Feijóo estudia con sus barones el recurso al TC ante la última “humillación” de Sánchez

Alberto Núñez Feijóo interpreta que el acuerdo del PSOE y Junts en materia migratoria es “claramente inconstitucional”. La esencia del pacto, arguyen en su equipo, es contraria al artículo 149 de la Carta Magna. Y de ahí que haya dado orden a sus servicios jurídicos para que estudien la posible respuesta, en coordinación con sus comunidades autónomas. En paralelo, todo el partido salió en tromba a criticar lo que el jefe de la oposición calificó como una nueva “humillación” a los españoles.

Fuentes de la dirección nacional del PP dan por descontado la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional si el Congreso finalmente aprueba la proposición de ley. “Como mínimo”, en palabras de un miembro clave del equipo de Feijóo. Lo que se analiza es cuál es la fórmula más idónea, y ahí incluyen a sus comunidades autónomas, que ya recurrieron la Ley de Amnistía.

“El recurso puede ser tanto del PP como partido como de los gobiernos autonómicos”, exponen las fuentes consultadas. Aunque ya avanzan: “Es un traspaso integral de la competencia de inmigración” y ello “evidentemente afecta a las comunidades autónomas”. Los Gobiernos regionales coinciden con el diagnóstico, y además de criticar el pacto también están evaluando los pasos a dar.

Ya en plano político, todo el PP salió en tromba a criticar el pacto migratorio. El líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, fue de los primeros en responder. El gallego tachó el acuerdo de “humillación” sin precedentes y se refirió al presidente del Gobierno como un “florero que pone y quita el independentismo”.

“La propia nota de prensa del PSOE habla de que esto se ha negociado en Bruselas. Nunca en la historia de las transferencias y delegaciones de competencias del Estado a las comunidades autónomas se pactaron fuera de España, fuera del Gobierno”, se quejó el líder de la oposición en un una atención a los medios antes de su visita al Mobile World Congress (MWC) en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona).

Los presidentes autonómicos del PP se alinearon con Feijóo pronunciándose en términos muy duros. Isabel Díaz Ayuso consideró que el acuerdo es una ruptura “a todos los niveles”. “Me llama la atención que sea con aquellos a los que se les llama derecha nacionalista xenófoba”, aseguró la presidenta madrileña.

Juan Manuel Moreno, presidente de Andalucía, tachó el pacto de “un disparate colosal” que sólo demuestra que esta legislatura “está finiquitada porque todo es una agonía”. “Es volver a lo que llevamos ya siete años aguantando, que es el chantaje permanente de los secesionistas y de los independentistas a Sánchez y la cesión de Sánchez constantemente por sobrevivir”, razonó.

Desde Castilla y León, su vicepresidenta, Isabel Blanco, denunció que Sánchez “trocea las políticas de Estado para beneficiar a sus socios separatistas y seguir en el poder”, y avanzó que trabajarán para que no llegue a término.

“Un Estado no puede ceder las competencias sobre inmigración porque es tanto como ceder las competencias sobre fronteras. Y entonces deja de ser un Estado”, publicó en su redes sociales José María Aznar. El Gobierno le está utilizando de percha recordando el traspaso a Cataluña en época de Aznar “del 30% del IRPF, la gestión directa de puertos y la ordenación del litoral”. Sin embargo, fuentes próximas a Aznar rechazaron la comparación alegando que no tiene nada que ver una cosa con la otra. “El Pacto del Majestic fue un acuerdo para toda España”, subrayaron a Europa Press.

Las críticas también se acumularon contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en su día rechazó lo hoy acordado con Junts y que este lunes no hizo declaraciones debido, según su equipo, a su estado de salud. Desde Génova tiraron de ironía: “Seguimos con preocupación el estado de salud del ministro Grande-Marlaska, ‘enfermo’ en el día en el que PSOE y Junts acuerdan poner en marcha un traspaso a Cataluña de la política de inmigración que hace unas semanas decía el responsable de Interior que no era posible”.

Fuentes populares destacaron al respecto que los principales sindicatos tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil han sido muy críticos con los nuevos planes del Ejecutivo.