Un conejo sacado de la chistera. El anuncio de Pedro Sánchez el miércoles sobre una futurible subida de impuestos a los más ricos ha cogido por sorpresa a sus socios de Gobierno, a sus aliados parlamentarios y, a juzgar por sus palabras, al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. La intervención del jefe del Ejecutivo en la conferencia política con la que inauguró el curso político, cuando se comprometió a “gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas”, está rodeada de incógnitas.
El discurso que copó titulares con su metáfora sobre los coches de lujo —“Menos Lamborghinis”—, no se ha visto concretado a posteriori, dando pie a múltiples interpretaciones. El jueves por la mañana, durante una entrevista en Onda Cero, Cuerpo no aclaró si estas palabras apuntan a una reforma del impuesto a las grandes fortunas, a la creación de un nuevo tipo o a un incremento en los tramos del IRPF. O a algún otro escenario en el que ya trabaje Sánchez. “Vamos a ver cómo vamos aterrizando, cómo vamos concretando este gran anuncio que hizo ayer el presidente, pero intentemos no anticipar“, dijo.
Tampoco en Moncloa o en Hacienda supieron dar más claves. La explicación más común sobre estas palabras es que Sánchez expresaba su voluntad de seguir apostando por gravar más a quienes más tienen, sin más detalle. Lo que pueda abordarse dentro de los Presupuestos Generales del Estado para 2025 o fuera de este paraguas aún está por ver, indicaron desde el Gobierno.
“Vamos a proponer y poner en marcha nuevas acciones destinadas a acotar privilegios desproporcionados que tienen, y de los que se benefician, ciertas élites privilegiadas de nuestro país. Y vamos gravar fiscalmente a quienes ya tienen en el banco suficiente dinero para vivir cien vidas. Lo haremos, insisto, no para perjudicar a los millonarios, sino para proteger a las clases medias y trabajadoras de un sistema que continúa siendo extraordinariamente injusto”, afirmó Sánchez, textualmente. Sin dar más pistas.
Las cifras de Hacienda y el dumping
En las filas del socio minoritario, Sumar, quieren leer estas palabras como un anticipo de que el presidente asumirá, finalmente, las recetas que pusieron sobre su mesa por última vez hace escasos meses, cuando negociaron los fallidos Presupuestos para 2024. Entre esas propuestas están el incremento en la tributación de las rentas del capital en el IRPF, “para acercarla a la de las rentas del trabajo”.
También presionan para “reforzar” el impuesto temporal “de solidaridad” para las grandes fortunas, ya en vigor. Y para impulsar un tercero gravamen, dirigido a quienes perciban “grandes herencias”, con un funcionamiento “similar” al anterior. A día de hoy, sólo quienes cuentan con patrimonios netos de más de tres millones de euros deben afrontar este impuesto, que permitió recaudar 623 millones de euros en 2023. Según Hacienda, la riqueza media entre quienes tienen que pagar ronda los 22 millones de euros.
Este gravamen temporal generó una importante batalla con el PP, toda vez que son las comunidades autónomas quienes recaudan los impuestos de patrimonio y de sucesiones. La intención reconocida del Gobierno era gravar a las fortunas que disfrutaban de bonificaciones en patrimonio como las que promueven Madrid o Andalucía, ambas en manos del PP. Lo que denominan “dumping fiscal” entre comunidades autónomas.
Las tensiones de la coalición
En un contexto marcado por las tensiones entre estos gobiernos regionales y el Ejecutivo central, a cuenta del reparto de menores migrantes, pero también por la “financiación singular” para Cataluña, abrir el melón de una nueva figura que gravara las herencias más cuantiosas sentaría las bases para una nueva disputa.
De estas figuras, las dos primeras sí están explícitamente contempladas en el pacto de coalición. Es el documento al que se aferra Sumar para exigir cambios de calado en la fiscalidad para los más acaudalados. Pactaron una “reforma global del sistema fiscal español”, con el objetivo de “lograr que contribuyan más quienes hoy se esfuerzan menos (grandes empresas y patrimonios y rentas del capital)”.
La mención al impuesto a las grandes fortunas es menos taxativa. De hecho, en su día Sumar se quejó de las reticencias del PSOE para sellar compromisos concretos: “Evaluaremos los resultados del Impuesto Temporal de Solidaridad de las Grandes Fortunas con el objetivo de avanzar hacia una nueva tributación de la riqueza en el marco del modelo de financiación autonómica para acabar con la competencia fiscal desleal entre territorios”.
Con una negociación presupuestaria a punto de arrancar, aunque su futuro sea incierto, intentarán forzar al PSOE a establecer estas figuras. Primero tienen que arrancar las reuniones internas, y después abrir la ronda de encuentros bilaterales entre ambos actores y el resto de fuerzas políticas con representación parlamentaria.
Sin contactos en profundidad sobre los PGE
La intención de Sánchez es llevar las cuentas a la Cámara Baja antes de octubre, como marca la Constitución, y para ello prevé aprobar su nuevo techo de gasto en el Consejo de Ministros del próximo martes. La previsión es que inmediatamente después lleven a la Cámara Baja los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, qué sí son objeto de votación en el Parlamento. Junts ya los tumbó una vez, hace algo más de mes y medio, y ninguna de las dos partes aclara por qué, en esta ocasión, el desenlace debería ser distinto.
Moncloa admite que la viabilidad de las cuentas públicas está seriamente en entredicho, fundamentalmente por el impacto que tendrán en el debate político los congresos de Junts y ERC, socios necesarios para garantizar su aprobación. De hecho, distintas fuerzas aseguran que, a menos de un mes de que expire el plazo para presentar las cuentas “en tiempo y forma”, no ha habido contactos en profundidad con el Ejecutivo.
En el caso del socio minoritario de la coalición, fuentes de los partidos que integran el espacio representado por Yolanda Díaz también reconocen que aún no han comenzado las negociaciones. “Lo de verdad aún no ha empezado”, aseguran. Sí hubo conversaciones esporádicas en julio. Y también hace meses, cuando negociaron las cuentas para 2024, antes de que el adelanto electoral en Cataluña llevara al presidente a tirar la toalla. Ahora tienen 25 días para pactar unos mínimos con el PSOE, llevar las cuentas al Consejo de Ministros y después trasladarlas a la Cámara Baja. Si el Ejecutivo quiere cumplir con sus propios plazos.