Tras conocer que será investigado por el Tribunal Supremo por cometer un presunto delito de revelación de secretos, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha confirmado que seguirá ocupando este puesto como hasta ahora, según él, ha venido haciendo: “Con pleno respeto a la Ley y al Estado de derecho”. Mediante un comunicado García Ortiz ha defendido esta posición, ya que tiene “el convencimiento de que la continuidad en el cargo es lo menos gravoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”. Asimismo, el fiscal general ha asegurado que con su decisión se “refuerza” la independencia del órgano.
Como el propio García Ortiz ha admitido, él es consciente de la repercusión que esta “inédita” atribución como investigado tendrá en el trabajo de los fiscales. Algo que le obliga a realizar una “profunda reflexión” sobre los hechos que la motivan, las circunstancias que la rodean y las consecuencias que puede generar “no solo en la futura actuación del Ministerio Fiscal, sino en toda la Justicia española”.
Es por ello que para este jueves ha convocado a la Junta de Fiscales de Sala y al Consejo Fiscal con el fin de “proporcionar las explicaciones oportunas” y escuchar qué tienen que decir los integrantes de los órganos de asesoramiento y consulta del fiscal general del Estado.
Cabe recordar que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado este miércoles por unanimidad abrir una investigación contra el más alto cargo de la Fiscalía por revelación de secretos. El Alto Tribunal ha encontrado indicios de delito por la publicación de los datos fiscales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. De esta manera García Ortiz se convierte en el primer fiscal general investigado de la historia.
En lo concerniente al caso, González Amador se querelló contra el fiscal general a principios de abril por la publicación de un comunicado por parte de la Fiscalía en el que se aclaraba que fue el propio González Amador quien ofreció un acuerdo al organismo y quien reconocía el fraude.
En el hilo de correos electrónicos González Amador se ofrecía a pagar y aceptaba la sanción penal. La nota de prensa emitida por la Fiscalía de Madrid desmentía que hubiera sido el Ministerio Fiscal quien ofreciera ese acuerdo de conformidad. Por ello, este miércoles el Tribunal Supremo también ha atribuido la condición de investigada a la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió al fiscal general del Estado datos para la elaboración de la citada nota.
Reacciones políticas
Una de las primeras figuras políticas en reaccionar a esta noticia ha sido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha defendido la “profesionalidad y honorabilidad” de García Ortiz.
Montero ha considerado que aquellos a quienes no les gustan las actuaciones de la Fiscalía están intentando “demonizarlo” e “intentan presentar querellas” contra el máximo responsable del órgano. “Pero insisto, aquí lo importante es que la Fiscalía se defendió solo y exclusivamente de una mentira de la señora Ayuso“, ha agregado.
Según la vicepresidenta primera, la líder del Ejecutivo madrileño mintió al afirmar que el Ministerio Fiscal le había ofrecido un pacto a González Amador, así como cuando indicó que “Hacienda era la que le debía dinero”. Una afirmación, según ha subrayado, falsa, ya que la pareja de Ayuso admitió que había cometido “un delito fiscal” y fue su abogado quien solicitó el pacto.