Este viernes Begoña Gómez vuelve a los juzgados de Plaza Castilla. Entrará por el garaje y tendrá que enfrentarse a las preguntas del juez Juan Carlos Peinado. Ha vuelto a pedir que no se grabe en vídeo la declaración, pero el 5 de julio no se le concedió este deseo y todo apunta a que esta vez tampoco.
Su abogado, Antonio Camacho, intenta hasta el último minuto bloquear la investigación de Peinado que considera prospectiva. Por eso en la tarde de este jueves, a menos de 24 horas de la declaración de Gómez, envió un nuevo recurso pidiendo que se suspendiera la declaración de los vicerrectores de la UCM porque en la denuncia inicial de Manos Limpias no aparecían sus nombres: “la denuncia que dio lugar a la incoación y que ha de delimitar el ámbito objetivo de la investigación no hacía referencia alguna a la Universidad Complutense de Madrid ni a ningún hecho indiciariamente constitutivo de delito producido en su seno”, denuncia Camacho que califica la citación de “impertinente”.
La relación casi epistolar establecida entre Camacho y el juez Peinado tiene ya dos meses de vida. Desde que Gómez fue citada a declarar. Aquí todas las claves del caso para no perderse en el entramado judicial.
¿Dónde nace la investigación a la mujer del presidente del gobierno?
Todo viene por una denuncia interpuesta por el sindicato ultraderechista Manos Limpias en la que se recopilaban titulares de prensa que recogían presuntas corruptelas en los negocios de Begoña Gómez.
La Fiscalía pidió a la Audiencia de Madrid, órgano superior de los juzgados de Plaza Castilla, el archivo de la causa. Esta se negó, aunque admitió que la denuncia de Manos Limpias tenía “datos erróneos e inverosímiles” que no eran objeto de investigación. Sí vio indicios de delito de tráfico de influencias y corrupción en una parte de la denuncia.
La Audiencia dio el visto bueno a que se investigara el hecho de que Begoña Gómez valiéndose de su condición de esposa del presidente del gobierno firmara cartas de recomendación para conseguir adjudicaciones públicas para Juan Carlos Barrabés, un empresario que impartía con la mujer del presidente un máster en la Universidad Complutense. Según esas noticias, Barrabés habría obtenido 12 millones de euros para su empresa.
La denuncia fue admitida a trámite por el juez de instrucción de Plaza Castilla, Juan Carlos Peinado, el 16 de abril. Días después Pedro Sánchez publicó en X su primera carta a la ciudadanía diciendo que “el ataque era tan grave y burdo que necesitaba pararse a reflexionar”. Dejó el presidente al país, a su gobierno y a su partido cinco días en vilo, finalmente no dimitió.
¿Qué dicen los informes de la UCO?
El juez Peinado encargó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil investigar el contenido de esta denuncia. Este cuerpo ha aportado ya dos informes a la instrucción del caso. En ninguno de ellos se han hallado indicios de delito, pero el juez en ningún momento se ha planteado archivar la causa. El último informe de la UCO asegura que las adjudicaciones públicas a Barrabés “Se habrían desarrollado, aparentemente, con normalidad y bajo los principios que rigen la contratación pública”, reza el informe.
¿Cuándo se convirtió en imputada?
El 5 de julio el juez Peinado envió la citación a Begoña Gómez otorgándole la condición de imputada en el caso. Lo hizo a cinco días de las elecciones europeas y fue muy criticado por ello. Pedro Sánchez envío su segunda carta a la ciudadanía. En este caso para asegurar que acabaría la legislatura y que apoyaba a su mujer al cien por cien. De hecho, días después apareció Begoña Gómez junto a su marido en un mitin del PSOE en Benalmádena.
¿Qué parte de la investigación tiene la Fiscalía Europea?
Precisamente, la única parte de la denuncia inicial que la Audiencia vio como objeto de investigación la asumió la Fiscalía Europea el 11 de junio porque el dinero de esos contratos públicos que habría obtenido la empresa de Barrabés se sufragó con fondos europeos. Es decir, con dinero que venía directo de la Unión Europea. La Fiscalía Europea envió a la UCO a la empresa pública Red.es, la concesora de las adjudicaciones a Barrabés, para recabar más información.
Entonces, ¿qué investiga Peinado?
Esta pregunta es la que ha hecho en numerosos recursos enviados al juez el abogado de Begoña Gómez, Antonio Camacho. A lo que el magistrado contestó que solo había trasladado a Europa uno de los tres bloques de investigación en los que trabajaba para dilucidar si Gómez incurrió en un delito de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Incluso apuntó Peinado que están dentro de la investigación el resto de las informaciones incluidas en la denuncia inicial contra Begoña Gómez del sindicato ultraderechista Manos Limpias. Dijo el juez que se la investiga por todos los “actos, conductas y comportamientos desde que su esposo es presidente del Gobierno”.
¿Qué han dicho hasta ahora los testigos?
Al estar en fase de instrucción aún no se conocen las declaraciones íntegras, pero en lo filtrado a la prensa la más interesante y la que puede poner contra las cuerdas a Begoña Gómez es la declaración de Barrabés que admitió que se había reunido con Gómez en la Moncloa y que hasta en dos ocasiones estuvo presente el presidente del Gobierno para hablar de “innovación”.
¿Por qué se repite la citación?
Begoña Gómez en principio estaba llamada a declarar el 5 de julio. Al llegar a los juzgados, la defensa de Gómez manifestó que no se les había notificado oficialmente una nueva denuncia de la plataforma ultraderechista HazteOír que el juez Peinado había admitido a trámite.
“El juez ha propuesto que la leyera en el pasillo durante una o dos horas y luego se tomara declaración, a lo que también me he negado. El derecho de defensa requiere un estudio, ir a fijación de una estrategia no es algo que se pueda hacer leyendo una querella de más de 200 folios en el descansillo de los juzgados”, explicó el abogado de Gómez, Antonio Camacho, al salir del juzgado. Por tanto, la declaración fue aplazada quince días hasta este viernes 19 de julio.
¿Qué papel tiene la Universidad Complutense?
La querella de Hazte Oír se centraba en la Cátedra que dirigía Gómez en la Universidad Complutense. En concreto en un software que crearon Indra, Telefónica y Google de manera gratuita para el máster.
Resulta que Begoña Gómez controla el 100% de la empresa que ofrece el software. La mujer de Pedro Sánchez habría registrado la aplicación informática en la Oficina Española de Patentes y Marcas a su nombre.
La función del software consistía en que las empresas conocieran el grado de aplicación de los objetivos de desarrollo sostenible y pudieran recibir consejos para mejorar su impacto social y medioambiental. Ahora la Complutense trata de dilucidar si “hubiera existido una apropiación indebida de determinados productos que se entienden titularidad de esta Universidad (plataforma o software)”. Por eso traslada al juez Peinado las investigaciones recabadas y pide que prosiga con la investigación.
¿Por qué Begoña Gómez puede entrar por el garaje?
Es una decisión de la jueza decana María Jesús del Barco a petición del departamento de seguridad de La Moncloa.
Considera que la expectación del caso y las manifestaciones convocadas a la puerta del juzgado pueden suponer un riesgo. Por eso “aconsejan esta forma de acceso para garantizar, tanto la seguridad de la señora Gómez como la de los otros concurrentes y el normal funcionamiento de los juzgados, con la finalidad de prevenir incidentes que pongan en riesgo la integridad física de la investigada”, según reza el informe remitido por los juzgados.
De esta forma, Begoña evita el paseíllo ante los medios de comunicación y la foto subiendo la escalinata de los juzgados. Una decisión que las acusaciones populares Hazte Oír e Iustitia han recurrido al Consejo General del Poder Judicial porque denuncian que se le “conceden determinados privilegios”.
¿Qué es investigación prospectiva?
Es a lo que alude la defensa de Gómez y ministros del gobierno de Pedro Sánchez, el último Óscar Puente.
Se refieren a que el juez Peinado está investigando indiscriminadamente “la vida y obra” de Begoña Gómez por ser la mujer del presidente para poder incriminarle algo. La investigación prospectiva no entra dentro de la ley.