16 de abril. El juez Juan Carlos Peinado inicia una investigación contra Begoña Gómez a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias. Una denuncia basada en informaciones periodísticas. Algo que nace ya de forma inusual para Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma: “Lo normal hubiera sido que el juzgado hubiera dicho que con lo aportado en la denuncia de Manos Limpias no bastaba. Hay jurisprudencia que dice que tiene que haber algo más allá de recortes de prensa”, explica en declaraciones a Artículo14.
¿Qué decían esas informaciones? El Confidencial publicó que Begoña Gómez había firmado un contrato con la empresa Globalia, matriz de la compañía aérea Air Europa, justo el año que el Gobierno rescató a esa empresa con dinero público por los estragos de la pandemia.
Otra de las noticias señalaba que Begoña Gómez firmó cartas de recomendación para el empresario Carlos Barrabés al que conocía por el máster que impartía en la Universidad Complutense. La noticia apuntaba que Barrabés había conseguido gracias a ella contratos públicos de la sociedad estatal Red.es por valor de 10 millones de euros.
22 de abril. El juez Peinado comunica la condición de investigada a Begoña Gómez, pero no le llama a declarar. Manuel Cancio afirma que esto es raro a su juicio: “Para mí es una incongruencia llamarle investigada y no citarle a declarar”.
24 de abril. Esta fecha es clave. El citado periódico hace pública la investigación del juez Peinado por la mañana y Pedro Sánchez manda la carta a la ciudadanía anunciado que necesita reflexionar esa misma tarde. El jefe del Ejecutivo amaga con dimitirá aunque finalmente resiste. Ya era consciente que su mujer estaba siendo investigada, tal y como informó este periódico.
25 de abril. La Fiscalía pide que se deje de investigar y solicita el archivo del caso. El Ministerio Público considera que la denuncia de Manos Limpias no aporta ningún indicio que justifique la apertura de causa penal.
21 de mayo. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil envía un informe al juez Peinado advirtiendo de que no ve indicios de delito.
22 de mayo. El juez desoye tanto el recurso de la Fiscalía y el informe de la UCO y sigue adelante con la investigación. Llama a declarar a más testigos del caso.
24 de mayo. Varios medios como este periódico publica que el juez apercibe al fiscal por sus “visitas frecuentes e inusuales” al despacho para interesarse por el transcurso de la investigación. Además, el juez solicita el DNI de Begoña Gómez.
29 de mayo. La Audiencia provincial de Madrid dice que hay más sospechas de posibles delitos. Avala al juez para que siga investigando en contra del criterio de la Fiscalía. Eso sí, reconoce que la denuncia tiene partes “inverosímiles” y pide que la investigación se centre únicamente a las ayudas públicas que recibió Carlos Barrabés, el compañero de máster de Begoña Gómez
A efectos jurídicos, no cambia mucho el hecho de que el juez le llame investigada o no si no le cita a declarar. Pero a efectos políticos el relato importa y parece que el calificativo de investigada aporta más culpabilidad o al menos despierta sospechas. La sesión de Control al Gobierno se centró prácticamente en exclusiva sobre el caso que afecta a la mujer del presidente.
Independientemente de cómo se refiera el juez a Begoña Gómez, el caso está centrando el debate político en plena campaña para las europeas. De hecho, es evidente que el PP lo está usando como estrategia electoral. Pese a ello, Alberto Núñez Feijóo ha dado la orden de echar el freno en la comisión de investigación en el Senado y dejará pasar las elecciones para convocar a Sánchez a este órgano parlamentario. Además, de momento, evita citar a Gómez como le reclaman sectores de su partido.