El Partido Popular ve al Gobierno en una “situación crítica”, resquebrajándose cada día un poco más. Señalando incluso a compañeros de gabinete, como a Fernando Grande-Marlaska. Pero, pese a ello, Alberto Núñez Feijóo no cree que Pedro Sánchez vaya a pulsar el botón del adelanto electoral. Al revés, está “en modo de supervivencia”, en boca de sus colaboradores. “Todas sus decisiones están guiadas por la necesidad de aguantar como sea al frente de la Moncloa”, interpretan en el cuartel general de los populares, tras otra semana muy complicada para el Ejecutivo.
En el PP interpretan que, en cualquier democracia europea, “una mínima parte de los escándalos que rodean al Ejecutivo” habrían bastado para forzar la dimisión del primer ministro. Aun así, Feijóo no cree que Sánchez vaya a mover ficha en ese sentido, aunque en público clame por elecciones ya y pida a los suyos estar preparados “ante un posible volantazo político”. “Sánchez se agarra al poder, no se va a ir”, opinan desde el entorno del líder gallego.
El Ejecutivo atraviesa uno de sus momentos más complejos, con una larga lista de frentes abiertos. A la supuesta corrupción que afecta a su entorno más cercano y su incapacidad para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado, se suma ahora la crisis interna provocada por la compra de munición a Israel, que ha derivado en una rectificación pública por parte de Moncloa y el anuncio de que se rescinde el contrato con la empresa armamentística IMI Systems.
Según fuentes populares, “en 24 horas, por orden de Sánchez, hemos pasado de ‘imposible rescindir un contrato ya firmado’ a ‘resuélvase al precio que sea’”. Para el PP, esta marcha atrás del Gobierno no solo supone “una muestra más del abuso de poder que practica Sánchez”, sino también un posible quebranto económico para las arcas públicas. “Nos encontraremos frente a una responsabilidad contable por menoscabo de los caudales públicos”, advierten desde el partido, que ya ha anunciado la presentación de una denuncia ante el Tribunal de Cuentas.
El contrato, publicado incluso en el Boletín Oficial del Estado, preveía el suministro de más de 15 millones de balas para la Guardia Civil. Interior defendía que su anulación era inviable por el coste que supondría pagar sin recibir la mercancía. Aun así, la presión de Sumar y el riesgo de ruptura de la coalición han llevado a Moncloa a actuar. “¿Quién va a pagar la decisión de Sánchez de rescindir el contrato por interés personal?”, se preguntan desde Génova. La Abogacía del Estado, según fuentes del PP, ya habría advertido sobre las consecuencias económicas y legales de esta decisión.
Explicaciones a Marlaska
El Partido Popular ya ha registrado en el Congreso la solicitud de comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska en la Comisión de Interior. El documento, al que ha tenido acceso Artículo14, y firmado por el portavoz de los populares en el Congreso, Miguel Tellado, exige explicaciones sobre “los motivos y consecuencias que conlleva la decisión del Gobierno de rescindir de forma unilateral” el contrato con la empresa israelí, así como “el coste económico total que deberán sufragar todos los españoles”. Además, el PP quiere que Marlaska dé cuenta también de “la falta de munición para los agentes del Cuerpo”.
Para Génova, lo ocurrido con este contrato es otro ejemplo del deterioro institucional y del desgaste interno del Gobierno, cada vez más condicionado por sus socios de coalición. “Los contratos acordados se cumplen. Ese es el interés general. Algo que no puede estar sujeto a los intereses personales de Pedro Sánchez”, zanjan fuentes populares.
Desde el equipo de Feijóo se insiste en que la prioridad ahora pasa por ejercer un control exhaustivo sobre los pasos del Gobierno. “Vamos a activar la exigencia de responsabilidades en todos los ámbitos”, aseguran. El PP cree que Sánchez no se marchará voluntariamente, y por eso se prepara para seguir ejerciendo presión parlamentaria e institucional mientras la legislatura continúe.