Un año más, el verano del Partido Popular termina en el mismo escenario: la Carballeira de San Xusto (Pontevedra), en la querida Galicia de Alberto Núñez Feijóo. En las últimas horas, el líder del PP ha arrancado allí el curso político arropado por el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy y varios barones autonómicos como el gallego Alfonso Rueda, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco y el de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón. En este inicio de temporada, el presidente popular aseguraba que el Gobierno de Pedro Sánchez está generando -con su deficiente política migratoria– una crisis sin precedentes en nuestro país.
La realidad es que tanto en el PP como en el Gobierno lo saben: la materia que va a ocupar los próximos meses y años es, sin duda, la inmigración. La dirección nacional del PP es consciente de que se tendría que llegar a un acuerdo con el Gobierno: “Es un asunto de Estado”, dice un dirigente de la cúpula en privado. Además, varios territorios populares como Castilla y León y Extremadura ya han mostrado abiertamente su postura a favor de la acogida de menores, provocando incluso cierta incomodidad a otras comunidades autónomas de los de Feijóo.
Los contactos no cesan entre populares y el Ejecutivo central
Lo cierto es que, a pesar de los rifirrafes, los contactos han continuado entre los populares y el ejecutivo durante el mes de agosto. En los últimos días, se ha producido incluso una reunión a tres bandas: Partido Popular, el ministro de migraciones, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. No hubo acuerdo en esa reunión, pero se vieron en la capital y han permanecido hablando. Hay avances. Quien no quiere nada ni siquiera se reúne.
Desde el PP insisten en que es indispensable la declaración de la emergencia migratoria nacional por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, la convocatoria de una conferencia de presidentes (que lleva dos años y medio sin producirse) y ajustes en financiación. En este último punto, una de las propuestas del PP sería que —a partir del 150% de acogida de menores migrantes— los gastos corrieran a cargo del Estado. De este modo, las comunidades más saturadas no podrían oponerse.
La realidad es que si analizamos las últimas declaraciones —incluidos varios bandazos— parece que las posiciones no están tan alejadas. Así, en los últimos días, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pasado de plantear cubrir 250.000 empleos con migración regular a hablar de deportaciones: “Es imprescindible el retorno de los inmigrantes irregulares”, sentenciaba Sánchez en Gambia durante su gira africana.
Unas palabras sobre las que líder del PP también se ha referido en las últimas horas: “Sánchez terminó su gira en África diciendo que va a luchar contra las mafias que trafican con personas. Nos insultan por proponer lo que ellos (al final) proponen (…) Basta ya de decir una cosa y su contraria”, apuntaba Feijóo exigiendo una reacción por parte del presidente del Gobierno: “Que se siente con el primer partido de España, se coordine con la Unión Europea y se tome este asunto como un adulto”, sentenció el líder del PP calificando, a su vez, la crisis migratoria de un problema de primera magnitud.
Desde Génova 13 aseguran que el acuerdo en materia migratoria “será un buen acuerdo o no será”. Son argumentos que esgrimen en privado y que recuerdan a los que ofrecían, estas mismas fuentes, cuando estaban muy cerca de cerrar el pacto del Consejo General del Poder Judicial en el mes de julio.
Feijóo pide evitar la división en los territorios debido a la financiación autonómica
Junto a la inmigración, el tema candente de este arranque de curso va a ser la financiación autonómica. Tanto los populares como la mayoría de ciudadanos siguen esperando explicaciones sobre qué es lo que exactamente se ha pactado con los independentistas Cataluña a cambio de la investidura del socialista Salvador Illa. ‘Cupo’ catalán, financiación singular, “concierto fiscal”… sea como sea, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tiene la oportunidad de comparecer esta semana, el miércoles 4, en la Cámara Alta para dar las explicaciones que considere pertinentes.
Los populares saben que el Gobierno va a intentar utilizar la financiación autonómica para enfrentar a los territorios: “Van a intentar dividirnos, pero no nos conocen. Piensan que hablando separadamente con algunos conseguirán que no tengamos las cosas claras. Seremos los primeros en garantizar que no se tome ninguna decisión que no sea bueno para el conjunto del país. Nadie conseguirá que nos peleemos por los restos del banquete del independentismo”, aclaraba en las últimas horas el presidente gallego, Alfonso Rueda.
Ese convencimiento en la necesidad de un frente común, de un ‘todos a una’, se percibe también en otras autonomías: “La reforma de la financiación no va a ninguna parte. Contra eso nos rebelamos”, dice otro barón con mando en plaza. El líder del PP iba más allá este fin de semana: “Sánchez no gobierna, mercadea con la igualdad de todos los españoles. Con el ‘cupo separatista’ también gobierna contra los suyos. Gobierna también contra su propio muro”, apuntaba Feijóo que, además, mandaba este un mensaje nítido: “Los presidentes (autonómicos) no se van a vender por nada y por nadie (…) defenderán la igualdad de todos”, sentenció el líder en su tierra natal.
Precisamente, la financiación autonómica y la inmigración son los dos grandes temas sobre los que hablarán esta semana todos los barones autonómicos del PP y la dirección nacional. Se reunirán el viernes, día 6 de septiembre, con esos dos temas encima de la mesa. Una especie de cumbre que tendrá lugar en el Palacete de los Duques de Pastrana, en Madrid, para dar al encuentro un plus de solemnidad. Antes de ese encuentro ya se ha enviado (desde la dirección nacional) un manifiesto en el que todos los barones han rubricado su “unidad” contra la financiación singular de Cataluña. Por si alguno tenía la tentación de salirse del tiesto.