La dimisión de Iñigo Errejón a raíz de una denuncia anónima publicada en redes sociales ha generado un terremoto político que pondrá a prueba a la legislación española. ¿Estamos preparados para un #MeToo en los partidos políticos? La Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual y la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos son las normas que abordan la violencia machista en las formaciones. Aunque el cumplimiento de las exigencias de la legislación es complejo de validar para un afiliado o ciudadano interesado en la materia, ya que no se exige la publicación de los mismos.
Según recoge el artículo 17 de la ley de libertad sexual, “los partidos políticos y las organizaciones sociales legalmente constituidas deben tener un protocolo para prevenir, detectar y combatir la violencia machista. Se debe informar del mismo y se realizarán acciones para sensibilizar a sus miembros. Periódicamente, se evaluará y se revisará el funcionamiento y la aplicación de los procedimientos establecidos en el protocolo”.
Un precepto que coindice con el 7.6. de la ley de partidos: “Los partidos políticos deben establecer un protocolo de actuación ante la violencia machista que ejerzan, dentro o fuera de la organización”. Y es que teniendo en cuenta lo ocurrido en Sumar, esta cuestión se demuestra de vital importancia para prevenir y controlar.
Como señala a Artículo14 la exfiscal sustituta de la Fiscalía de Madrid y doctora en Derecho Ana Isabel Serrano, un protocolo como el que exige la ley debe recoger un conjunto de normas que tengan por objeto “la prevención, la detección y el cómo actuar cuando se produzca un caso”. Este documento, según declara Serrano, debe ser “independiente y autónomo, aunque sea una hoja”. Es decir, con entidad propia y separado de lo que se redacte en unos estatutos o en un plan de igualdad, obligatorio para las empresas con más de 50 trabajadores.
Revisión del cumplimiento
A pesar de esta exigencia legal, los partidos de la Cámara Baja cuentan mayoritariamente con protocolos para prevenir el acoso sexual, y no con uno específico con el que atajar la violencia machista. Aunque sobre esta idea, fuentes judiciales y jurídicas consultadas por este periódico concretan que el acoso sexual, cuando es cometido por un hombre hacia una mujer, “supone una modalidad de violencia machista, aunque no se requiera necesariamente una fuerza física”. Es decir, que el acoso sexual es un tipo de violencia machista a tratar, pero existen otras.
En relación al grado de cumplimiento y desarrollo del artículo 17 de la ley del solo sí es sí, Artículo14 ha contactado con el Ministerio de Igualdad sin haber recibido respuesta. En su artículo 60 señala que la Estrategia estatal de prevención y respuesta a las violencias machistas constituye el instrumento para el impulso, desarrollo y coordinación de las políticas y los objetivos generales establecidos en esta ley orgánica. La web de Igualdad informa de la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022–2025, documento que resume los ejes, las medidas y las actuaciones, también alude a violencia política, pero no ahonda en el cumplimento en el ámbito de los partidos.
En detalle
Las formaciones que actualmente tienen representación en el Congreso de los Diputados, y que en su día votaron a favor de la ley -PSOE, Podemos, ERC, Junts, EH Bildu y Coalición Canaria-, cuentan con protocolo específico de prevención de la violencia machista o del acoso sexual. Sumar, cuyos diputados estaban integrados en Unidas Podemos y otras formaciones, no tiene.
Los tres grupos que votaron en contra de la ley, PP, Vox y UPN, abordan esta materia en el marco de los protocolos de acoso laborales, donde incluyen otras cuestiones -ninguno de ellos cuenta con un protocolo específico sobre esta cuestión-. Este escrito deriva del artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores y de la Ley de Igualdad de 2007, la cual establece que todas las empresas con independencia del número de empleados deben contar con un protocolo de acoso laboral.
PP
Incluye en su Código de Conducta -accesible en la web- y remite a normativa interna. Este Código, actualizado en mayo de 2023, señala como principio general que la formación no tolerará ningún tipo de violencia, acoso, abuso o cualquier otra conducta tendente a lesionar los derechos personales de sus miembros o de terceros. En el apartado de materia laboral, se especifica la alusión a acoso sexual: “Se prohíbe realizar en el entorno laboral y de actividad del Partido Popular actos de acoso moral o sexual, o cualquier otro similar que puedan considerarse conforme a la normativa interna del partido en material de prevención de acoso laboral”.
Fuentes populares explican a Artículo14 que es el Código de Conducta el que recoge el protocolo de actuación. El Órgano de Cumplimiento Normativo (OCN) es el encargado de desarrollar, implementar, evaluar, mantener y mejorar el Programa de Cumplimiento Normativo (canal interno de denuncias, Protocolo de investigaciones internas, Reglamento de régimen disciplinario, etc.), y el que exige la colaboración de todos aquellos a quienes resultan de aplicación. “Cumplimos la ley y se actúa contra la violencia machista como delito que es“, recalcan las mismas voces autorizadas.
PSOE
Tiene un Protocolo de Prevención e Intervención frente al acoso sexual -es público-, al que pueden acogerse tanto mujeres como hombres. Una particularidad frente a otras formaciones. Este sirve de marco de actuación ante cualquier situación de este tipo. Hace referencia a las conductas verbales (flirteos ofensivos o insinuaciones sexuales molestas), a las no verbales (mensajes de texto de contenido sexual) y a las físicas (contacto físico no solicitado).
Para poder aplicarlo se exige a la persona afectada redactar su denuncia por escrito, aunque puede ser presentada indirectamente. A partir de la recepción, y si procede, se abre un informe de instrucción y una investigación. Todo el proceso se realiza internamente, sin un control independiente al partido. Si se decide adoptar medidas, es la Dirección-Gerencia la responsable de la notificación. Cuando de la investigación derivaran responsabilidades penales, estas se trasladan a la Oficina de Cumplimiento normativo, aunque no se especifican plazos. Finalmente, la persona es expulsada del partido si así se estima en una sentencia condenatoria.
Vox
Dispone de un Código Ético de Conducta -no es público-. En su Intranet, según informa el partido a Artículo14, está accesible a los empleados el Protocolo de acoso laboral. Se define como acoso sexual, “cualquier comportamiento de naturaleza sexual no deseada que vulnere la dignidad del trabajador, pudiendo crear un entorno laboral hostil o intimidatorio”. “No hemos tenido ningún caso de acoso o violencia machista”, aclaran las mismas fuentes cuando se les pregunta al respecto.
Sumar
En el ojo del huracán, cuenta con Código Ético -que es público-, y señala que los cargos públicos deben realizar una declaración pública de no haber incurrido en delitos de violencia contra las mujeres, entre otras cuestiones. No cuenta con un protocolo, pero en su Plan Estratégico de Feminismo recoge su futura creación: “Un protocolo de prevención y abordaje de situaciones de acoso y agresiones”.
Independistas y regionalistas
Las tres formaciones independistas –ERC, Junts, EH Bildu-, además del BNG cuentan con protocolos específicos frente a la violencia machistas, que son públicos. Por el contrario, el de Coalición Canaria, que ataja el acoso sexual, es de acceso interno. Cada partido define el alcance del protocolo de una manera diferente, así como las medidas a adoptar. Por ejemplo, Junts incluye el acoso ambiental -hacer gestos obscenos o dirigir miradas lascivas-. Mientras, EH Bildu tipifica las agresiones con número que van del 1 al 4, siendo este último el nivel más grave.
Por su parte, el PNV y UPN no cuentan con un protocolo específico, pues lo incluyen en el ámbito laboral general.