Elizabeth Duval (Alcalá de Henares, 2.000) es escritora y filósofa, además de secretaria de Comunicación de Sumar desde hace un año. También está entre las cuatro personas que integran la dirección transitoria de Movimiento Sumar, puesta en marcha tras el paso a un lado de Yolanda Díaz. Hace poco más de un año, Díaz la nombró portavoz de feminismo, igualdad y derechos y libertades LGTBI en la campaña electoral a las generales, y desde entonces ha sido una de las principales portavoces del partido, especialmente en esta materia. Atiende a Artículo14 con un mensaje muy claro para Pedro Sánchez: toca “empezar a gobernar”.
—El balance legislativo de este curso político se salda con cinco leyes y seis reales decretos aprobados, mucho menos que en años anteriores. ¿Cuándo va a coger velocidad la legislatura y qué prioridades tienen?
—Venimos de una campaña electoral permanente desde las generales del 23J. En un año ha habido seis procesos electorales, es una brutalidad. En ocasiones, algo así impide un despliegue legislativo como el que hubiéramos querido. Nosotras no compartimos la decisión de no presentar los Presupuestos Generales del Estado para 2024, habíamos hablado de esta cuestión con el PSOE. Ahora que ha pasado ese ciclo, que hay un Ejecutivo en Cataluña y que no hay elecciones a la vista, es el momento de empezar a gobernar.
A todo Gobierno se nos va a juzgar por nuestra acción, no solo por los logros que vienen de la legislatura pasada, como pueden ser los frutos de la reforma laboral. Las rentas de esos logros no bastan; es prioritario empezar con los Presupuestos para 2025, dotar de continuidad e impulso a la legislatura. Tenemos que atajar el problema de la vivienda y actuar sobre la turística. Y es necesaria una reforma fiscal.
—¿Han empezado a negociar con el PSOE sobre los Presupuestos para 2025? ¿Tienen visos de salir? Junts ya ha demostrado que puede votar contra normas como su propia ley de amnistía o la senda de déficit.
—Parece que todo el mundo, todas las organizaciones, celebrarán congresos y procesos de reflexión en otoño, y es normal que Junts también lo haga. Ahora no tienen poder en la Generalitat, en lo institucional, y es normal que reflexionen sobre la estrategia que han seguido hasta la fecha. Y, sobre los Presupuestos para el próximo año, desde Sumar ya hemos trabajado para los de 2024. Son las cuentas que desarrollarán el programa. Venimos con los deberes hechos, y las cuentas tienen prioridad absoluta.
La incidencia de Puigdemont
—Tras la reaparición de Carles Puigdemont el jueves, y su segunda fuga, usted calificó esta maniobra un “truco de magia”. También dijo que se acabó la etapa de la escenificación en Cataluña. ¿Por qué está tan segura?
—Se ha acabado el teatro desde el poder. Durante la investidura, Illa hizo un agradecimiento a la labor, a algunas medidas del Govern de Pere Aragonès. Recordemos que fue Junts quien decidió salir de ese Ejecutivo. Y, fuera de las instituciones, se ha acabado ese momento escenificado. La sociedad ya no lo pide, está cansada de teatro y quiere que la política se ocupe de sus problemas. Eso lleva a que Junts tiene que hacer una reflexión intensa para decidir cuál es el camino que tienen por delante. Si quieren ser una formación útil, o si quieren ser la formación del gesto. Porque eso ha contribuido a la decadencia de ese espacio político.
—¿Qué garantiza que no redoblen su exigencia de un referéndum? ¿O que el Gobierno no acepte debatirlo, visto lo ocurrido con los indultos, con la amnistía y con el concierto económico en Cataluña, que en su día rechazaba?
—El único lugar desde el que pueden negociar es el Congreso. Es la única baza que les queda. De ahí no pueden levantarse.
—Hace un año querían reconocer a Puigdemont, legitimarlo políticamente para engrasar las conversaciones sobre la amnistía. Yolanda Díaz habló de la importancia de concederle el estatus de interlocutor válido. ¿Qué representa ahora el expresident? ¿Pasó su tiempo en política?
—Un acto como el del otro día, una convocatoria con la asistencia de 3.500 personas, que no moviliza lo que sí se movilizaba en tiempos de más tensión política y social en Cataluña, lo que genera es hartazgo. Se vio en los resultados de las elecciones catalanas, pero también en las generales. Es hartazgo. Creo que, en buena medida, el tiempo de Puigdemont ha pasado. Más allá de que aún tenga su guardia, de que haya personas que le apoyen. A eso le queda muy poco recorrido.
—Superado el procés, ¿cree que Puigdemont debería echarse a un lado y ceder el testigo a otros? ¿Los protagonistas de esa etapa ya no contribuyen a la Catalunya de 2024?
—No es mi intención inmiscuirme en las decisiones de otras fuerzas. Ellos verán cuáles son sus intereses.
La estabilidad del Gobierno
—Los equilibrios parlamentarios son hoy muy difíciles, especialmente por esa dependencia de los siete escaños de Junts. ¿Cómo se les convence para que no bloqueen?
—Hasta ahora, las negociaciones han sido difíciles. Y hemos expresado las diferencias con el PSOE. Nos parece que abrir una negociación con Junts sobre las competencias en materia de inmigración es dar alas a la extrema derecha de Aliança Catalana. Hay medidas del Gobierno central que pueden ser beneficiosas para todos. Es difícil argumentar que la reforma laboral no está siendo beneficiosa para Cataluña. La negociación política no será fácil, habrá que amarrar las cosas ley a ley. Pero claro que es posible sacar medidas adelante, entre ellas unos Presupuestos que contribuyan a un mayor gasto social.
—Antes del retorno de Puigdemont, en Sumar hubo quien defendió que el expresident debería tener derecho de volver a su país sin ser detenido. ¿Cree, como sugirió el ministro Óscar Puente, que el Tribunal Supremo se extralimita al no aplicar la ley de amnistía?
—La ley amnistía se tiene que aplicar hasta el final. Eso no es óbice para que existan jueces conservadores y progresistas, por eso existen interpretaciones diferentes. Eso apunta a que podamos pensar que ciertas decisiones judiciales son criticables. O que no se puede atribuir malversación a cuestiones que no cuadran. Conviene prudencia y ver lo que responde el Tribunal Constitucional a lo que ha dicho el Supremo, ver cuáles son esas divergencias interpretativas. Creo que la ley llegará a aplicarse hasta el final.
—¿Cómo esperan articular la reforma del modelo de financiación autonómica que piden en sus filas, y que está en el acuerdo de coalición? Al hilo del concierto con Cataluña, hay formaciones dentro de Sumar, que reclaman una reforma para todos los territorios. Algunas ya han advertido de que no avalarán los cambios si solo afectan a Cataluña.
—Con el modelo actual, ahora mismo hay comunidades autónomas infrafinanciadas, como la Comunidad Valenciana o Murcia. Miremos cómo afecta esta infrafinanciación a territorios como Alicante. Es un problema grave. La infrafinanciación repercute en los servicios públicos. En paralelo, hay comunidades autónomas haciendo dumping fiscal, como Madrid. No significa esto que tengamos que centrarlo solo en Madrid, pero para lograr una mayor solidaridad territorial, para mejor financiación de los servicios públicos, hay que revisar ese modelo. No existe una varita mágica para resolver la financiación autonómica. Tendrá que abordarse con tiempo, con expertos y expertas.
Violencia contra las mujeres
—El número de mujeres asesinadas por violencia machista en España asciende a 29 en 2024, y a 1.273 desde 2003. En apenas 16 días de julio se contabilizaron 14 asesinatos machistas. Usted está entre las referentes en materia de Igualdad para Sumar. ¿Qué se ha hecho en esta etapa?
—El mayor problema para luchar contra la violencia machista, en muchas ocasiones, es la dotación de recursos, y no solo a nivel estatal. Tendría que darse una mejor coordinación, pero también más recursos. Eso pasa por garantizar que operan equipos amplios, que pueda asistirse debidamente a mujeres que se vean obligadas a salir de su domicilio, o a las que no puedan abandonarlo porque son víctimas de maltrato. Esto es lo contrario a lo que hemos visto en territorios en los que gobierna la derecha donde, o directamente se ha negado la existencia de la violencia machista, o se ha vaciado de recursos para combatirla. Y acabar con ella pasa también por la educación, por ver lo peligrosos que se vuelven algunos discursos que hace sólo unos años eran marginales, y hoy están en el centro del debate.
Si tenemos legitimación de ideas machistas o violentas contra la mujer, eso abre la puerta a la proliferación de violencia verbal y a otras violencias, también la física. Ha habido muchos avances en feminismo en últimos años, pero también una gran reacción. Más allá de eso, después de una legislatura con muchas conquistas feministas, como la reforma de la ley del aborto, o la ley trans y LGTBI, hay que seguir dando pasos, como con la estrategia europea para situar los cuidados como un pilar del Estado de bienestar.
Desde Sumar estamos presionando para aprobar la retribución de cuatro semanas del permiso de cuidados (la mitad del periodo de permiso por hijo a cargo, aprobado en la anterior legislatura). También trabajamos sobre la universalización de prestaciones, para que lleguen a todo el mundo, como la prestación universal de crianza que propone el Ministerio de Derechos Sociales (200 euros mensuales por hijo menor de 18 años). Son medidas feministas que mejoran las situaciones que afrontan las mujeres de forma general. Hay una vinculación clara entre la pobreza y el riesgo de sufrir violencia. Si estás encerrada en casa con tu maltratador, es difícil que salgas adelante.
Las prioridades en igualdad
—El discurso público de Sumar a menudo se centra en la necesidad de reformar el despido, la reducción de la jornada laboral o lo que toca al SMI. ¿Cuáles son las prioridades hoy en materia de igualdad? Incluso, en lo que no sólo depende de las instituciones.
—La cuestión de los centros de atención, asegurarnos de que tienen recursos suficientes, es fundamental. Y se han llevado a cabo varios intentos de reformas, en los que hemos tenido nuestras diferencias con el PSOE, porque siempre aspiramos a ir más lejos. Pasó con la ley de paridad. Está bien que la norma obligue a garantizar la presencia paritaria de mujeres en consejos de administración y otros espacios, pero eso no resuelve otros problemas fundamentales que tienen mucho que ver con la paridad y la equidad. Las condiciones que deben afrontar las mujeres no son las mismas, el camino está lleno de suelos pegajosos, no solo de techos de cristal.
No nos satisface una medida que afecta sólo a quienes están situadas en los más alto. Tenemos que ocuparnos de todo. Igual que promulgamos una suerte de MIR judicial para el acceso a la judicatura, tenemos que asegurar que los cauces sean más abiertos, y que no dejan atrás a buena parte de la población, como forma más global de implantar esa equidad. Por ejemplo, la política feminista que han desarrollado varias asociaciones del País Vasco es uno de los ejes fundamentales del trabajo pendiente. Cuando hablamos de cuidados, hablamos de dependencia, de niños y mayores, de quienes se ocupan de ellos y afrontan entornos extraordinariamente precarizados y feminizados. Intentar convertir eso en un pilar de nuestro sistema es política feminista.
La recomposición de Sumar
—¿Qué ha cambiado en Sumar tras la salida de Yolanda Díaz de su cargo en el espacio? ¿Quién manda hoy en su partido?
—Después de ese paso al lado de Yolanda Díaz, para centrarse en la acción del Gobierno y la coordinación política en ese marco, hemos constituido una coordinadora colegiada para dirigirnos hacia una nueva hoja de ruta. Para instaurar una forma más horizontal, más distribuida, para tomar decisiones políticas, o para debatir políticamente el futuro del proyecto común. Son procesos que no sólo afrontamos nosotras.
La crisis del modelo político en el mundo exige replanteamientos de tesis, una revisión de cómo hemos llegado hasta aquí. Nos hemos emplazado a ese proceso de reflexión colectiva con dos vocaciones claras: la primera, intentar gobernar lo mejor y lo máximo posible, impulsar una acción de gobierno real. Lograr que la gente pueda juzgarnos por lo que hemos hecho, por lo conseguido, y que seamos capaces de cumplir los compromisos de pacto con el PSOE. Y, una vez hecho lo primero, hay que estar en posición de poder revalidar el Gobierno progresista. Esos son los dos ejes primordiales.
La relación con el PSOE
—¿Cómo perciben al PSOE? Ustedes llevan todo el curso lamentando que les cuesta hacer que cumplan. ¿Los ven más convencidos después del ciclo electoral?
—No hay otra que estar convencidos. No hay otra que gobernar y sacar adelante el acuerdo de gobierno. No es solo una cuestión de convencimiento, sino también de saber cuál es la obligación que tiene una cuando está en un gobierno. En muchas ocasiones es difícil arrastrar al PSOE a hacer ciertas cosas, a tomar medidas. Cuando propusimos que se deroguen delitos como las injurias a la Corona, fue muy difícil que lo asumieran. O que asumieran la reforma laboral, que hoy reivindican. O que se incluyera el compromiso de mejorar y ampliar permisos en el acuerdo de coalición. Y se quedaron fuera muchas cosas. Hubo que asumir una rebaja de los objetivos para la reducción de la jornada laboral. Es consecuencia de la negociación.