Una maratoniana ejecutiva de nueve horas de ERC, la cual incluyó varios contactos con el Ministerio de Hacienda para dar la forma final al nuevo sistema de final de Cataluña al margen del régimen común, sirvió para sellar el pacto de investidura con el PSC para convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat. Las incógnitas que deja el acuerdo son muchas: la primera —quizá la más importante en términos prácticos— es si los 8.300 militantes de ERC lo van a validar en una votación telemática este viernes; la segunda es si realmente estamos ante un “concierto económico solidario”, tal y como dijeron los republicanos al dar por cerrada la negociación.
El acuerdo entre PSC y ERC venía ya muy madurado de las dos semanas anteriores gracias a la involucración del Gobierno con los cheques y con los traspasos. Pero faltaba el golpe de gracia final, el que debía convertir un pacto más o menos convencional en uno excepcional porque, según la exigencia de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, debía permitir a la Generalitat, por una parte, hacerse con “la llave de la caja de los impuestos” (esto es pasar a recaudar el 100% de los impuestos en Cataluña) y, por otra parte, abandonar el régimen común de financiación autonómica para tener un sistema propio que invierta la lógica de las transferencias: será la administración catalana quien abone a la estatal la cuenta correspondiente por los servicios prestados.
El Congreso y la reforma de la LOFCA
Al término de la intensa ejecutiva de ERC —en la que participaron hasta 70 cargos republicanos y a lo largo de la cual se produjeron contactos con afiliados—, la portavoz del partido, Raquel Sans, aseguró que el pacto alcanzado con los socialistas permitirá a la Generalitat recaudar, gestionar, liquidar e inspeccionar todos los impuestos en Cataluña. A partir de 2026, concretó, la declaración de la renta—que se fundamenta en el IRPF— pasará por completo a manos catalanas, según el calendario acordado.
Pero la verdadera clave es que el PSC y PSOE se comprometen a una reforma de la ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) que permita a Cataluña abandonar este sistema común para dar cumplimiento a lo que ERC llama el “concierto económico solidario”. La entrada en vigor del nuevo modelo necesitaría, por supuesto, mayoría en el Congreso y, por tanto, todas las federaciones territoriales del PSOE deberían avalarlo. También debería contar con el apoyo de Junts, el cual ERC da por hecho pese a todas las trabas que han puesto los de Puigdemont esta legislatura (por ejemplo, con la misma amnistía).
Trabajar la aprobación interna
Pero aquí las dudas son más profundas incluso. Lo son porque, hasta ahora, solo los dirigentes de ERC han asegurado que existe ese pacto para un “concierto económico solidario” al margen de la LOFCA. Nadie de la parte socialista ha confirmado estos términos y es posible que opten por esperar al desenlace de la votación de la militancia de ERC para tomar la palabra. Esquerra, en todo caso, no demostró con ningún tipo de documento el blindaje de esa financiación singular de Cataluña, pero hoy tiene previsto reunir a asambleas territoriales para seguir trabajando la aprobación interna.
Uno de los argumentos de la dirección, financiación al margen, será que el pacto con el PSC incluye la puesta en marcha de una consejería de la Generalitat que abordará de manera específica la salud de la lengua catalana, cuyo uso está en retroceso, según indican todos los indicadores. El pacto también incluye medidas para que la lengua sea más utilizada en la escuela, en las actividades extraescolares y también en ámbitos donde su uso no siempre es óptimo, como ocurre en el caso de la salud.