Testigo clave. Almudena Lastra, la fiscal superior de la Comunidad de Madrid, puede acabar siendo el talón de Aquiles de Álvaro García Ortiz. El juez del TSJM, que investiga la querella de la pareja de Isabel Díaz Ayuso por un presunto delito de revelación de secretos, empezó ayer a practicar diligencias. Alberto González Amador tendrá que acudir el día 24 a ratificar la denuncia contra el fiscal de Delitos Económicos, Julián Salto, y la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, María Pilar Rodríguez, a los que acusa de filtrar datos de su expediente con Hacienda. El magistrado quiere constatar la veracidad de la denuncia, pero también poner nombre y apellido al “máximo responsable” que dio la orden de publicar la nota de prensa de la discordia.
El 14 de marzo, la Fiscalía difundió a los medios un comunicado en el que se desvelaba que el abogado de la pareja de Ayuso había intentado llegar a un acuerdo asumiendo así el fraude fiscal. La nota recogía entrecomillados literales de los correos entre el letrado de Alberto González Amador y el fiscal Julián Salto. Ahora el juez del TSJM ha remitido un escrito a la Fiscalía Provincial para que identifique a “quién o quiénes fueron las personas físicas concretas que intervinieron en la decisión de hacer público dicho comunicado de prensa y el máximo responsable (en rango) de la carrera fiscal que acordó o dio el visto bueno a la decisión”.
El plazo para aportar la inforamcióne es de quince días. A partir de aquí se prevé que se llame a declarar a los investigados que han optado por estrategias y abogados diferentes. En el caso de Julián Salto su defensa se basará en exponer que se limitó a entregar los datos que se le solicitaron de la investigación por presunto fraude fiscal de la pareja de Ayuso. De ahí no se moverá. María Pilar Rodríguez lo tiene más complicado y su plan pasa por alinearse con la postura defendida en público por su “jefe”.
García Ortiz ha asumido en declaraciones públicas la “responsabilidad última” de la nota. Incluso ha admitido que fue informado del comunicado “que se limitaba a desmentir con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios”. El argumento, que comparte la fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Madrid, es que el Ministerio Público se “vio obligado” a “rebatir” las noticias en las que se apuntaba a que se le había ofrecido un acuerdo a la pareja de Ayuso.
La línea argumental pasará por el “deber” del Ministerio Fiscal de salir al paso de “informaciones falsas”. No se contempla en ningún caso que haya revelación de secretos sino una “contribución necesaria” a “combatir bulos”. El mensaje oficial es que García Ortiz “está tranquilo” y no teme acabar imputado en el Tribunal Supremo dado que es aforado. El fiscal general ha concedido entrevistas para llevar la iniciativa del relato que se queda cojo si se atiende a la versión de la cuarta en discordia, Almudena Lastra.
La fiscal superior de la Comunidad de Madrid mostró desde el primer momento su total rechazo a que se publicase el citado comunicado que llegó a su departamento redactado. Lastra recibió la orden directamente del fiscal general del Estado, según han confirmado a Artículo14, y le trasladó, en reiteradas ocasiones, su negativa a publicar la nota. La tensión escaló tanto que acabó pidiendo a García Ortiz que le diese la “orden por escrito”. Este correo electrónico es la prueba de que el fiscal general del Estado fue quién manejó la publicación del comunicado y que se le advirtió de los riesgos de hacer públicos datos fiscales de un particular.
Dentro de las diligencias el magistrado puede llamar como testigo a Lastra quien ratificaría en el juzgado su resistencia a que se publicase la nota objeto de la denuncia y aportaría el cruce de mensajes y correos con García Ortiz, quien puede acabar imputado en el Tribunal Supremo. Las fuentes judiciales consultadas coinciden en que es “altamente probable” que el máximo representante del Ministerio Público acabe como investigado en la Sala de lo Penal del Alto Tribunal, que preside Manuel Marchena.
Se da la circunstancia de que García Ortiz ha protagonizado sonados choques con jueces y fiscales del Supremo. El último, la petición de recusación de cuatro de los cinco magistrados que resolverán el recurso presentado por una asociación judicial contra su continuidad al frente de la institución. El jefe de la Fiscalía considera que no son “imparciales” dado que en noviembre del año pasado le acusaron de “desviación de poder” por el ascenso a su mentora Dolores Delgado.
En el Alto Tribunal hay malestar con el fiscal general porque consideran que con su decisión se les “desacredita”. El choque institucional está servido y en los próximos meses podría ir a peor si García Ortiz acaba imputado como aventuran desde el Supremo. El caso de Baltasar Garzón, inhabilitado por prevaricación al intervenir las conversaciones abogado-cliente en la Gürtel, sienta un mal precedente para el jefe de la Fiscalía.