El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido este martes la independencia de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), Ángeles Sánchez-Conde, ante la posibilidad de que se haga cargo del informe reclamado por el Alto Tribunal para decidir si le investiga por un presunto delito de revelación de secretos por el caso de las filtraciones del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
“Dudar de la independencia y la profesionalidad de una altísima profesional que lleva casi 40 años en la Fiscalía española me parece sencillamente un despropósito. Creo que la teniente fiscal o cualquier fiscal de este país haría este trabajo con absoluta independencia”, ha señalado García Ortiz en Oviedo.
“Como bien saben ustedes, yo me he apartado de la causa desde el inicio de la misma por la implicación que tenía y yo creo que es mal camino dudar de la profesionalidad de los fiscales. Estoy aquí precisamente para demostrar que la Fiscalía Española es una fiscalía potente, independiente y con una altísima cualificación profesional por todos y cada uno de sus componentes”, ha añadido. García Ortiz ha insistido en su respeto al máximo de todas las decisiones que tomen los tribunales y, por supuesto, el Tribunal Supremo.
“Yo solo quiero transmitir el absoluto convencimiento de que la tranquilidad y el buen desarrollo de la institución es lo que va a predominar, y poco más. No hay que hacer cábalas sobre el futuro. Cuando llegue el futuro lo veremos, pero quiero transmitir esa confianza en el Tribunal Supremo y también en el trabajo que venimos realizando”, concluye.
Estas declaraciones llegan un día después de que la Sala de lo Penal del Alto Tribunal acumulara todas las acciones emprendidas contra García Ortiz, por la comisión de un presunto delito de revelación de secretos en el marco del caso donde se investiga a la pareja de Díaz Ayuso, y pidiera opinión a las partes, incluida la Fiscalía.
Asimismo, Alberto González Amador -pareja de Ayuso- ya ha pedido al Supremo que impute al fiscal general en relación a la orden que dio para que la Fiscalía de Madrid difundiera una nota sobre los correos entre su defensa y el fiscal Julián Salto.