Casi dos lustros han pasado desde el caso Zaida Cantera. Un caso que puso al ministerio de Defensa en el foco informativo por las políticas de actuación respecto al acoso. Cantera, entonces comandante del Ejército de Tierra, interpuso una denuncia al teniente coronel Lezcano, a raíz de la cual se abrió una polémica mediática que impulsó al ministerio dirigido por Pedro Morenés a aprobar una reforma dentro del Código Penal en 2015 para incluir el acoso sexual como delito.
Desde entonces, según los informes elaborados por el Observatorio de la vida militar, que recogen los datos de las denuncias presentadas desde 2016 (un año después de que entrara en vigor la nueva normativa) hasta 2022, la media de denuncias en estos siete años es de 30. Así: 2016 hubo 20, 2017, 35; 2018, 22; 2019, 35; 2020, 30; 2021, 39 y 2022, 38.
Estas denuncias se presentan y las registran la UPA (Unidad de Protección frente al Acoso). Desde el ministerio de Defensa se detalla que tiene como objetivo “garantiza la atención personalizada, confidencial y ágil a las posibles víctimas de acoso sexual o por razón de sexo”. Entre su personal: médico, psicólogo y jurídico que atenderán a la víctima, dentro de su ámbito de competencia.
La mínima condena para los agresores es de 6 meses, y la máxima, de 4 años. En 2016, de las 20 denuncias, sólo hubo 5 condenas, de las que 1 está en trámite. En 2017: de las 35, ninguna y 1 en trámite. En 2018: de las 22, 4 y 1 en trámite. En 2019: de las 35 , 5 y 5 en trámite. En 2020: de las 30, 3 y 6 en trámite. En 2021: de las 39, 2 y 11 en trámite. Y en 2022: de las 28, 0 y 16 en trámite. Además, a no todas las denuncias se le abre un procedimiento penal, algunas pasan por un procedimiento disciplinario. A fecha de hoy, de las 219 denuncias totales presentadas, hay 18 condenas y 42 están en trámite. Pero si se incluyen los procedimientos disciplinarios, se han tramitado entre 2016-2022, 219 denuncias que han dado lugar a 269 procedimientos, de los que 112 son penales y 157 disciplinarios.
Además de las denuncias, en los informes también se registran el número de llamadas y de correos recibidos para consultar como proceder en caso de acoso, comentarios despectivos sobre mujeres o recargas de trabajo tras solicitar flexibilidad para trabajar. En 2019, por ejemplo, se registraron 33 llamadas.
No sólo las víctimas son mujeres. En 2020, por ejemplo, de los 23 afectados, dos son hombres según el informe. Ese año también se registraron numerosas consultas telefónicas, 142. En 2021 también hay dos víctimas masculinas.
El número de denuncias no tiene por qué ser equiparable al de víctimas. Ese mismo año, por ejemplo, se presentaron 39 denuncias, de las que 46 son afectadas.
Casos de acoso
Precisamente, este informe señala el proceder del Tribunal Militar Territorial ante un caso de acoso, en el que dicho organismo no le dio entidad suficiente al ser un delito relativo al ejercicio de los derechos fundamentales. En este caso, una sargento, que por su su orientación sexual recibía insultos como «inútil», y «jodida enana de mierda». “La situación de aislamiento a la que fue sometida la sargento A por el grupo de suboficiales imputados era manifiesta y conocida por el resto de los miembros de la unidad, si bien, su superior jerárquico, el teniente P, que se incorporó al destino un tiempo después, consideraba que la sargento A no se relacionaba con sus compañeros, que no se enteraba de las cosas y que no se las hacía llegar a él, a diferencia de lo que hacían los demás suboficiales”, informa el documento.
En los últimos años los informes son más detallados, y el desglose también se realiza en función de los Tres Ejércitos: Mar, Aire y Tierra, siendo este último el que más denuncias registra.
Seguimiento y prevención
La Instrucción 66/2019 impulsó nuevas medidas en relación con el protocolo de actuación frente al acoso. Y dotó de nuevos cometidos a la UPA, como organizar la misión de coordinación, hacer seguimientos -de carácter retroactivo al año que se interpuso la denuncia-, colaborar con la Secretaría de Igualdad o elaborar un plan de apoyo individualizado de cada víctima. También se exige a los jefes de los Ejércitos a realizar campañas de sensibilización.
Antes de que se activara este protocolo de actuación, el acoso sexual era castigado a través de dos delitos del Código Penal Militar de 1985: el «abuso de autoridad» (si el acosador tenía más empleo que la víctima) y el «insulto a superior» (si el acosador tenía menos empleo que la víctima). En la reforma del Código Penal Militar se contemplaba el acoso sexual vertical descendente (de superior sobre subordinado), acoso sexual vertical ascendente (de subordinado sobre superior) y acoso sexual horizontal (entre militares del mismo empleo).
Desde que llegara al ministerio en 2018, la ministra de Defensa, Margarita Robles, prometió que habría “tolerancia cero” frente al acoso en el Ejército, y estableció la igualdad de las mujer en las Fuerzas Armadas y la lucha contra el acoso como sus dos pilares. “Las Fuerzas Armadas deben ser un fiel reflejo de los mejores valores de la sociedad, por ello, igual que ocurre en otros ámbitos, hemos de hacer un decidido esfuerzo por la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de nuestros Ejércitos y la Armada”, aseguró.