“Negro”. Así de categóricos y escuetos se mostraban ayer en el Tribunal Supremo al ser preguntados por el futuro judicial del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras conocerse que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) le atribuye una “participación preeminente” en la filtración de datos de la pareja de la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
La apreciación choca con la postura del Gobierno que está dispuesto a sostener a García Ortiz hasta el final. “No va a dimitir” corroboraban a Artículo14 hasta dos ministros al ser preguntados por si las nuevas revelaciones en la investigación en la que el fiscal general está imputado, habían hecho que La Moncloa se replantease su apoyo.
El argumento del gabinete de Pedro Sánchez es que jurídicamente el informe de la UCO no “cambia nada respecto a lo que había”. El juez del Supremo, Ángel Hurtado, investiga si García Ortiz incurrió en un delito de revelación de secretos sobre los correos en que Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ofrecía un pacto a la Fiscalía en el que se declaraba culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros de los beneficios obtenidos por la venta de mascarillas en la pandemia.
“Valoración estética”
Más allá de lo judicial hay miembros en el Consejo de ministros que asumen el desgaste de mantener el respaldo al primer fiscal general de la historia imputado. “Depende de la valoración estética que se quiera hacer”, resume a este diario uno de lo ministros más cercanos al presidente al ser preguntado por la conveniencia en el plano político de atarse al futuro de García Ortiz.
Sánchez parece dispuesto a mantener hasta las últimas consecuencias aquella polémica declaración en RNE en la que se atribuía todo el poder sobre la Fiscalía. “¿De quién depende el fiscal general?” se preguntaba de forma retórica el presidente. La investigación de la Guardia Civil apunta a la literalidad de aquella expresión dado que según fuentes de la investigación el volcado de los datos incautados durante el registro en el despacho de García Ortiz podría acabar trazando una línea directa con Moncloa.
Despacho de García Ortiz
El pasado 30 de octubre el juez ordenó el registro del despacho de García Ortiz en la Fiscalía general del Estado y de la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también investigada en la causa ante “la existencia de sospecha objetivamente fundada de la comisión de una concreta infracción criminal”. Durante más de diez horas agentes de la Guardia Civil estuvieron recabando pruebas en los teléfonos móviles y dispositivos informáticos.
Las pesquisas fruto del citado registro serán determinantes a la hora de acreditar que García Ortiz cometió un delito de revelación de secretos. El informe de la UCO conocido ayer analiza la información incautada a la jefa de la Fiscalía provincial de Madrid y refleja un intercambio de mensajes con su superior y otros miembros de la institución en los que el propio fiscal general requiere la documentación sobre la pareja de Ayuso para “cerrar el círculo”.
Ante el juez
Desde el Supremo apuntan a que el juez Hurtado acabará concretando que el filtrador fue García Ortiz e insisten en que aún queda mucho material incautado en el citado registro por analizar. En los próximos meses se vaciará el contenido de los otros dispositivos, entre los que está el móvil del fiscal general. Está previsto que el juez le llame a declarar en un plazo de hasta tres meses dado que primero tomará declaración a los otros fiscales implicados.
García Ortiz ha intentado invalidar el registro en su despacho. La Abogacía del Estado, que ejerce como su defensa, pidió anular las pesquisas por su “manifiesta y notoria desproporción” si bien su petición fue desestimada. Los temores sobre qué podrían hallar los investigadores en los correos electrónicos, móviles y ordenadores parecen fundados. Como señala el propio García Ortiz, parece que el círculo se cierra.
