Alberto Núñez Feijóo quiere que la Comisión Europea esté al tanto sobre lo que considera una “intensificación de los ataques” del Gobierno de Pedro Sánchez contra la independencia judicial. El PP ha elevado formalmente su denuncia a Bruselas, a través de una misiva rubricada por su portavoz en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat. “Este atropello no es un hecho aislado, sino que forma parte de un patrón de reformas institucionales diseñadas a la medida del Ejecutivo, debilitando deliberadamente el equilibrio de poderes”, declaró Montserrat, en su advertencia a las instituciones comunitarias.
El detonante de este movimiento han sido las últimas declaraciones de la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, que calificó de “vergüenza” la sentencia del caso de Dani Alves y recriminó al tribunal, formado por tres mujeres y un hombre, que antepusieran la “presunción de inocencia a la voz de mujeres jóvenes y valientes”.
Desde Génova interpretan que estas palabras no son un simple comentario aislado, sino un ataque directo a principios constitucionales como la presunción de inocencia. “Las declaraciones, realizadas como cargo institucional, no constituyen una opinión personal, sino un ataque directo desde el poder Ejecutivo al judicial”, recoge la carta que Montserrat ha remitido al comisario europeo de Justicia, Michael McGrath, y a la que este periódico ha tenido acceso.
En el PP ponen en valor que todas las asociaciones de jueces y fiscales, de izquierda a derecha, han salido en tromba e incluso han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian la gravedad de estas palabras. “La unanimidad de jueces y fiscales refleja la enorme preocupación ante lo que consideran un intento del Gobierno de deslegitimar las decisiones de los tribunales cuando no se ajustan a su conveniencia política”, subrayan en su escrito a las instituciones comunitarias.
El movimiento del PP ante la Comisión Europea no es nuevo. “Le he informado en varias ocasiones de las campañas de desprestigio contra jueces y magistrados emprendidas por el Gobierno de Pedro Sánchez”, escribe Montserrat en su carta al comisario. En la que recuerda, además, que los informes sobre el Estado de derecho en España de 2022, 2023 y 2024 ya recogían “su preocupación por las declaraciones públicas de políticos en las que se criticaba el poder judicial”. Para los populares, el episodio de Montero es la gota que colma el vaso en una deriva que lleva tiempo gestándose.
El PP quiere que la Comisión se pronuncie
Desde la dirección del PP insisten en que el Gobierno está cruzando líneas rojas. Y por eso, Montserrat ha instado a la Comisión Europea a tomar cartas en el asunto con tres peticiones concretas: que la Comisión esté al tanto de este nuevo “ataque a la separación de poderes”, que reitere su compromiso con el “respeto a la independencia judicial” que “condene cualquier ataque” desde el Ejecutivo a los jueces.
“La Unión Europea no puede permanecer en silencio ante una deriva que pone en riesgo los principios democráticos fundamentales”, aseguran los populares en la misiva, que añaden que “cuando se cruzan líneas rojas, es deber de las instituciones europeas alzar la voz”. En Génova confían en que esta denuncia tenga eco en Bruselas y se vea reflejada en el próximo informe sobre el Estado de derecho en España, un documento que el PP lleva años utilizando como altavoz de sus críticas al Ejecutivo.
En sus conversaciones con cancilleres europeos, Feijóo lleva ya tiempo alertando del “deterioro democrático” del Gobierno de Sánchez, un extremo que quedó recogido en las conclusiones sobre España de la cumbre del PP europeo celebrada en Berlín.