“¿Por qué el Gobierno respalda al Fiscal General del Estado?”, es la pregunta retórica que se formulan en el entorno de Alberto Núñez Feijóo. “Porque todo lo ha inducido el Gobierno, es cómplice, una pata más”. En la dirección nacional del Partido Popular empiezan a fantasear con la idea de que la imputación de Álvaro García Ortiz en el Tribunal Supremo -por un presunto delito de revelación de secretos sobre la situación procesal del novio de Isabel Díaz Ayuso– puede arrastrar a más de uno en el Palacio de la Moncloa. Por de pronto, la maniobra de Juan Lobato -líder del PSOE madrileño- de llevar ante notario unos mensajes que recibió de la mano derecha de Óscar López, antaño jefe de gabinete de Pedro Sánchez, para atacar a la presidenta madrileña, apunta en una dirección según fuentes populares: el entorno más íntimo del presidente.
Conforme se descubren detalles de este caso, en la sede de Génova 13 van haciendo su propia composición y anticipan un nuevo frente judicial para el Gobierno: “¿Habrá algún WhatsApp del Fiscal General con Sánchez, Bolaños o Santos Cerdán?”. Otro interrogante cuya respuesta también dan por sentada: “Sí”. La idea la jaleó Cayetana Álvarez de Toledo en la pasada sesión de control al Ejecutivo en el Congreso de los Diputados: “Señor Bolaños, tiene miedo. Y lo comprendo. La doctrina del hallazgo casual planea sobre su cabeza”.
Hace poco menos de un mes, la Guardia Civil registró durante doce horas el despacho de García Ortiz. Todavía no ha salido a la luz todo el material que incautó. Los populares no tienen dudas de que habrá mensajes comprometedores para el Gobierno, por mucho que hayan intentado destruirlos: “Que los borren no quiere decir que la UCO (Unidad Central Operativa) no los pueda recuperar”.
Para el equipo de Feijóo, cada vez está más clara la implicación del núcleo duro de Sánchez en la difusión de información confidencial de un particular por parte de una de las instituciones troncales del Estado: la Fiscalía General. “Esto acaba de empezar”, apuntan desde el entorno del líder de la oposición, donde creen que será cuestión de tiempo que salgan a la luz los mensajes de García Ortiz con Sánchez, Bolaños o alguna de las figuras clave del engranaje gubernamental. “Hay ‘lawfare’ en el Gobierno, están usando estamentos jurídicos para hacer política contra personas próximas a sus adversarios. En este caso, ni siquiera con la familia, porque Alberto González Amador es el novio de Ayuso, no están casados. El Gobierno y la Fiscalía han tratado de ajusticiarle”, denuncian en las filas populares.
Pese a ello, tal y como avanzó este periódico, en Génova se resisten a presentar una moción de censura, toda vez “no” tienen atados los números y esto generaría “frustración” en sus bases. Aún más, los populares dan por descontado que, pese a la acumulación de escándalos, el Ejecutivo logrará sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.
El caso Lobato
Ciertamente los problemas se le acumulan a Sánchez. Este lunes, otra bomba estalló en las filas socialistas cuando trascendió, por una información de ABC, que Lobato fue el primero en recibir una consigna desde Moncloa para disparar a Ayuso por la investigación de la Fiscalía a su novio y que éste ha decidido cubrirse las espaldas al llevar ante un notario los mensajes que le envió la jefa de gabinete de Óscar López, ahora ministro de Transformación Digital y, paradójicamente, el posible sucesor de Lobato al frente de la federación madrileña.
Al hilo de las revelaciones periodísticas, el Tribunal Supremo ha citado como testigo a Lobato en la causa abierta contra el Fiscal General. Su declaración se producirá este viernes. Ironías del destino, comentan en Génova: “Lobato, como testigo, está obligado a decir la verdad. Y tiene en sus manos la cabeza de Óscar López, que podría acabar imputado por este asunto”.
En la dirección popular han eludido cargas las tintas contra Lobato, al que ven una pieza menor que actúa en busca de su propia supervivencia no política, sino judicial: “Militar en el PSOE de Pedro Sánchez se ha convertido en un riesgo, Lobato está enmendado un error, ¿cómo puedes fiarte de alguien que está en la Moncloa? Ha ido al notario para protegerse a sí mismo”. Fuentes del PP aseguran que los socialistas tratan en las últimas horas de forzar la dimisión de su secretario general en la Comunidad de Madrid. Cosa que ni en la cúpula de los populares piden. “Sobre esto no tenemos nada que decir”. Lo que sí exigen, y con insistencia, es que el Gobierno “obligue a dimitir al Fiscal General”, para “preservar la institución que dirige”.