En los últimos meses la agenda judicial ha marcado el paso a la política. Tanto es así que en abril el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó al país al límite y se planteó su dimisión porque un juzgado había admitido a trámite una denuncia de Manos Limpias contra su esposa, Begoña Gómez. Y en noviembre dimitió el líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, por el caso de la filtración de datos de la pareja de Ayuso. 2025 no augura un curso distinto de los acontecimientos. El comienzo de año tiene ya muchos números marcados en el calendario con citas en los juzgados. Estos son los principales casos.
Caso Begoña Gómez
La mujer del presidente del Gobierno está siendo investigada en los juzgados de Plaza Castilla por el juez Juan Carlos Peinado. Se le imputan cuatro delitos: tráfico de influencias, malversación, intrusismo laboral y apropiación indebida. En el caso hay tres imputados más: su compañero de máster, Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache y Juan José Güemes, director del Instituto de Empresa.
El juez Peinado indaga en varios aspectos de la vida laboral de la mujer del presidente. Por un lado, investiga si hubo un trato de favor hacia Gómez por parte de la Universidad Complutense y el Instituto de Empresa. Si le concedieron puestos de trabajo por el mero hecho de ser la esposa del jefe del Ejecutivo. Además, intenta aclarar si firmó unas cartas de recomendación para que su compañero de máster, el empresario Barrabés, consiguiera dinero público para su empresa Red.es. También está bajo la lupa de Peinado cómo consiguió financiación para la Cátedra que codirigía en la Complutense y si intentó adueñarse de un software que tres empresas privadas desarrollaron para el curso que impartía. Por último, investiga si pudo ejercer funciones dentro de la universidad pública que excedían sus competencias.
En el futuro próximo, Peinado decidirá si termina imputando a la asesora de Moncloa que ejercía de asistente de Begoña Gómez y que pedía dinero a empresas privadas para su Cátedra. A finales de diciembre, Cristina Álvarez, declaró como testigo y aseguró que los correos electrónicos solicitando esa financiación los realizó como “un favor de amiga”.
Peinado también recibirá la nueva información sobre el estado y el número de cuentas bancarias que posee Gómez. Esta información ya la remitió el Punto Neutro judicial, pero de forma incompleta e insinuando que la mujer de Sánchez apenas tenía 40 euros.
Por último, el juez tendrá que resolver también el recurso de la Fiscalía por la imputación de Güemes, el director del Instituto de Empresa que contrató a Gómez para dirigir el África Center. El ministerio público no encontró indicios de delito para abrirle una investigación y se quejó al juez de que durante su instrucción acostumbra a tomar declaración a testigos que acaban saliendo del juzgado como imputado.
Caso Koldo García
Este caso es el que más complejo para el Gobierno. En él están imputados casi una treintena de personas, entre los que se encuentra el triángulo principal de la trama: el empresario Víctor de Aldama, el ex ministro de Transportes, José Luis Ábalos y su entonces asesor, Koldo García Izaguirre. Presuntamente, la trama funcionaba de la siguiente forma. Koldo García ponía en contacto a Aldama y a distintitos empresarios con encargados de las administraciones públicas dentro y fuera del ministerio. Por estas gestiones, supuestamente, cobraban comisiones ilegales.
Todo esto con el beneplácito, en teoría, de Ábalos quien también habría obtenido beneficios personales de la trama como disfrutar de un chalé en Cádiz o el alquiler de un piso en el centro de Madrid para Jésica, su pareja. Principalmente, está bajo la lupa del juez Leopoldo Puente la compra de material sanitario que el ministerio de transportes realizó a la empresa principal de la trama Soluciones y Gestión. Compañía que también vendió mascarillas al gobierno Balear y canario presididos por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y el actual ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres.
En el futuro próximo, se espera que el Congreso de los Diputados vote el suplicatorio de Ábalos para que el juez pueda investigarlo. También que se levante el secreto de la pieza separada que se ha abierto para que la Fiscalía y Aldama tengan acceso a su móvil y todos los mensajes que, según el conseguidor de la trama, contienen pruebas que incriminan a Ábalos, Koldo, Torres, el número dos del PSOE, Santos Cerdán y el jefe de Gabinete de la vicepresidenta, María Jesús Montero. La Fiscalía también tiene que decidir si admite a trámite la denuncia presentada por Ábalos en la que advierte al Ministerio Público que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habría empezado a investigarlo antes de que se vote el suplicatorio en el Congreso de los diputados. Algo que de ser así sería ilegal por su aforamiento.
Caso fiscal general
Este 2024 nos deja un hito, el primer fiscal general de la historia imputado por el Tribunal Supremo por un presunto delito de revelación de secretos. En el caso está imputada también la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez. Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso se declaró culpable de delitos fiscales por sus negocios durante la pandemia en la compraventa de material sanitario. Intentó a través de su abogado, Carlos Neira, llegar a un acuerdo con la Fiscalía a través de correos electrónicos que se acabaron filtrando a la prensa. Pero esas comunicaciones se filtraron tergiversadas haciendo parecer que la Fiscalía era la que ofrecía un acuerdo de conformidad a González Amador, cuando fue a la inversa. Parece ser que el equipo de la presidenta de la Comunidad de Madrid liderado por Miguel Ángel Rodríguez fue quien promovió que se difundiera esta información incompleta.
Por ello, el ministerio Público se afanó en aclarar que había sido al revés y emitió una nota de prensa. González Amador denunció a la Fiscalía porque consideró que se había revelado información sensible sobre él. El caso ha ido creciendo hasta llegar al Supremo con la apertura de una investigación al jefe supremo de la fiscalía, García Ortiz. El juez Ángel Hurtado no ve delitos en la publicación de la nota de prensa porque hubo medios que publicaron la información correcta antes de la emisión de la circular. Pero sí quiere saber quién fue el filtrador de esa información previa a la nota de prensa.
El caso ya tiene víctimas políticas. Juan Lobato el ex líder del PSOE madrileño dimitió porque confesó que llevó su móvil a un notario para dejar constancia de sus conversaciones de Whatsapp con Pilar Sánchez Acera, jefa de gabinete de Óscar López, ministro de Transición Digital, quien incitó a Lobato a usar en la Asamblea contra Ayuso la información de su pareja, antes de que fuera publicada en prensa. Hecho que siembra las dudas de si en Moncloa se supo esa información antes de que fuera publicada en los medios. Es decir, se podría pensar que fue la fiscalía quién filtró directamente a Moncloa esos datos.
Para deshacer todo este embrollo, el juez Ángel Hurtado ha llamado a declarar el próximo 8 y 9 de enero al jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez y a los periodistas que tuvieron en su poder la información correcta de González Amador antes de la publicación de la nota de prensa. También ha llamado a declarar a más personal de la Fiscalía para que aclare como fueron las comunicaciones con el fiscal general los días de la filtración ya que la UCO encontró cero mensajes en el móvil de García Ortiz en ese periodo de tiempo. Por ello, el juez Ángel Hurtado también ha pedido el listado de SIMS y dispositivos móviles que la UCO intervino porque se sospecha que el fiscal general usó otro móvil no incautado los días de la filtración.
Caso hermano Pedro Sánchez
El hermano del presidente del Gobierno también afronta una investigación penal por presuntos delitos de tráfico de influencias, malversación y prevaricación. La instrucción la lleva la jueza Beatriz Biedma a raíz de una denuncia impulsada por Manos Limpias en los juzgados de Badajoz y están bajo la lupa varios aspectos de la vida profesional de David Sánchez Pérez Castejón, alias David Azagra. Por un lado, si el puesto que ocupa en la Diputación de Badajoz fue creado ad hoc para él por ser hermano del presidente del Gobierno. Si tiene la residencia en Portugal para pagar menos impuestos, si hubo un incremento patrimonial ilícito y si no cumple las funciones del puesto de coordinador de conservatorios que ocupa. Por ello, hay nueve personas de la Diputación investigadas en el caso, entre ellos, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo.
En principio, ni la UCO ni la Agencia Tributaria han encontrado ningún indicio de delito fiscal en su patrimonio, ni en su residencia. Eso sí, siembra dudas sobre la creación del puesto que ocupa. Por eso, la jueza Beatriz Biedma ha solicitado más información a la Diputación sobre las características del cargo. También ha llamado a declarar el 9 de enero al hermano del presidente Sánchez. Una imputación en la que discrepa la Fiscalía y el abogado de Sánchez porque consideran que la investigación no concreta ni indicios ni delitos.