El Partido Popular no va a dejarlo pasar. Ya ha pedido en el Congreso de los Diputados tanto la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, como la del ministro de Transformación Digital, Oscar López. Y este mismo miércoles, Alberto Núñez Feijóo usó su turno en la sesión de control al Gobierno para preguntarle a Pedro Sánchez por la reunión en París de Murtra y López con el consejero delegado de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que tiene participación en Prisa. El jefe del Ejecutivo eludió responder y Feijóo le acusó de “extorsionar a los medios de comunicación”.
En este sentido, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, cree que el Ejecutivo está “asaltando la empresa privada” con el objetivo de controlar a los medios. “Primero fueron las instituciones, ahora va a por la empresa”, denuncia en una entrevista en Artículo14. “Sánchez busca un país sin contrapesos y sin ningún poder que escape a su control”, denuncia rotundo.
El diputado popular Juan Bravo durante un sesión de control al Gobierno en el Congreso de Diputados.
Pregunta: el presidente del Gobierno se negó a responder a Feijóo este miércoles cuando le preguntó por Telefónica y Vivendi. ¿Qué cree que quiere ocultar?
Respuesta: Lo que el presidente quiere ocultar es el asalto a la empresa privada con el objetivo de controlar a los medios de comunicación. Primero fueron las instituciones, ahora va a por la empresa privada. Busca un país sin contrapesos y sin ningún poder que escape a su control. El afán de control del Gobierno ha tenido un coste económico de 2.384 millones de euros de todos los españoles, 300 más de lo previsto.
Todo va en función de las necesidades de Pedro Sánchez. Si la operación fuera de Estado y respondiera a los intereses generales, ¿por qué se nombra a directivos de carné afín al presidente del Gobierno con nocturnidad y alevosía? ¿Si la operación fuera estratégica por qué no se ha informado a la oposición desde el principio? ¿Por qué una vez pasada la pandemia se mantiene la ley que faculta al Gobierno la decisión definitiva sobre la inversión en empresas españolas de accionistas extranjeros?
Lo que busca es un control férreo de los medios de comunicación a través del mayor publicista privado que viene a sumarse al control ejercido desde el Gobierno a través de la publicidad institucional y la ley Begoña. Además, Sánchez quiere un grupo empresarial público creado a través de la SEPI con el dinero de todos los españoles. En este caso, con el dinero que tendrán que pagar hijos y nietos, porque es todo deuda. En total, 1.6 billones de deuda, casi 200 millones de euros diarios desde que Sánchez llegó al poder.
P: ¿Qué va a hacer el PP para aclarar lo sucedido?
R: De momento, el GPP solicitará la comparecencia del presidente de Telefónica, Marc Murtra, que se une a la ya solicitada de Óscar López porque la reunión de un ministro del Gobierno y el presidente de Telefónica con un empresario para presionarle en beneficio de los intereses del Gobierno es un escándalo. Un empresario francés en una ciudad como París. La operación ha saltado ya todas las fronteras.
El diputado del PP Juan Bravo durante un pleno extraordinario.
P: De momento, lo que sabemos es la reunión que en febrero mantuvo en París el ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con el presidente de Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, que tiene participación en Prisa…
R: La reunión es un escándalo. Un ministro del Gobierno y el presidente de la empresa presionando a un accionista a favor de los intereses del Gobierno. Lo que exigimos al Gobierno es que no le haga un daño irreparable también a Telefónica. Que no juegue con una empresa cotizada, no juegue con el prestigio de una compañía estratégica, no juegue con más de un millón de accionistas, no juegue con más de 100.000 empleados.
P: Si las explicaciones no llegan por parte del Gobierno, ¿se la van a exigir a Telefónica?
R: La libertad de empresa, la libertad de comercio, la libre circulación de capitales y la propiedad privada, junto con la independencia de las instituciones, están en este momento en riesgo claro en España. El daño reputacional es ya difícil de corregir porque la batalla que ha emprendido el gobierno es un empeño personal del presidente que abarca accionistas trasnacionales.