Era la sexta vez que Alberto González Amador acudía a los juzgados de Plaza Castilla, pero la primera que declaraba por los dos nuevos delitos que se le imputan, que son corrupción y administración desleal. Según fuentes jurídicas consultadas por Artículo14, la pareja de Isabel Díaz Ayuso salió “contento” de la sala, con el pleno convencimiento de que esta pieza quedará archivada. Y es es, precisamente, su objetivo.
González Amador necesita anular una de las dos causas porque si fuera condenado en ambos tendría “muy difícil” eludir “una pena de cárcel”, según coinciden diversas fuentes jurídicas.
En la pieza originaria se le investiga por falsedad documental y fraude fiscal. Bajo la lupa de la jueza están las declaraciones de Hacienda de González Amador en los años 2020 y 2021. A través de su empresa Maxwell Cremona, habría puesto en contacto a compañías extranjeras con otras empresas españolas para la compraventa de material sanitario. Entre las empresas que medió estaría la de Fernando Camino, presidente de Quirón, el gigante sanitario de salud.
Su papel fue de mero intermediador y, por ello, se llevó́ una comisión de dos millones de euros. El quid de la cuestión es que intentó evadir impuestos con estas transacciones millonarias a través de un entramado de ingeniería fiscal muy complejo con el que logró defraudar 350.000 euros al erario público. Datos extraídos de un informe de la Agencia Tributaria que llevó a la Fiscalía a presentar una denuncia contra la pareja de Ayuso.
Este bloque de la investigación estaría muy avanzado. González Amador, tras posponer su declaración cuatro veces, se negó a declarar a la quinta porque tenía recurrida la otra pieza separada que se le abrió meses después. Pero la jueza Inmaculada Iglesias siguió adelante con la instrucción. Interrogó a los peritos de Hacienda, que ratificaron lo ya acreditado en la inspección.
Esto es, es difícil demostrar que el fraude fiscal no existió. De hecho, su abogado ya admitió en su día los dos delitos y planteó un acuerdo de conformidad a la Fiscalía por el que se ofrecía a cumplir ocho meses de pena de cárcel y pagar 491.000. Si la cosa quedara así el novio de Ayuso eludiría la prisión por ser una pena inferior a dos años y carecer de antecedentes penales.
Pero resulta que las acusaciones populares personadas en el caso representadas por PSOE y Más Madrid vieron otra posible infracción. La jueza accedió a abrir una pieza separada por fraude fiscal y falsedad documental, que la Audiencia Provincial de Madrid avaló. Una pata de la investigación que podría manchar el historial delictivo de González Amador. Extremo que le obligaría a cumplir la pena de cárcel de ocho meses que él mismo ofreció.
En esta segunda pieza, la jueza indaga en si González Amador compró la sociedad ‘Círculo Belleza’ a la mujer del presidente de Quirón por medio millón de euros en contraprestación a su intermediación para la compra de material sanitario durante la pandemia. A priori, la empresa estaba destinada a cumplir funciones de asesoría, pero en la inspección de hacienda se acreditó que la empresa no contaba con medios materiales suficientes, ni empleados para ejercer esa actividad.
Este jueves, durante dos horas y media, el novio de Ayuso mantuvo que compró la sociedad porque el valor que le aportaba era la red de distribución que tenía la empresa. Los clientes, contactos y lugares a donde podía distribuir. Por ello, defendió que la operación no se trataba de una comisión encubierta, ni de un soborno. También documentó sus ingresos de Quirón Prevención.
Alberto González rebautizó la sociedad como Masterman & Whitaker. Al final, esta empresa se acabó encargando de la expansión en Latinoamérica y de la implantación de un sello de calidad para el sector de la sanidad privada que trataba de obtener la Fundación Jiménez Díaz, el principal hospital del Grupo Quirón en Madrid.
Maxwell emitió una factura a Masterman de 600.000 euros más 126.000 de IVA. De esta forma, consiguió trasladar de una de sus empresas a la otra los ingresos procedentes de lo firmado con grupo Quirón. De ahí que Hacienda sospeche que Masterman es una sociedad instrumental. Con respecto a esto, González Amador justificó ante la jueza que no hay sociedad interpuesta porque lo que intentaba hacer era agrupar todos sus negocios en la misma sociedad.