A la solemnidad propia de la apertura del Año Judicial se le ha sumado el hito de que una mujer presidiendo por primera vez el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Supremo. El discurso de la magistrada Isabel Perelló de ayer, jueves, se produjo en un momento de máxima tensión entre la Judicatura y el Gobierno por las acusaciones de “lawfare” desde el Consejo de Ministros a los jueces. Y Perelló no dudó en reivindicar la independencia judicial y en reclamar el fin de los ataques a la Justicia.
Perelló ha llegado al cargo en un momento difícil. En la agenda inmediata del Alto Tribunal está la imputación del fiscal general, Álvaro García Ortiz, que parece llamado también a hacer historia. En los próximos días el Supremo admitirá, previsiblemente, a trámite la exposición razonada del Tribunal Superior de Madrid que pidió -el pasado mes de julio- imputar a García Ortiz por la querella de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El juez del TSJM, Francisco José Goyena, entiende que pudo haber un delito de revelación de secretos en la nota de prensa publicada desde la Fiscalía, a petición del propio García Ortiz, en la que se desvelaban detalles de la situación procesal de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid acusado de dos delitos de fraude fiscal.
“Nos encontramos ante la tesitura de que la cabal prosecución de las presentes diligencias haría, a nuestro juicio, necesario su contrastación con la versión de los hechos que pudiera dar el fiscal general del Estado”, expuso el TSJM en el escrito en el que elevaba el caso al Supremo por la condición de aforado de García Ortiz.
Ahora será la Sala de Admisiones del Tribunal Supremo la que, tras valorar las alegaciones de la Fiscalía, asuma la petición del TSJM, según han confirmado fuentes del Alto Tribunal a Artículo14. Desde este momento, Álvaro García Ortiz, pasaría a ser el primer fiscal general de la democracia imputado.
La Sala encargada de tomar esta decisión está compuesta por los magistrados Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio García del Moral, Susana Polo y Carmen Lamela quienes nombrarán instructor. Será éste quién cite a declarar al fiscal general como imputado para garantizarle el derecho a la defensa.
Al margen de la imputación, fuentes judiciales ya consideran una “anomalía” que la número dos de la Fiscalía General del Estado, Ángeles Sánchez Conde, tenga que pronunciarse sobre la conducta de su “jefe” . “Es una muestra de las tensiones a las que está sometida la institución”, apuntan.
El fiscal general ha descartado que vaya a dimitir tras recibir el apoyo de Sánchez
Pese a la imputación, el fiscal general no va a abandonar su puesto de forma voluntaria. Desde su entorno trasladan que está convencido de que actuó conforme a derecho y no reveló secreto alguno al ordenar la publicación de la nota de prensa que “desmontó el bulo”- puntualizan-de que había sido la Fiscalía quien había ofrecido un acuerdo de conformidad a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
En esta línea García Ortíz remitió una carta al TSJM en la que asumía haber ordenado la publicación de la citada nota de prensa para “poner fin a una mentira” y sostenía que no había desvelado ningún dato que no hubiese “filtrado” ya la pareja de Ayuso.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también se ha acogido al argumento del “bulo” para defender la continuidad de García Ortiz en su cargo incluso tras ser imputado. “El origen de todo es que el fiscal general del Estado para defender a la Fiscalía de Madrid lo que hace es publicar una nota aclarando un bulo que sale de la mano derecha de la presidenta de la Comunidad de Madrid, el señor Miguel Ángel Rodríguez, para tratar de desinformar sobre un caso a afecta directamente a la presidenta de Madrid. ¿Y se le va a imputar por eso al fiscal general del Estado?”. La respuesta es sí, salvo sorpresa mayúscula.