro Bolaños ha llamado a Gamarra. Según relatan, el miembro del Gobierno se ha ceñido a preguntarle por el “inesperado cambio de opinión del PP”.
Asimismo, fuentes de Génova argumentan: “El PP no podría haberla parado ni ayer ni solos en el Congreso, pero el PSOE puede y debe pararlo ahora mismo. Si el Gobierno no retira esta ley, el Partido Popular usará cualquier alternativa jurídica y parlamentaria para evitar beneficios a asesinos. Si deciden no retirarla, quedará el registro de la indignidad de este Gobierno justificando lo injustificable”.
En este sentido, tanto Feijóo como su portavoz en el Congreso, Miguel Tellado, reconocieron públicamente la responsabilidad “por no haber estado vigilante”, pero enfatizaron que lo importante ahora es buscar “soluciones”. “Yo creo que hoy no se trata de depurar responsabilidades. Se trata de buscar soluciones. Y la solución existe. La solución está en manos del Gobierno de España, que tan solo tiene que enviar un escrito al presidente del Senado pidiéndole que se paralice la tramitación parlamentaria del proyecto de ley”, declaró Tellado en rueda de prensa. El portavoz convocó primera hora a los diputados del PP que participaron en la tramitación parlamentaria de la ley con el fin de recabar información. De momento, no se esperan dimisiones.