Alberto González Amador acapara casi tantos titulares como su pareja, Isabel Díaz Ayuso. Imputado por unos presuntos delitos de fraude con Hacienda y falsedad documental, ha iniciado una batalla legal contra Pedro Sánchez y parte de su equipo por acusarle de “delincuente” y ha provocado un hito histórico, la imputación por primera vez del Fiscal General del Estado, que se resiste a dimitir.
Aquí, una guía para entender las claves del caso:
¿Por qué está imputado?
La Agencia Tributaria comenzó una inspección a González Amador en mayo de 2022. Dio hasta diecisite oportunidades para que explicara sus ingresos millonarios. Este proceso duró año y medio pero, ante las evasivas de su abogado para justificar su repentino aumento patrimonial, Hacienda lo denunció a través de la Fiscalía Anticorrupción.
El 22 de marzo, la jueza María Inmaculada Iglesias admitió la denuncia e imputó a González Amador por dos presuntos dos delitos de fraude con Hacienda y uno de falsedad documental que podrían entrañar hasta seis años y medio de prisión y multas millonarias.
¿De cuánto dinero estamos hablando?
Bajo la lupa está el aumento de la riqueza del empresario, que pasó de facturar poco más de 300.000 euros en 2018 y 2019, a 2.300.000 euros en 2020. En el año de la pandemia, la pareja de Ayuso se dedicó a intermediar con empresas extranjeras para traer material sanitario a España. Contratos con los que logró multiplicar por seis los beneficios de su empresa, Maxwel Cremona. Traía las mascarillas de FCS, una compañía con presencia en China, para después vender ese material a dos compañías españolas. En concreto, a Mape y el grupo Quirón, donde había trabajado como consultor sanitario.
En el informe de la Agencia Tributaria, que forma parte de la instrucción de la jueza, se señala que saltaron las alarmas cuando se dieron cuenta de que, a pesar de sus beneficios récord, González Amador pagó menos en su declaración de la renta de 2020 que de 2018: “No cuestiona la inspección que la empresa en los ejercicios comprobados incrementara su cifra de negocio y obtuviera ingresos procedentes de la prestación de servicios. Lo que cuestiona la inspección es que, habiendo obtenido un ingreso tan excepcional en 2020 y 2021, la base imponible del impuesto sobre Sociedades y la cuota tributaria no se haya visto incrementada en la misma proporción”, reza el documento.
Hacienda descubrió que el empresario emitió hasta quince facturas falsas a ocho empresas diferentes con “supuestos gastos” que tenía su empresa, Maxwel Cremona. Así se desgravaba impuestos en su declaración. Por ello, la jueza también pone el foco de la investigación en los dueños de estas empresas que ayudaron a González Amador a evadir hasta 350.000 euros en el pago de impuestos. Otras de las técnicas fue facturar a través de una sociedad pantalla, Masterman & Whitaker, servicios que había prestado su empresa original.
¿Qué papel juegan el PSOE y Más Madrid?
PSOE y Más Madrid se personaron como acusación popular en el caso para “proteger los derechos de los contribuyentes madrileños”, según argumentaron. Fueron ellos, precisamente, los que pidieron el aplazamiento de la declaración de González Amador en junio y solicitaron la ampliación de la investigación. Querían que también se le imputaran los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios y contables. Esto último la jueza lo rechazó en septiembre, pero aún no hay nueva fecha para la declaración de González Amador.
¿Por qué litiga contra ministros?
Justo después de que la jueza inadmitiera la ampliación de la investigación, González Amador emprendió una ofensiva judicial por difamación contra todos aquellos que apuntaban a sus presuntos actos delictivos. En este paquete estaban los partidos políticos PSOE y Más Madrid, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero; la ministra de Ciencia, Diana Moran; la concejal Rita Maestre; el director de comunicación del PSOE, Ion Antolín; e incluso el politólogo Alán Barroso.
A su juicio, estas personas han llevado a cabo contra él una campaña difamatoria basada en “especulaciones o conjeturas completamente infundadas con las que se pretende instrumentalizar políticamente su figura”. Todo ello, argumentaba González Amador, para “manipular a la opinión pública y desplazar el foco mediático de los presuntos casos de corrupción que afectan al actual Gobierno de coalición e incluso a familiares cercanos al presidente”.
Como paso previo a la interposición de las demandas, la defensa de González Amador presentó solicitudes de conciliación en las que requirió a los denunciados que se retractaran de sus palabras e indemnizaciones entre los 10.000 y los 30.000 euros por los daños morales ocasionados.
María Jesús Montero fue llamada a este acto de conciliación a principios de octubre y dio plantón al novio de Ayuso. Por eso, su abogado estaría ultimando una querella contra la vicepresidenta ante el Tribunal Supremo por intromisión ilegítima.
¿Por qué ha motivado la imputación del fiscal general del Estado?
Aparte de la ofensiva judicial contra políticos, también se querelló contra la Fiscalía. ¿El motivo? Cuando el caso de la pareja de Ayuso saltó a la prensa, el gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid intentó difundir en los medios de comunicación que la fiscalía se había puesto en contacto con González Amador para llegar a un acuerdo de conformidad. Lo cierto es que fue justo al revés. Fue su abogado quien intentó llegar a un acuerdo con la fiscalía para evitar que la pena de su defendido fuera tan alta. En el correo electrónico que envió la defensa del novio de Ayuso, reconocía los delitos fiscales cometidos.
La fiscalía para desmentir la información difundida por el gabinete de Ayuso publicó una nota de prensa con la cadena de mensajes que se intercambió el ministerio público con el abogado de González Amador. En esos correos electrónicos estaba la información fiscal del novio de Ayuso. De ahí que se querellara contra la fiscalía por revelación de secretos. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, asumió la responsabilidad última de esa nota de prensa. Por tanto, cuando se abrió una investigación por parte del Tribunal Superior de Justicia de Madrid para dilucidar cómo se gestó la circular de prensa, se consideró oportuno remitir al Tribunal Supremo la petición de la imputación del fiscal general (dada su condición de aforado). Por todo ello, ahora el fiscal general del Estado está siendo investigado por el Alto Tribunal por un presunto delito de revelación de secretos.
¿Por qué ahora inicia una querella contra Sánchez?
García Ortiz decidió no dejar su cargo y recibió el apoyo del Gobierno de Pedro Sánchez. Públicamente, el presidente del Gobierno defendió horas después de conocerse su imputación que el fiscal general había “hecho su trabajo, perseguir al delincuente” y se refirió a González Amador como “un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia”. Por su parte, el ministro de Justicia Félix Bolaños también se refirió a la pareja de Ayuso como “delincuente confeso”. Ambos miembros del Ejecutivo se referían así al empresario dado que, en el intento de acuerdo de conformidad enviado por su abogado, él mismo reconoció haber cometido delitos fiscales.
Sin embargo, las declaraciones propiciaron una nueva oportunidad para que el abogado de González Amador iniciara los trámites para dos eventuales querellas contra Sánchez y Bolaños si no se retractan de sus palabras y pagan una indemnización de 100.000 y 50.000 euros respectivamente.
