Pedro Sánchez presenta su controvertida ley para censurar a los medios disidentes, en una decisión que preocupa a las instituciones de la Unión Europea. Y es que la norma de Sánchez, cimentada sobre una directiva europea, podría violar los derechos de libertad de medios y expresión de la UE. Esta nueva normativa, que pretende establecer un control sobre los medios de comunicación a través de la regulación de su financiación, pone en entredicho la independencia editorial y el pluralismo informativo, valores esenciales de la UE.
Según comentaron a Artículo14 fuentes de la Comisión Europea, el departamento de Justicia de la Comisión Europea permanece en vilo esperando el informe oficial de Sánchez, ya que no pueden sacar conclusiones previas a su publicación. Sin embargo, existe “preocupación” e inquietud entre los pasillos de la Comisión, que no quiere enfrentarse con los socialistas y perjudicar el delicado equilibrio de su alianza.
Una semana para analizar en detalle
Otra fuente recordó que el próximo informe del Estado de Derecho del bloque, que produce el Comisario de Justicia Didier Reynders, saldrá el próximo 24 de julio —dándole a la Comisión apenas una semana para analizar con detalle la normativa española. Porque frente a este contexto, la libertad de medios “se mirará con lupa”, ya que hay un apartado especial para ello en el informe y es un tema hipersensible. Según indicó esta fuente, cualquier elemento que ponga una limitación a la libertad de expresión, a la libertad de actuación de los periodistas, una cortapisa, recibe una llamada de atención y tiene consecuencias.
Hay preocupaciones porque, en primer lugar, la ley de Sánchez propone retirar ayudas y subvenciones públicas a los medios de comunicación que no cumplan ciertos “códigos deontológicos”. Sin embargo, la falta de claridad sobre quién define estos códigos y cómo se aplicarán genera serias preocupaciones sobre la posible arbitrariedad y sesgo en su aplicación entre los pasillos de Bruselas, porque podría permitir al Gobierno decidir qué medios merecen financiación en función de su conformidad con criterios que podrían ser subjetivos y manipulables.
Además, la propuesta de Sánchez establece un límite máximo de financiación pública para los medios, argumentando que algunos sobreviven únicamente gracias a recursos públicos y no tienen lectores. Si bien la transparencia en la asignación de fondos públicos es necesaria, esta medida podría utilizarse para asfixiar económicamente a medios críticos y beneficiar a aquellos que sean más afines al gobierno.
Comparativa con la ley europea
La ley del Gobierno español se basa a su vez sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, que destaca la necesidad de transparencia en la propiedad de los medios y en la asignación de fondos públicos, asegurando que esta información sea accesible para el público. Sin embargo, la de Sánchez no aborda de manera clara estos aspectos de transparencia, lo que supone falta de claridad sobre quién controla realmente los medios y cómo se financian.
Otra preocupación es la potencial politización de las decisiones editoriales. Al establecer quiénes deben cumplir los códigos deontológicos y retirar financiación a quienes no lo hagan, el Gobierno podría influir directamente en el contenido que publican los medios.
Evitar injerencias
La creación de un Comité Europeo de Servicios de Medios de Comunicación por parte de la normativa europea busca precisamente evitar este tipo de injerencias, asegurando que las regulaciones se apliquen de manera justa y uniforme en todos los Estados miembros. Pero la propuesta de Sánchez no incluye un organismo independiente similar, lo que deja la puerta abierta a la manipulación y al uso discrecional del poder gubernamental sobre los medios.
La normativa europea también establece salvaguardias para proteger a los periodistas y sus fuentes, prohibiendo, por ejemplo, la instalación de software espía. La ley de Sánchez, en cambio, se enfoca más en controlar la financiación y la supuesta desinformación, sin proporcionar medidas claras para proteger a los periodistas de las presiones gubernamentales, generando un ambiente de autocensura y temor entre los profesionales de los medios.
“La normativa europea insiste en la transparencia y la no utilización de fondos públicos para influir indebidamente en los medios”, indicó una fuente de la Comisión. Sin embargo, destacó que la ley de Sánchez podría interpretarse como un intento de controlar a los medios críticos mediante la manipulación de los recursos financieros, otorgando ventajas a aquellos que sigan la línea oficial y castigando a los que no lo hagan.
Otros casos europeos
El de Sánchez no es un caso único, ya que existen varios precedentes en el seno de la Unión Europea. Está Hungría, el rebelde de siempre; desde que Viktor Orbán asumió el poder en 2010, su gobierno ha implementado una serie de leyes que han aumentado el control estatal sobre los medios de comunicación. Una de ellas permite al Consejo de Medios, dominado por aliados del gobierno, imponer fuertes multas a los medios por contenido que consideran “no equilibrado” o “inmoral”.
Esta legislación ha sido criticada por su vaguedad (que es lo mismo que se teme en la de Sánchez), lo que otorga al gobierno herramientas para censurar medios críticos. Además, han ocurrido cierres de medios independientes como el diario Népszabadság y el portal de noticias Index.hu, que han sido sometidos a cambios de propiedad, llevando a una disminución de su independencia. En muchos casos, los nuevos propietarios están vinculados al partido gobernante Fidesz, lo que refuerza la percepción de un control cada vez mayor sobre la información que llega al público.
Y en Polonia, el partido Ley y Justicia (PiS) aprobó en 2015 una ley que otorgó al Ministro del Tesoro el poder de nombrar y destituir a los directivos de los medios públicos. Esta medida llevó a una reestructuración de los medios estatales en una dirección más favorable al gobierno, lo que ha generado preocupaciones sobre el pluralismo de los medios en el país. Y los medios públicos polacos, TVP y Polskie Radio, han sido acusados de actuar como portavoces del gobierno, promoviendo la agenda del PiS y atacando a la oposición y a los medios críticos.