En España, el fenómeno de los menores extranjeros no acompañados, conocidos vulgarmente como ‘menas‘, representa un desafío humanitario y logístico considerable. Al cierre del año 2023, el país acogía a 15.045 menores migrantes. Una cifra que refleja la magnitud de esta cuestión. La mayoría de estos menores proceden de Marruecos (67%), seguidos por jóvenes de Gambia (9%), Argelia (6%) y Senegal (4%). La abrumadora mayoría son varones, representando el 94% del total. Las mujeres solo constituyen el 6%.
Las Islas Canarias son una de las comunidades autónomas con mayor presión en términos de acogida. Albergan aproximadamente a 5.600 menores migrantes en 76 centros. Esta región se ha convertido en un punto clave debido a su proximidad geográfica con el continente africano, lo que la convierte en una puerta de entrada natural para muchos migrantes. En total, España cuenta con 1.185 centros de acogida distribuidos por todo el territorio nacional. Cada uno de ellos desempeña un papel crucial en el bienestar y la integración de estos menores.
¿Cuánto cuesta acoger a los ‘menas’ en nuestro país?
Según la Dirección General de Políticas Sociales, el coste de acoger a cada menor oscila entre 10 y 15 euros semanales. Una cifra que puede parecer modesta, pero que evidentemente se incrementa cuando se considera el número total de menores atendidos. Hablamos de entre 150.000 y 225.000 euros semanales. Además, aquellos menores que han sido extutelados, es decir, que ya han alcanzado la mayoría de edad pero siguen necesitando apoyo, reciben hasta 472 euros. Este apoyo financiero es fundamental para su transición a la vida adulta y para prevenir situaciones de vulnerabilidad y exclusión social.
Las pateras son uno de los medios más usados por los inmigrantes para desplazarse (EFE)
Para enfrentar este desafío de manera más equitativa y eficiente, el Gobierno de España planea una reforma de la Ley de Extranjería. Esta reforma busca implementar un sistema de distribución obligatoria de los menas entre todas las comunidades autónomas, evitando la concentración excesiva en determinadas regiones y promoviendo una mejor distribución de recursos y responsabilidades. Esta medida pretende asegurar que todas las comunidades contribuyan proporcionalmente a la acogida y el cuidado de estos menores, aliviando así la carga de las regiones más afectadas.
La acogida de menores migrantes en España plantea múltiples retos. No solo en términos económicos, sino también sociales y educativos. La integración de estos jóvenes en la sociedad española requiere un esfuerzo concertado que incluya educación, atención sanitaria, apoyo psicológico y oportunidades de empleo. La coordinación entre las diversas administraciones y organizaciones no gubernamentales es esencial para proporcionar un entorno seguro y de apoyo a estos menores.