El caso de la filtración de datos de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, se extiende cada vez más a toda la cúpula fiscal. Ahora está en riesgo el puesto de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, la número dos del fiscal general del estado, Álvaro García Ortiz, imputado por un presunto delito de revelación de secretos. Se da la circunstancia, nunca antes vista, de que la representación fiscal en el caso, la lleva el segundo eslabón de la cúpula fiscal. Esto es, Sánchez Conde ejerce la representación del Ministerio Público en el caso que investiga a su jefe directo. Y ahí es donde ven conflicto desde la la Asociación Profesional Independiente de Fiscales y la defensa del novio de Ayuso que piden que se aparte del caso.
En este contexto, el fiscal Salvador Viada , presidente de la APif, dijo haber visto a García Ortiz y Sánchez Conde mirando el teléfono móvil del fiscal justo el día en el que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil registró las oficinas de la fiscalía general en la calle Fortuny de Madrid. La Apif consideró “sorprendente” que una fiscal asignada a un asunto estuviera “examinando con un investigado, sin estar presente su abogado, una prueba central del delito investigado”. El juez Ángel Hurtado aceptó investigar este hecho y solicitó a la empresa de seguridad las grabaciones de las cámaras de las oficinas de la fiscalía general para constatar que García Ortiz y Sánchez Conde hubieran mantenido ese encuentro. Pero la empresa de seguridad comunicó que no había cámaras. De ahí que el instructor Ángel Hurtado consideró “pertinente” la testifical de Viada ya que ese encuentro “podía aparentar una muestra de una afinidad y proximidad con el investigado”, que era “conveniente aclarar ante las quejas formuladas por algunas de las acusaciones por tales muestras”.
Viada a la salida de su testifical de este martes, en declaraciones a la prensa, sostuvo que había relatado al juez la conversación que vio ese día entre García Ortiz y Sánchez Conde en la que estaban observando el dispositivo electrónico: “Yo lo que pienso, obviamente, no es que están borrando cosas, sino que están mirando (…) Un fiscal no hace eso. Un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia. Eso es lo que nos han enseñado siempre. También lo dice el código ético. Y ese es el tema”, sentenció el presidente de la Apif. Una asociación de fiscales que cabe recordar que está formada por parte de la carrera fiscal de corte conservador y, habitualmente, contraria a las acciones de García Ortiz.
Sánchez Conde, en el alambre
El futuro de Sánchez Conde en el caso es incierto en este momento. Fuentes del Alto Tribunal consultadas por Artículo 14 sostienen que se podría pedir al juez que se recusara a la número 2 de García Ortiz pero “no serviría de mucho” porque “el fiscal no es recusable. A diferencia de los jueces, todos representan a la misma institución. Son fungibles. Tienen obligación de abstenerse y si no lo hacen pueden incurrir en una responsabilidad disciplinaria. Pero no pueden ser recusados”. Es decir, el Supremo no puede apartar del caso al fiscal. Es ella quien tiene que decidir abstenerse. De lo contrario, lo que sí podría es enfrentarse a un expediente disciplinario. En concreto a una falta muy grave recogida en el estatuto orgánico del fiscal, explican fuentes fiscales a este periódico. La consecuencia última de este expediente podría apartar de la carrera definitivamente a la número 2 del fiscal general.
El caso de la filtración de datos fiscales de la pareja de Ayuso salpica ya a la asesora de Oscar López, Pilar Sánchez Acera, citada a declarar como testigo en el Alto Tribunal. Ha terminado con la dimisión del Secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato. En el caso, también son protagonistas los periodistas que publicaron la filtración, los encargados de comunicación de la fiscalía que enviaron la nota de prensa a los medios y toda la cúpula fiscal. En suma, lo que empezó por el reconocimiento por parte de González Amador de delitos fiscales, ha terminado por ser un caso en el Supremo que se extiende por instituciones, sectores y ámbitos.
