Si la ley de amnistía se erigió como un texto legal sin parangón, sus consecuencias también las están siendo. Fuentes de la dirección nacional del PP reconocen que nunca antes se había ejecutado una respuesta jurídica tan importante, con la implicación tanto de sus servicios jurídicos como los de las comunidades autónomas en las que gobiernan. Así las cosas, Alberto Núñez Feijóo está haciendo efectivo su gran poder territorial redoblando su ofensiva contra la norma promovida por el PSOE.
El plazo para presentar recursos de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) se agota y el principal partido de la oposición termina de hilar la que será una de sus principales batallas políticas de este curso. Según informó la propia corte de garantías, los Gobiernos del PP que hasta ahora han interpuesto dicho recurso contra la ley de amnistía han sido los de Cantabria, Aragón, Murcia, Madrid, Andalucía y Galicia.
Cabe destacar que estos tres últimos han ido más allá, pues además han pedido las recusaciones de los magistrados Cándido Conde-Pumpido -exfiscal general del Estado-, Juan Carlos Campos -exministro de Justicia- y Laura Díez -exalto cargo de La Moncloa-.
Ahora son algo menos de 48 horas las que quedan para recurrir la ley. Este miércoles 11 es el último día y aún faltan varias comunidades por presentar su escrito. Aunque parece que las comunidades populares restantes -Comunidad Valenciana, Castilla y León, Islas Baleares, Extremadura y La Rioja- lo tienen controlado.
Sin ir más lejos, el pleno del Consejo valenciano aprobó este lunes la presentación de su recurso con el que rechazar “de forma frontal” esta norma, según expuso el presidente, Carlos Mazón. La autonomía liderada por Alfonso Fernández Mañueco ya anunció el pasado 29 de agosto que sus servicios jurídicos presentarían el escrito. Las encabezadas por Marga Prohens y Gonzalo Capellán también confirmaron que lo registrarán este martes. Por su parte, el Ejecutivo de María Guardiola especificó el 30 de mayo que haría lo propio.
Cabe recordar que a todos estos movimientos regionales hay que sumarle el nacional. El pasado jueves, la dirección del PP -con la firma de sus diputados y senadores- registró su recurso ante la corte de garantías, en el que también pedían apartar de la deliberación a Conde-Pumpido, Campo y Díez. Una deliberación que comenzará esta semana y con la que se responderá a la cuestión de inconstitucionalidad formulada por el Tribunal Supremo antes que a los recursos de los partidos.
Además, fuentes de la corte de garantías indicaron a que pasarán como mínimo seis meses hasta que se conozca su criterio. El primer pronunciamiento del TC sobre la amnistía podría tardar hasta un año, avisan.
Las CCAA del PSOE, divididas
Pero no solo las comunidades bajo dominio popular han presentado un recurso de inconstitucionalidad. Uno de los tres Ejecutivos autonómicos socialistas, el de Castilla-La Mancha, también lo ha hecho. Sin embargo, los otros tres lugares donde el PSOE ostenta el poder, Cataluña, Asturias y Navarra, no presentarán ningún escrito ante la corte de garantías. Esto ya lo expresó en su momento el Ejecutivo asturiano cuando señaló que la ley de amnistía está “dentro del marco constitucional y favorece la concordia y la convivencia”.
Con un similar argumento expuso la posición del Gobierno navarro su presidenta, María Chivite, que defendió la aprobación de la amnistía al sostener que “por mucho que le cueste entender a la derecha, trabajar por la convivencia en este país es trabajar por la cohesión”.
Canarias y País Vasco tampoco presentarán un escrito que la recurra. Por ejemplo, el presidente vasco, Imanol Pradales, calificó como “positiva” la ley. En el caso de la autonomía insular, cabe destacar que aunque está gobernada por Coalición Canaria y el PP, será el único Ejecutivo del que los populares forman parte que no presentará un texto contra la amnistía.
Vulneración de varios preceptos
No ha trascendido la integridad de los textos legales que el PP ha presentado a nivel autonómico ni a nivel nacional para impugnar la ley. Eso sí, los Ejecutivos de Castilla y León o Galicia deslizaron los puntos claves por lo que consideraron que la amnistía va en contra de la Carta Magna.
La autonomía liderada por Mañueco entendió que esta legislación “quiebra, de forma arbitraria e interesada, el principio de igualdad establecido en el artículo 14 de la Constitución”. Asimismo, indicó que de forma particular, el Gobierno castellanoleonés “considera vulnerado el artículo 139 de la Carta Magna, que establece la igualdad territorial, al disponer que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado”. En total, Castilla y León cifra en 14 los preceptos constitucionales que se ven afectados por la aplicación de la amnistía.
Por su parte, el presidente gallego, Alfonso Rueda, avanzó que la ley “contradice artículos de la Constitución como el 9.1”, el cual establece que todos los ciudadanos y poderes públicos estarán sometidos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico.