Ocho de cada diez catalanes (83%) creen que su Comunidad aporta más recursos al Estado de los que recibe. Esta sensación de agravio comparativo no es exclusiva de Cataluña: madrileños y vascos también se sienten perjudicados, aunque en menor medida. En ambos casos, dos de cada tres ciudadanos consideran que su Comunidad paga más al Estado que otras, pero recibe menos a cambio.
El sentir general de los españoles sobre el reparto del dinero público en España podría resumirse de la siguiente manera: “Mi Comunidad aporta más recursos al Estado que las demás y, además, recibe menos a cambio”.
Cataluña y el País Vasco son percibidas como las comunidades más beneficiadas por este desequilibrio subjetivo entre lo que se aporta y lo que se recibe, según la mayoría de los ciudadanos que viven fuera de estos territorios.
Esta fotografía del agravio territorial fue captada por Metroscopia hace dos años en su Pulso de España, antes siquiera de que se gestara la idea de un pacto fiscal para Cataluña. Los datos de este estudio ofrecen unas claves preliminares para entender el posible coste electoral que el PSOE podría tener en los “territorios no singulares”, es decir, el resto de España fuera de Cataluña, País Vasco y Navarra.
Pablo Iglesias ha sido el político español que expresó de manera más clara la fórmula para evitar que la derecha gobierne en España: construir un bloque plurinacional que aísle al PP y elimine la influencia de partidos bisagra. Iglesias culminó su idea al convencer a Pedro Sánchez de la necesidad de incorporar a los independentistas catalanes y vascos a la dirección del Estado. Tanto Iglesias como Sánchez, con su particular ábaco electoral, debieron suponer que podrían minimizar el coste electoral en el resto de España, mientras convierten Cataluña, País Vasco y Navarra en ‘territorio comanche’ para la derecha. En estas tres Comunidades, que concentran alrededor del 20% del censo, los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez obtuvieron el 75% de los votos en las últimas elecciones generales, frente al 21% logrado por la suma de PP y Vox.
¿Y el coste electoral en el resto de España?
Sin duda, lo habrá, pero Ferraz apuesta por un alcance limitado. Los barones territoriales como Page y Lambán pueden mostrarse firmes y contundentes, pero la realidad electoral parece transitar más cerca del titular a cuatro columnas de El País tras el Comité Federal: “Sánchez muestra el control del partido en el pulso autonómico”.
El pacto fiscal es, en realidad, un ‘pacto malayo’: sus efectos no se producirán de golpe, necesita de tiempo de la misma manera que la tortura malaya lo necesita para perforar el cráneo de su víctima. El presidente del Gobierno es consciente de tener que contrarrestar la fuerza argumental utilizada por la oposición y por el socialismo crítico: “Este acuerdo privilegia a las Comunidades ricas frente a las menos prósperas”, y tal vez “hasta provocará el cierre de centros de salud en Cáceres”. Sin embargo, Sánchez sabe que los efectos de este ‘goteo’ no serán inmediatos y, si los problemas llegan, siempre podrá culpar a la derecha por su querencia a los recortes en derechos.
Pedro Sánchez es, a mi juicio, el político que mejor conoce a su base social actualmente. Sabe que esta medida es impopular y que los líderes socialistas fuera de estos territorios van a dejarse muchos pelos en la gatera para defender las bondades de la singularidad catalana. Pero también confía en la robustez del aparato digestivo socialista y en su probada capacidad de asimilar materiales pesados. La amnistía fue difícil de aceptar para el grueso de su votante, pero su coste electoral ha sido más molesto que devastador, más turbativo que ‘tumbativo’. El rechazo a la venida de la ultraderecha y la patrimonialización de las buenas intenciones siguen siendo dos motores potentes de los socialistas en campaña.
El reciente acuerdo fiscal para Cataluña será un test de estrés para el muro que comenzó a levantarse en el Congreso de los Diputados durante la sesión de investidura. Y pone también a prueba la solidez de la mayoría progresista. Sánchez parece entender que sus posibilidades de retener la presidencia en las próximas elecciones pasan por la fragmentación del voto de la derecha y por la disputa de la condición de primera fuerza, incluso a costa de vampirizar apoyos a sus socios.
En resumen, se trata de asegurar que, aunque no se gane en votos, la diferencia entre el primer y segundo partido no sea insalvable, evitando que el PP logre una posición dominante. Así, se consolidaría la actual dinámica electoral en la que es posible ganar perdiendo, o hacer que los demás pierdan, aunque ganen.